Tras un año de la interposición de una querella por varios delitos contra Aitor Navarro, concejal de Vox en Santa Coloma de Gramenet, la titular del Tribunal de Instrucción número 6 de Santa Coloma de Gramenet ha decidido admitirla a trámite y citarlo como investigado el próximo 17 de noviembre. Unas diligencias que fueron instadas por hasta seis entidades defensoras de los derechos civiles y sociales como son SOS RACISME Catalunya, Centre d’Acolliment de Santa Coloma, Ca la Sisqueta Gramenet, Espai Gramenet, Papers i drets per tothom y Ningú sense llar Gramenet.
La querella, de 17 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, la firma un letrado veterano de las causas que afectan los derechos humanos como es David Aranda, de Arrels Advocats. El escrito aporta una gran cantidad de pruebas documentales y videográficas para sostener una acusación por una posible comisión de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales del artículo 510 del Código Penal -un delito de odio- así como un delito de revelación de secretos del artículo 197.2 y .3 del Código Penal, en la modalidad de acceso inconsentido a bases de datos de carácter personal.
Una campaña contra la inmigración, el inicio
Los hechos que sustentan la querella se inician en el mes de noviembre del año 2024, cuando la agrupación local del partido político Vox en Santa Coloma de Gramenet, encabezada y representada por Aitor Navarro, se dedicó a repartir folletos y pegar carteles. Unos elementos con mensajes que advertían a los vecinos que había un reparto de personas en situación administrativa irregular y que, por ello, era necesario extremar la precaución en la zona, equiparando inmigración con falta de seguridad.
El lema de esta cartelada era ¡Extreme la precaución en esta zona! Partido Popular y Partido Socialista están repartiendo ilegales aquí. Posteriormente, difundió esta campaña en las redes sociales. La campaña no quedó en rótulos y carteles. Paralelamente, Navarro compartía desde su perfil público en redes sociales vídeos en los que difundía, según la querella, «contenido de carácter racista y xenófobo, con contenido falaz tendente a incitar al odio hacia la población migrante».
En sus mensajes, el querellado insistía en mensajes falsos como que los migrantes «reciben más oportunidades y recursos económicos que las personas autóctonas y que la ciudad se estaba ”islamizando”, y equiparaba “inmigración con delincuencia». Incluso, el escrito subraya una intervención en el pleno municipal donde aseguró que los menores no acompañados no eran menores y que “eran personas en edad militar”. Una expresión que para las entidades querellantes «ponía en el punto de mira a niños, como si representaran un peligro social». Además, accedió a la base de datos municipal y a través de vídeos leyó los nombres de las personas beneficiarias que él consideraba extranjeras. Todo esto, según la querella, «con la intención de insistir en la idea de que los recursos públicos son acaparados por personas migrantes, avivando el fuego de la desconfianza entre la ciudadanía». De hecho, terminó compartiendo el documento de la lista de perceptores de ayudas públicas en la red.
«Patrón comunicativo deliberado»
Para los querellantes, los hechos expuestos evidencian «un patrón comunicativo deliberado y sostenido por parte de Navarro, que «consiste en vincular colectivos migrantes, especialmente personas en situación administrativa irregular, menores no acompañados y personas de confesión musulmana con conceptos como delincuencia, inseguridad, fraude, e incluso islamización del espacio público».
Unas manifestaciones que, destaca la querella, «se vehiculan mediante panfletos, vídeos y publicaciones en redes sociales, e incorporan expresiones explícitas como ‘Solo queda Vox para devolver el orden o Tu seguridad, nuestra prioridad’, vinculadas con mensajes negativos relacionados con la inmigración, que contribuyen a identificar a estas personas como una amenaza social y cultural, incitando al odio y la discriminación hacia estos grupos». Las entidades que han impulsado la querella se muestran satisfechas por la incoación del procedimiento y esperan que hechos como los que protagoniza Navarro no queden «impunes».
