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El aeropuerto de Barcelona el 29-N, una disputa entre competitividad, territorio y poder

El aeropuerto de Barcelona-El Prat es una de las grandes pruebas de contraste entre los modelos económicos y territoriales que compiten en estas elecciones del 29-N. La discusión va mucho más allá de alargar una pista o construir una nueva terminal: pone sobre la mesa qué crecimiento necesita la economía catalana, qué papel debe tener Barcelona en las conexiones internacionales, qué impacto ambiental y territorial es asumible y, sobre todo, quién debe decidir el futuro de una de las infraestructuras más estratégicas del país. El proyecto de ampliación impulsado por el gobierno de Salvador Illa y el ejecutivo español de Pedro Sánchez cuenta con el apoyo del PSC, Junts, PP y Vox, mientras que ERC, los Comuns y la CUP se oponen.

El punto de partida es un aeropuerto que ha superado sus registros históricos de tráfico. El Prat cerró el 2025 con 57,5 millones de pasajeros, una cifra superior a la capacidad teórica de 55 millones para la cual está dimensionada actualmente la infraestructura. El récord alimenta los argumentos de los partidarios de la ampliación, que alertan del riesgo de que Barcelona pierda oportunidades de conexión internacional si no aumenta la capacidad aeroportuaria. Pero también refuerza las advertencias de los contrarios al proyecto, que ven en este crecimiento una presión añadida sobre el territorio, el medioambiente y el modelo turístico.

El acuerdo anunciado en junio del 2025 entre el Ministerio de Transportes, la Generalitat y Aena recuperó el proyecto de ampliación con una inversión global aproximada de 3.200 millones de euros. La propuesta incluye alargar 500 metros la tercera pista, la situada más cerca del mar, hasta los 3.160 metros, construir una nueva terminal satélite conectada con la T1 y desplegar las actuaciones necesarias para aumentar la capacidad del aeropuerto y facilitar la llegada de vuelos de largo radio. El objetivo político y económico es reforzar el papel de Barcelona como centro de conexiones intercontinentales, una aspiración que el PSC y el gobierno español sitúan entre las prioridades estratégicas del país.

La promesa de un hub intercontinental es, de hecho, el argumento central de los partidarios de la ampliación. Disponer de una pista más larga y de una terminal con más capacidad permitiría operar aviones de largo radio con menos restricciones y abrir la puerta a nuevas conexiones con América, Asia y otros mercados internacionales. Para este bloque, el aeropuerto es una infraestructura esencial para la actividad empresarial, el turismo, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Su tesis es que Cataluña no puede aspirar a competir entre las grandes economías europeas si no dispone de una infraestructura aeroportuaria a la altura de su actividad económica.

Un avión despega desde la tercera pista del aeropuerto del Prat / Aena
Un avión despega desde la tercera pista del aeropuerto del Prat / Aena

Ahora bien, una ampliación física no garantiza por sí sola la creación de un hub. Para que Barcelona se convierta en un centro de conexiones intercontinentales, también es necesario que las compañías aéreas establezcan una base de operaciones, que haya una oferta suficiente de vuelos de largo recorrido y que las conexiones entre vuelos sean competitivas. La infraestructura puede eliminar limitaciones, pero no asegura que las aerolíneas decidan concentrar allí operaciones. Este es uno de los puntos que introduce matices en el debate sobre la rentabilidad económica y estratégica de la obra.

El bloque político favorable: crecimiento y competitividad

El PSC ha convertido la ampliación en una de sus principales apuestas en materia de infraestructuras. El acuerdo de la Generalitat con Aena y el gobierno español representa el compromiso más concreto con este objetivo, aunque la ejecución del proyecto continúa condicionada a la planificación aeroportuaria y a los requisitos ambientales.

Junts también ha apoyado la ampliación y ha votado con el PSC, el PP y Vox en las iniciativas parlamentarias que han rechazado las propuestas contrarias al proyecto. Su posición, sin embargo, incorpora una reivindicación que lo diferencia de los otros partidos favorables: el traspaso de la gestión del aeropuerto y una participación decisiva de las instituciones catalanas en las decisiones estratégicas. La formación considera que Cataluña debe tener más capacidad para determinar el modelo de la infraestructura y su relación con el resto de aeropuertos del país.

Este apoyo no implica, sin embargo, una coincidencia absoluta con la estrategia del gobierno. Junts ha introducido matices sobre la manera de aumentar la capacidad operativa del Prat y ha defendido que antes de alargar la tercera pista, se deben explorar las posibilidades de modificar la operativa de las pistas existentes. En este caso, los independentistas combinan el apoyo al crecimiento del aeropuerto con la exigencia de un cambio en la gobernanza y con una discusión sobre el orden de las actuaciones.

El PP catalán ha defendido abiertamente la ampliación y ha reclamado que el proyecto sea lo suficientemente ambicioso para situar a Barcelona entre los grandes centros de conexiones internacionales. Ahora bien, los populares argumentan que la ampliación debe estar al servicio del liderazgo económico de Cataluña y no de los «manejos» políticos del gobierno de Illa y sus socios. También alerta que si Barcelona no aprovecha la oportunidad, otras ciudades —con Madrid como referencia recurrente— pueden ganar posiciones en la competencia por captar conexiones y actividad económica.

