Los accidentes ferroviarios y las dimisiones en la cúpula de Transportes han situado inesperadamente la red de alta velocidad, y de rebote, Rodalies, entre los asuntos que marcarán la campaña de las elecciones españolas del 29-N, pasando por delante de la inmigración o la seguridad, dos cuestiones que el PP y Vox habían logrado situar en primera línea de la agenda política. La seguridad del servicio de alta velocidad, el mantenimiento de las vías, el funcionamiento de Adif y Renfe y el deterioro de Rodalies han abierto un debate que va más allá de depurar responsabilidades por los siniestros: también cuestiona el modelo ferroviario del Estado y la distribución de las inversiones entre los diferentes servicios.
La renuncia de Óscar Puente al Ministerio de Transportes y la salida del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, no han cerrado la discusión sobre las causas de los accidentes ni sobre las reformas que necesita el sistema. De hecho, los partidos que concurren en Cataluña llegan a la cita electoral con planteamientos bastante diferentes. Mientras el PP reclama auditorías y responsabilidades al gobierno español, el PSC defiende las inversiones en marcha; ERC y Frente Amplio cuestionan las prioridades que han favorecido la expansión de la alta velocidad, Junts reclama el traspaso integral de la gestión ferroviaria y Alhora quiere prescindir de Renfe. Vox, por su parte, pone el foco en la corrupción y en la responsabilidad de las administraciones.
PP: auditoría independiente y plan de emergencia
Los populares reclaman una investigación de los accidentes, que se asuman responsabilidades políticas y técnicas y que se revise el estado de toda la red ferroviaria, no solo de los tramos donde se han producido los siniestros. El partido ha concretado cinco medidas para recuperar la confianza en el sistema: una revisión técnica independiente de las infraestructuras, el refuerzo de los departamentos de seguridad de Adif y Renfe y un plan de emergencia centrado en la conservación y el mantenimiento. También reclama más transparencia sobre el estado de las vías y los protocolos de circulación. Un eventual gobierno del PP impulsaría una auditoría del Estado para aclarar qué ha pasado e identificar las carencias acumuladas. Su programa electoral también defiende priorizar el mantenimiento y la prevención de accidentes, así como renovar progresivamente las redes de Rodalies y Cercanías, comenzando por las líneas con más incidencias.
PSC: defender las inversiones y recuperar la fiabilidad
El PSC defiende la continuidad de las inversiones impulsadas por el gobierno español y sitúa la renovación de la flota y las actuaciones sobre la infraestructura como instrumentos para recuperar la fiabilidad del servicio. Los socialistas admiten que Rodalies no ofrece el nivel de calidad que necesita Cataluña, pero sostienen que hay un cambio de tendencia en el gasto público y en la ejecución de proyectos. Los socialistas reivindican la llegada de 110 trenes nuevos y la existencia de 150 proyectos de inversión en la red de Rodalies, al tiempo que alaban los compromisos inversores del Estado y señalan los recortes de los gobiernos de Mariano Rajoy como uno de los antecedentes del deterioro ferroviario.
En el debate sobre la alta velocidad, el PSC no plantea abandonar su expansión ni renunciar a las conexiones estratégicas, sino compatibilizarlas con la mejora de Rodalies. Su posición pasa por mantener el modelo actual, reforzar las inversiones y recuperar la confianza de los usuarios sin plantear una reforma estructural de Adif y Renfe.
ERC: más mantenimiento, control catalán y seguridad del AVE
ERC sitúa la responsabilidad de la crisis ferroviaria en las decisiones acumuladas de los gobiernos del PP y del PSOE. Los republicanos denuncian que los ejecutivos han priorizado durante años la inauguración de nuevas líneas de alta velocidad por encima de la conservación de las infraestructuras existentes, una política que ha contribuido al deterioro de la red convencional de Rodalies. El programa electoral republicano concreta esta posición con tres grandes líneas de actuación. La primera es culminar el traspaso integral de Rodalies a la Generalitat, incluyendo vías, estaciones, instalaciones y recursos. La segunda es descentralizar progresivamente las funciones de conservación y mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias, y la tercera, reforzar la seguridad de la alta velocidad, exigiendo a Adif un mantenimiento preventivo adecuado, inspecciones periódicas, renovaciones y las inversiones necesarias.
ERC no cuestiona la existencia del AVE, pero sí reclama que la seguridad y el mantenimiento de las líneas tengan un peso mucho más importante en las decisiones inversoras. También quiere establecer mecanismos de control y rendición de cuentas sobre la actividad de Adif y Renfe mientras no se complete el traspaso.
