El Gobierno asegura que está «plenamente comprometido» con la presencia normalizada del catalán en el espacio público y, de manera específica, en la red viaria de Cataluña, pero también detalla que la señalización bilingüe está permitida para advertir de situaciones de peligro. Así lo ha dicho la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en una respuesta por escrito a una pregunta de Esquerra Republicana que reclamaba explicaciones al Gobierno sobre la instalación de señalización exclusivamente en castellano en carreteras de titularidad estatal de la red viaria del país.
Paneque recuerda que la normativa vigente respecto a la rotulación de las vías de circulación establece que la única forma oficial de los topónimos es la catalana –la aranesa, en el caso de Aran– y que el idioma de las indicaciones es el catalán, pero explica que «solo se recurre a fórmulas bilingües en las indicaciones cuando hay peligro para la seguridad vial». Esta respuesta es calcada de una que ofreció anteriormente el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, cuando Junts le pidió explicaciones por esta misma incidencia en la red viaria. De hecho, los dos consejeros también remarcan en sus respectivas respuestas que, «en los casos de incumplimiento de la normativa en este terreno como los que menciona la pregunta y que se habían detectado hacía unas semanas, el Gobierno activa los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento».
Ja s’estan esmenant els rètols incorrectes que s’havien instal·lat en diverses vies de circulació per adequar-los als criteris vigents. pic.twitter.com/C6z06kuXWl
— Política Lingüística (@llenguacatalana) March 6, 2026
Revisión de la red y corrección de errores en la AP-7
Ante la detección de algunos rótulos que incumplían la normativa, la consejera de Territorio, como ya hizo anteriormente Vila, explica que el Departamento de Política Lingüística se puso en contacto con el de Territorio para solicitar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la revisión de las señalizaciones en la red estatal. Como resultado de estas gestiones, la Dirección General de Carreteras del Estado está llevando a cabo un proceso de revisión y ya ha comenzado a corregir diferentes irregularidades, como la corrección de errores de acentuación en los topónimos de Barberà y Montornès en la autopista AP-7, así como la sustitución de varios rótulos indicativos. «Los departamentos de Política Lingüística y de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica velarán para que esta adecuación a la normativa se concluya tan pronto como sea posible», aseguran Paneque y Vila en sus respuestas.
La CUP denuncia que la sustitución de los rótulos en catalán vulnera la legislación estatal
La CUP sostiene que la retirada o modificación de rótulos en catalán –como el cambio de «Alacant» por «Alicante» o la eliminación de acentos en topónimos como «Montornès»– no solo choca con la normativa lingüística y de carreteras catalana, sino que incumple directamente el mismo Real decreto estatal 465/2025. Esta norma estatal fija que las indicaciones deben figurar en castellano y en la lengua oficial de la comunidad autónoma, reservando el uso exclusivo del castellano solo cuando sea estrictamente necesario para la identificación. Dado que en Cataluña la denominación oficial de los topónimos es la catalana, el grupo parlamentario considera que se está haciendo una aplicación incorrecta y contraria a la literalidad del reglamento de circulación.
Ante esta situación, la formación ha trasladado una batería de preguntas al Gobierno para conocer el alcance real de la problemática y las medidas tomadas. La CUP quiere saber cuántas incidencias se han detectado en los últimos doce meses –tanto en carreteras estatales como de la Generalitat– y qué gestiones concretas ha hecho el Departamento de Política Lingüística ante el Ministerio de Transportes. Asimismo, exigen datos sobre cuántos rótulos se han corregido, si la red de carreteras de la Generalitat cumple al 100% la Ley de carreteras catalana y si el ejecutivo catalán prevé emprender acciones formales o recursos administrativos contra el Estado para exigir el respeto a la toponimia oficial.