Colas en los mostradores de facturación del aeropuerto del Prat. Autor: Nazaret Romero / ACN

Vox es igualmente partidario de ampliar El Prat y presenta la operación como una necesidad económica. Define la ampliación como una «necesidad para los catalanes», y responsabiliza a la Generalitat de los retrasos en la ampliación.

Las votaciones institucionales han confirmado esta mayoría favorable a la ampliación. En febrero del 2025, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una iniciativa del PP para comprometer la ciudad con el incremento de la capacidad del aeropuerto, con los votos del PSC, Junts, PP y Vox y el rechazo de ERC y los Comuns. En el Parlamento, en junio y julio del 2025, las iniciativas que reclamaban oponerse al proyecto también fueron rechazadas por los grupos favorables a la ampliación. La fotografía política es clara, aunque las formaciones que lo apoyan no compartan necesariamente el mismo modelo de gestión ni la misma estrategia operativa.

ERC y Frente Amplio: crecimiento sin alargar la pista

Al otro lado del debate, ERC, los Comuns y la CUP -que no se presenta a las elecciones españolas- rechazan el alargamiento de la tercera pista y advierten que el proyecto pone en riesgo espacios naturales protegidos y consolida un modelo de crecimiento que consideran insostenible. La Ricarda, una laguna del Delta del Llobregat integrada en la Red Natura 2000, es el principal punto de conflicto ambiental. El alargamiento de la pista afectaría este entorno, y las medidas compensatorias planteadas por Aena y las administraciones no han convencido a las organizaciones ecologistas ni a los municipios que se oponen a la obra.

Los Comuns, que se presentan al 29-N con la coalición española Frente Amplio, sitúan el rechazo a la ampliación en una crítica más amplia al modelo económico que, a su juicio, prioriza el crecimiento del turismo y del tráfico aéreo por encima de los límites ambientales y de la calidad de vida. La formación advierte que aumentar la capacidad aeroportuaria puede intensificar la presión turística sobre Barcelona y su área metropolitana, en un contexto de tensión en el acceso a la vivienda y de debate sobre la capacidad del territorio para absorber más actividad.

Cabecera de una manifestación contra la ampliación del aeropuerto del Prat por el centro de Barcelona. Autor: Marc Font / ACN

ERC también rechaza alargar la pista, pero pone más énfasis en la gestión y en las alternativas operativas. La formación defiende que Cataluña debe disponer de una autoridad aeroportuaria propia y tener capacidad de decisión sobre El Prat y el conjunto del sistema aeroportuario catalán. Su propuesta pasa por mejorar la operativa de las pistas existentes, optimizar su uso y reducir las limitaciones actuales sin invadir la Ricarda. También reivindica una gestión coordinada de los aeropuertos de Barcelona, Girona, Reus y Sabadell, con el objetivo de distribuir mejor los flujos de pasajeros y aprovechar las capacidades de cada infraestructura. La formación republicana considera que el debate no debe limitarse a decidir si se amplía o no El Prat, sino que debe abordar quién gobierna el sistema y cómo se organiza el conjunto de las infraestructuras.

Al mismo tiempo, también se opone a la ampliación del Aeropuerto, al considerar que este proyecto perpetúa un modelo económico basado en el turismo de masas y la precariedad laboral. En su programa, el partido vincula el rechazo a la ampliación con la necesidad de proteger los espacios naturales del delta del Llobregat, impulsar la transición ecológica y avanzar hacia una economía centrada en la innovación, la industria y el conocimiento. También cuestiona el control estatal de las infraestructuras catalanas a través de Aena y defiende que Cataluña debe tener plena soberanía y capacidad de gestión sobre sus puertos y aeropuertos.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su intervención / David Zorrakino / Europa Press

Un proyecto atascado en los plazos y los requisitos ambientales

Más allá de las posiciones de los partidos, la ampliación aún debe superar obstáculos importantes. La proximidad de la Ricarda y la protección europea del Delta del Llobregat obligan a acreditar que el proyecto cumple los requisitos ambientales y que las medidas compensatorias son suficientes. La Comisión Europea deberá valorar las afectaciones sobre un espacio incluido en la Red Natura 2000, un trámite que condiciona el calendario y que no se resuelve con el acuerdo político entre la Generalitat, el Ministerio y Aena.

El debate electoral no confronta solo dos visiones sobre una infraestructura. También obliga a los partidos a responder si el futuro económico de Cataluña pasa por aumentar la capacidad de una de sus principales puertas de entrada internacionales o por limitar el crecimiento de la aviación y redistribuir las inversiones hacia otros modos de transporte. Y, en paralelo, si las decisiones sobre una infraestructura de este peso deben continuar concentradas en Aena y el Estado o deben pasar a manos de un sistema de gobernanza con más capacidad de decisión de las instituciones catalanas.

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