La entidad de defensa jurídica de la minoría nacional catalana, Acció Cassandra, ha conseguido material para alimentar su personación en la causa penal abierta por el siniestro de Gelida, después de que el juzgado la tuviera por comparecida y parte y le impusiera una fianza de 8.000 euros para sostener la acción penal. Una querella que se dirigió contra los responsables técnicos y directivos de Adif y Renfe, contra las mismas personas jurídicas y contra cargos políticos responsables de la financiación y la supervisión del sistema ferroviario. Todo esto por posibles delitos de homicidio imprudente, lesiones imprudentes graves y delito contra la seguridad colectiva.
Ahora, Cassandra ha recibido una misiva, del responsable de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea, Joachim Luecking, en respuesta a dos cartas enviadas por la entidad el 20 de febrero y el 31 de marzo de este año, sobre la «situación crítica de Rodalies de Cataluña«. Unas cartas en las que pedía aclarar quiénes son los responsables institucionales, políticos y de gestión de las infraestructuras necesarias y qué papel juegan los fondos europeos en su funcionamiento y mantenimiento. La respuesta, curiosamente, comienza con una disculpa por el retraso en la respuesta. Y avisa que desde Bruselas están “siguiendo de cerca la situación de la red española”.
Además, deja claro que en cuanto a la seguridad ferroviaria, el marco jurídico establecido por la Directiva (UE) 2016/798 señala que la responsabilidad principal de garantizar unas operaciones ferroviarias seguras corresponde a los estados -ámbito nacional, en lenguaje de la Comisión Europea. De hecho, asegura que «corresponde a los Estados velar para que la seguridad ferroviaria se mantenga y, siempre que sea razonable y posible, se mejore de manera continuada, teniendo en cuenta la evolución del derecho de la Unión, así como el progreso técnico y científico». Un argumento que Cassandra interpreta como un claro «posicionamiento que sitúa de manera clara al Reino de España como responsable último del cumplimiento del derecho europeo en materia de Rodalies, y que la Comisión, al contestar por escrito, ha dejado constancia oficial del caso en Bruselas y en Madrid».
«Una confirmación»
Desde Acció Cassandra consideran que el documento de la comisión apuntala su ofensiva judicial en el caso de Rodalies y que «les da una victoria parcial». «Refuerza la corrección jurídica y política de lo que la asociación está haciendo tanto en el Estado español como en las instituciones europeas», asegura la entidad después de recibir la carta. Según su criterio, «la misma Comisión afirma que las deficiencias de seguridad, mantenimiento, gestión de incidentes o insuficiencia del sistema de gestión de la seguridad deben perseguirse principalmente ante las autoridades españolas competentes».
«Esto confirma que la vía iniciada por Acció Cassandra ante el Juzgado de Vilafranca del Penedès es plenamente coherente con el marco europeo», subraya la entidad en un comunicado donde glosa el contenido de la respuesta europea. «La carta de la Comisión Europea no exime a nadie: al contrario, identifica el nivel estatal y gestor como núcleo de responsabilidad, y esto encaja exactamente con la tesis que Acció Cassandra sostiene desde el primer momento», insiste la entidad jurídica que coordinan los abogados Josep Rosell y Lluís Gibert.
Ahora, Acció Cassandra pedirá una ampliación de respuesta para aclarar qué cantidad de fondos europeos ha recibido exactamente la línea de Rodalies en Cataluña, porque los datos aportados en la respuesta son generales para todo el conjunto del Estado, unos 880 millones de euros. También aportará la respuesta a la causa penal para argumentar la responsabilidad de la seguridad de la red a Adif y Renfe. También se aportará el documento a la Defensora del Pueblo Europea y a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para pedir «una intervención más contundente de la Comisión, incluido el eventual inicio de un procedimiento de infracción» contra las dos empresas públicas.
