Los datos oficiales evidencian que las ciberestafas se han convertido en una amenaza patrimonial de primer orden en Cataluña. Entre el año 2024 y agosto de 2026, según el Gobierno, el fraude digital acumula un perjuicio económico de casi 490 millones de euros y ha afectado a más de 200.000 personas. Solo en los primeros ocho meses del año 2026, el impacto económico de estos delitos ha alcanzado los 103 millones de euros. Con una media de 220 denuncias diarias y más de 53.000 hechos registrados hasta agosto de este año, las estafas en línea ya representan el segundo delito más denunciado en todo el país, solo por detrás de los hurtos.
Las cifras oficiales difundidas este martes por el ejecutivo de Salvador Illa dibujan un perfil amplio de las víctimas. Del total de más de 200.000 personas afectadas en el período 2024-2026, un 51% son hombres y un 49% son mujeres. La franja de edad donde se concentra una incidencia más elevada se sitúa entre los 31 y los 64 años. No obstante, el colectivo de personas mayores de 65 años continúa siendo el más vulnerable frente a determinadas modalidades complejas como falsas inversiones, las tácticas del «falso familiar» o la suplantación de entidades bancarias.
Entre las prácticas más habituales destacan las estafas en transacciones –compras, alquileres y falsas inversiones–, los cargos en línea de origen desconocido en las tarjetas, la suplantación de identidad –como la del falso directivo o falsas ofertas de trabajo– y la captación de datos a través de mensajería fraudulenta. Uno de los grandes retos que se ha propuesto el Gobierno es aflorar la «cifra oculta» de delitos, es decir, todas aquellas estafas que la ciudadanía no llega a denunciar por vergüenza o desconocimiento de los canales adecuados.
Una Comisaría Virtual para denunciar ciberestafas
Para combatir la complejidad delictiva, el Gobierno ha aprobado este martes el Plan estratégico contra las ciberestafas 2026-2028, una respuesta integral que busca coordinar la seguridad policial y la protección tecnológica para frenar el impacto de un fenómeno en constante expansión. El plan analiza la evolución de los grupos criminales, que hacen un uso intensivo de herramientas tecnológicas avanzadas y técnicas de ingeniería social para engañar a la ciudadanía.
Además, el cuerpo de Mossos d’Esquadra ha desplegado la Unidad Central de Ciberestafas e Investigación Tecnológica (UCCIT) y el Grupo de Ciberinteligencia. Desde su puesta en marcha el pasado 1 de enero, la unidad tiene abiertas 28 investigaciones y ha conseguido bloquear casi 2,8 millones de euros, de los cuales se han recuperado 1,25 millones.
Asimismo, a partir de noviembre de 2026 entrará en funcionamiento la nueva Comisaría Virtual, una sede electrónica que permitirá tramitar denuncias en línea por ciberestafas y medios de pago para facilitar el proceso a las víctimas. Por su parte, la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña aporta un asistente de IA accesible por web y WhatsApp para ayudar a los ciudadanos a verificar si son víctimas de un fraude.
Coordinación con bancos, operadoras y plataformas
El plan estratégico refuerza el intercambio de información entre la Agencia de Ciberseguridad y los Mossos d’Esquadra, pero extiende la colaboración al sector privado con transmisión de información con entidades bancarias, operadoras de telefonía móvil y plataformas de compraventa. A partir del segundo semestre de 2027 se creará una comisión transversal con las entidades bancarias para analizar los modus operandi y se pondrá en marcha un grupo de trabajo con las operadoras de telefonía móvil en el marco del protocolo Telcocat. La gobernanza de la nueva estrategia se estructurará en tres niveles: una mesa estratégica liderada por el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, y la consejera de Interior, Núria Parlon, una mesa táctica de coordinación y una mesa operativa encargada de ejecutar las acciones y analizar los indicadores de actividad.
