El exconsejero de Cultura, Lluís Puig, regresará a su ciudad, Terrassa, esta noche después de nueve años de exilio. Lo hará con un gesto simbólico. Se personará a las 7:30 de la tarde en el encuentro diario de Cants de Llibertat que, en apoyo a los represaliados del Procés, se celebra frente al ayuntamiento de la ciudad. La decisión de Puig llega después de haber estado nueve años exiliado en Bruselas y los últimos años en la Catalunya Nord, donde se ha dedicado a continuar su labor como diputado en el Parlamento, aunque telemáticamente, a reconstruir las redes culturales y políticas con los norte-catalanes y, sobre todo, a restaurar la casa Macià de Prats de Molló que se ha convertido en un lugar de peregrinaje independentista.
Puig puede regresar sin riesgos, a priori, porque el juez instructor de la causa del Procés, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha retirado de manera definitiva las órdenes de detención que tenía activadas desde su marcha al exilio. A pesar de ello, Puig todavía no ha sido amnistiado y, por lo tanto, su causa amnistiada. En principio, solo sería cuestión de horas que Llarena archive la causa después de que la sala penal del Tribunal Supremo, órgano al que cedió la decisión sobre la aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la malversación amnistiable, resolviera este martes aplicar la ley del olvido penal a los condenados por el Procés por este delito.
Puig, el GOIP
De hecho, Puig ha sido un elemento clave en la defensa del exilio. A raíz de las cuestiones prejudiciales que Llarena presentó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entró en escena un nuevo protagonista, el GOPI. El acrónimo de Grupo Objetivamente Identificable de Personas que ha servido para construir una nueva línea de defensa contra la represión española a los catalanes. Además, aquella sentencia evitó la extradición y la retirada definitiva de las órdenes de detención internacionales contra los miembros del exilio. Puig durante estos años fue juzgado por las pinturas de Sixena, por un delito de desobediencia, pero fue absuelto por la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), presidida entonces por Jesús Maria Barrientos, un magistrado poco amigo de las veleidades independentistas.
