Jorge Español, abogado del Ayuntamiento de Vilanova de Sixena, siempre se queda con hambre. Tanto es así, que se permite registrar un escrito ante la poderosa sala penal del Tribunal Supremo para que se ponga las pilas con su recurso contra la absolución del exconsejero de Cultura, Lluís Puig. El abogado presentó el uno de abril del 2025 un recurso de casación contra la sentencia de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el caso que supuso el último juicio presidido por el magistrado Jesús María Barrientos. La sala había absuelto a Puig del cargo de desobediencia del cual le habían acusado por, supuestamente, haber dilatado expresamente el traslado de las obras de Sixena que se encontraban en el Museo de Lleida y en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). El tribunal no vio delito en el comportamiento de Puig durante el verano del 2017, cuando aún era consejero de Cultura, antes de marcharse al exilio.
El ministerio fiscal también interpuso un recurso, pero quien ha perdido la paciencia ha sido Español. Un año después de haber presentado el recurso, el pasado 16 de abril, el abogado de Sixena hizo llegar al Supremo un escrito que clamaba al cielo contra los magistrados porque aún no lo habían admitido a trámite oficialmente. De hecho, el abogado carga contra los magistrados, a quienes acusa de poco menos que vulnerar sus derechos fundamentales incluidos en la tutela judicial efectiva y, de paso, señala que han entrado en fase de dilaciones indebidas del procedimiento. En este sentido, les reprende por haber dictado solo una diligencia de comunicación del recurso y no haber oficializado la admisión. Por eso, les espeta con un «sin más demora, es necesario que se dicte la resolución de admisión del recurso».
«Vista pública obligatoria»
El escrito del abogado, al que ha tenido acceso El Món, es breve y no permite muchas concesiones interpretativas. En este sentido, aporta jurisprudencia seleccionada tanto del Supremo como del Tribunal Constitucional para argumentar la necesidad de acelerar el recurso de casación, porque la sentencia del TSJC no tiene segunda instancia y, en el caso de Sixena, tiene un evidente «interés casacional». «No se protege un proceso de las dilaciones indebidas con una diligencia de ordenación dictada el 29 de diciembre de 2025», defiende el letrado.
«El tiempo pasa inexorablemente», alerta el abogado con cierto acento poético, «y aún no se ha dictado la resolución de admisión a trámite aunque el litigio no es complejo», ya que es un «simple delito de desobediencia». Y vuelve a acusar a la defensa de Lluís Puig, dirigida por Jaume Alonso-Cuevillas, de tener una conducta procesal «de clara obstrucción». En todo caso, el abogado reclama además que el recurso no duerma más el sueño de los justos y que el Supremo no solo oficialice su tramitación sino que, además, ordene celebrar una vista pública para dirimir el recurso «sin ninguna más dilación».
