El propietario de Cal Macià –la Casa Vallmanya, un bien cultural de interés nacional (BCIN) en la categoría de lugares históricos– se niega a preservar el único inmueble que queda en pie en Cataluña del presidente Francesc Macià. Después de que se agotara el plazo de un mes que estableció la consejería para que el dueño iniciara el trabajo para drenar el deterioro de la casa –la casa de Alcarràs donde el Avi pasó largas temporadas gracias a su esposa, Eugènia Lamarca, que la heredó de su padre, el arquitecto Agapit Lamarca–, fuentes del departamento de Cultura han explicado a El Món que la Generalitat recibió ayer, 5 de mayo, un recurso interpuesto por la propiedad del inmueble contra la notificación de la Orden de Ejecución Subsidiaria de las obras de consolidación y preservación del inmueble. Las mismas fuentes indican que el recurso está en manos de la asesoría jurídica, que lo está analizando.
El incumplimiento de la orden abre la puerta a que la Generalitat solicite autorización judicial para entrar en la finca y llevar a cabo las obras de preservación de forma subsidiaria. Es decir, a cargo de la propiedad, pero el recurso presentado por el actual dueño de la casa deja en suspenso esta opción hasta que no se resuelva el recurso. En medio de este litigio se encuentra la Plataforma Salvem Cal Macià, que considera «innecesario» el segundo requerimiento enviado por el Departamento de Cultura a la propiedad porque ya se envió uno hace dos años y medio por el Ayuntamiento de Alcarràs «redactado en los mismos términos que este». Fuentes de la plataforma han detallado a este diario que el «riesgo inminente» de derrumbe del inmueble permite actuar unilateralmente a la administración.
Asimismo, creen que la propiedad, con el recurso que ha presentado, quiere «entorpecer el proceso, ralentizarlo y hacerlo eterno» y reclama a la Generalitat que «actúe con determinación». «La Generalitat lo que debe hacer es no caer de cuatro patas en la trampa y debe proceder a la ejecución de las obras de apuntalamiento de la casa de manera urgente, ante el peligro de derrumbe inminente del inmueble», ha reclamado, y ha remarcado que la Ley de Patrimonio Cultural Catalán avala esta actuación y «marca el camino de la actuación que debe seguir la Generalitat». Concretamente, el artículo 67.2 establece que «en caso de peligro inminente para el inmueble, la administración competente puede ejecutar las obras imprescindibles para salvaguardar el bien sin necesidad de requerimiento previo». «Así, pues, el recurso del propietario a un requerimiento no necesario, es completamente superfluo e inocuo», concluye.
Silencio de Cultura con la Plataforma Salvem Cal Macià
Por otro lado, fuentes de la Plataforma Salvem Cal Macià lamentan en declaraciones a este diario que el Departamento de Cultura rechaza desde hace cuatro meses celebrar una reunión con ellos. «Hace prácticamente cuatro meses que la Generalitat no se quiere reunir con nosotros, y mucho menos compartir la documentación que elabora al respecto y mucho menos establecer una estrategia común para salvar la casa», dicen, y lamentan que «está cerrada en banda y no nos quiere explicar los pasos que tiene previsto dar». Cultura, por su parte, y preguntada por este diario no ha querido pronunciarse al respecto, pero el hecho es que la entidad ha enviado correos electrónicos a la Dirección General de Patrimonio para intentar celebrar un encuentro entre las dos partes después de una reunión telemática que se hizo al inicio de la legislatura.
En los correos, la plataforma muestra su predisposición para mantener un encuentro y tiene interés en conocer las actuaciones que se han realizado desde la declaración del inmueble como BCIN el 8 de julio de 2025 y las actuaciones que tiene previstas realizar Cultura sobre el inmueble. «La Generalitat está cerrada en banda, aislada, y ni siquiera nos aporta o nos presenta la documentación o nos enseña la documentación que haya podido elaborar al respecto», lamentan las fuentes de Salvem Cal Macià consultadas por este diario. Cabe recordar también que, a causa de una denuncia presentada por la entidad, la Fiscalía de Lleida investiga si el Ayuntamiento de Alcarràs y Cultura han permitido el deterioro del inmueble.