Junts: vías, trenes y recursos bajo control de la Generalitat
Junts defiende que la crisis ferroviaria es consecuencia de décadas de centralización, infrafinanciación y mala gestión de los gobiernos españoles, tanto del PP como del PSOE. La formación considera que la dimisión de los responsables políticos no resuelve el problema de fondo si no se modifica la estructura de gestión de las infraestructuras. La principal reivindicación es el traspaso integral de Renfe a Cataluña, pero con una transferencia que vaya más allá de la operativa de los trenes, de manera que la Generalitat asuma también las vías, las estaciones, los recursos económicos y los medios necesarios para gestionar el sistema.
Junts también ha reclamado responsabilidades por el accidente de Gelida de enero y ha llevado a la esfera judicial las posibles negligencias relacionadas con el mantenimiento y la seguridad. En este sentido, Junts quiere que se investiguen las actuaciones de Renfe y Adif y considera que el modelo ferroviario actual no garantiza un servicio fiable en Cataluña.
Frente Amplio: reunificar Renfe y Adif y revertir externalizaciones
Frente Amplio plantea una reforma estructural del sistema ferroviario estatal, con un pacto de estado para recuperar la confianza ciudadana en el tren y garantizar que sea un servicio público seguro, sostenible y accesible. La iniciativa parte de la idea de que los accidentes no se pueden abordar solo con dimisiones, sino que hay que revisar la organización y el funcionamiento de toda la red. La propuesta más significativa es reunificar Renfe y Adif en un único gran operador público, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la circulación de los trenes y la gestión de las infraestructuras. La candidatura también reclama una auditoría independiente de toda la red ferroviaria, un incremento de la inversión en personal y mantenimiento y la reversión de las externalizaciones de servicios esenciales, especialmente los relacionados con la conservación de las vías.
Frente Amplio cuestiona, además, la distribución del gasto entre la alta velocidad y los servicios cotidianos, y propone destinar a Rodalies los 1.333 millones de euros previstos para reducir aún más el tiempo de trayecto del AVE entre Barcelona y Madrid. También reclama que los recursos destinados a ampliar infraestructuras aeroportuarias se dirijan a reforzar el ferrocarril. A diferencia de ERC y Junts, que sitúan el traspaso de competencias a Cataluña en el centro de sus propuestas, Frente Amplio prioriza una transformación de la estructura ferroviaria estatal.
Alhora: echar a Renfe y crear una operadora catalana
Alhora defiende una ruptura con el modelo ferroviario estatal más profunda que el traspaso de competencias. La formación considera insuficiente el modelo de empresa mixta pactado entre la Generalitat y el Estado para gestionar Rodalies, porque Renfe continúa teniendo la mayoría de la propiedad. Su propuesta más concreta es la iniciativa legislativa popular (ILP) Fora Renfe, registrada en el Parlamento el 4 de noviembre. El texto plantea modificar la ley ferroviaria para que la Generalitat solo pueda adjudicar los servicios de Rodalies y regionales a un operador público de titularidad íntegramente catalana, con un mínimo del 80% del consejo de administración bajo control de la Generalitat.
La candidatura defiende que Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) podría asumir progresivamente la operativa de Rodalies, sin que observe impedimentos técnicos ni logísticos para hacerlo. También rechaza que la empresa mixta Rodalies de Catalunya represente un traspaso real, porque Renfe conserva el 50,1% de la propiedad. La propuesta de Alhora se centra principalmente en Rodalies y los servicios regionales, más que en una alternativa concreta para la alta velocidad, y en todo caso, vincula el control ferroviario con la soberanía de las infraestructuras y la capacidad de Cataluña de gestionarlas sin dependencia del Estado.
Vox: auditoría de la red y denuncia de la corrupción
Vox centra sus críticas en la responsabilidad del gobierno español y en las sospechas de corrupción vinculadas al Ministerio de Transportes, acusando al ejecutivo de Pedro Sánchez de negligencia. El partido vincula el deterioro de las infraestructuras con la falta de inversión y la gestión de los recursos públicos. El programa electoral de Vox incorpora una auditoría de la red ferroviaria y un plan nacional de infraestructuras, con especial atención a la modernización de los servicios de Rodalies, media distancia y las líneas convencionales. También defiende que las inversiones prioricen la seguridad y la fiabilidad del servicio. Su propuesta, sin embargo, no plantea una transferencia de la gestión ferroviaria a Cataluña ni una reforma específica del modelo de Adif y Renfe.
Las diferencias entre las candidaturas no se limitan a la manera de repartir responsabilidades por los accidentes. También afectan el modelo de gobernanza de las infraestructuras y las prioridades de la política ferroviaria. La campaña del 29-N tendrá que confrontar dos cuestiones que han quedado estrechamente vinculadas tras los accidentes y las dimisiones: quién debe responder por el funcionamiento del sistema ferroviario y qué modelo debe garantizar que los trenes circulen con seguridad y calidad.
