El propietario de la casa de Macià –la Casa Vallmanya, un bien cultural de interés nacional (BCIN) en la categoría de lugares históricos– propuso a la Generalitat en septiembre de 2025 hacer una permuta de la casa por otros terrenos en Almacelles –propiedad del Incasòl– porque, según dijo, no tenía liquidez para afrontar las obras de preservación y mantenimiento del histórico inmueble donde Francesc Macià pasó largas temporadas gracias a su esposa, Eugènia Lamarca, que la heredó de su padre, el arquitecto Agapit Lamarca. Esta información ha trascendido después de que la Generalitat rechazara el recurso del propietario en el segundo requerimiento de la administración para realizar las obras subsidiarias para asegurar la preservación del inmueble.
Los detalles de esta petición que la propiedad trasladó a la Generalitat quedan recogidos en la respuesta que la Generalitat ha dado al portavoz de la Plataforma Salvem Cal Macià, Ferran Dalmau, para rechazar el requerimiento de inactividad presentado contra la administración por no actuar para conservar la casa del Avi en Alcarràs. El documento, al cual ha tenido acceso El Món, recoge todos los hechos destacados que se han producido a lo largo de este litigio y en el punto quinto subraya que «el 18 de septiembre de 2025 la propiedad respondió al requerimiento anterior informando que no tenía liquidez para hacer las obras de preservación y mantenimiento de la Casa Vallmanya».
«Solicita que se acepte una permuta de la Casa por otros polígonos y parcelas del municipio de Almacelles», añade el documento oficial, que también subraya que la propiedad pidió a la Generalitat un compromiso de «no denunciar ni reclamar ninguna actuación propia de la actividad agrícola y/o ganadera». Esta es la respuesta que dio la propiedad a la primera orden de la Generalitat para apuntalar la casa, que se emitió en julio de 2025 y ya entonces advertía al propietario que, en caso de no cumplimiento, se iniciaría el expediente de ejecución subsidiaria. Asimismo, la Generalitat dio tres meses a la propiedad para presentar el proyecto ejecutivo de intervención de la casa principal y sus anexos. Pero, pasado el plazo establecido, la propiedad no presentó ningún documento ante la Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Lleida.
Un estado de degradación estructural grave
En medio de este tira y afloja entre la administración y el propietario, la Dirección General del Patrimonio Cultural emitió el pasado 27 de marzo un informe técnico que describe un escenario alarmante para la integridad del espacio. El histórico inmueble presenta un «grave estado de conservación y degradación, fruto de un abandono constante a lo largo de muchos años». En este sentido, remarca que el descuido por parte de la propiedad en la conservación del inmueble «ha provocado el colapso estructural de gran parte de los elementos interiores que aún se mantenían en pie», así como importantes «derrumbes en las cubiertas del edificio principal y en uno de los anexos». «También se observaron zonas con una pérdida de material significativo», sentencia.
Para evitar que la estructura colapse por completo y garantizar unos mínimos de estabilidad y seguridad, los servicios de arquitectura de la Generalitat fijaron un listado de medidas de contención de extrema urgencia. Entre estas intervenciones se encuentran el cierre perimetral del complejo, el apuntalamiento de los forjados y de las cubiertas, el cosido de grietas mediante la inyección de mortero líquido de cal y la instalación de una cubierta provisional de lona tensada para frenar las filtraciones de agua. En total, según los cálculos que aporta la Generalitat en el documento, la obra de apuntalamiento –sin tener en cuenta honorarios, dirección de obra y la licencia municipal– costaría unos 121.000 euros, IVA incluido.
Vía libre a la ejecución subsidiaria
Ante la inacción de la propiedad y el vencimiento de los plazos legales para presentar el proyecto ejecutivo de intervención y el alarmante estado de conservación del único inmueble que queda en pie en Cataluña del presidente Francesc Macià, el director general del Patrimonio Cultural dictó una resolución el pasado 30 de marzo de 2026 por la cual se ordena ejecutar las obras de manera subsidiaria. Esto implica que será la Administración quien asumirá inicialmente la gestión y la ejecución del apuntalamiento, aunque repercutirá posteriormente todos los costos económicos directamente a la propiedad.
El dueño intentó frenar esta orden por vía administrativa y el pasado 4 de mayo interpuso un recurso de alzada contra la resolución de ejecución subsidiaria. Un recurso que, como ya explicó este diario esta semana, la consejera de Cultura, Sònia Hernández, rechazó el pasado 10 de junio. A raíz de esto, la Generalitat ya está tramitando la petición de acceso a la finca para ejecutar las obras y, asimismo, se está tramitando el expediente administrativo del contrato menor para la redacción del proyecto de intervención de las obras de preservación y dirección de las obras.
