Nuevo caso de infiltración de un agente de la Policía Nacional en los movimientos sociales, esta vez en Valencia. El semanario
Es el tercer caso de infiltración que destapa el semanario. El mes de junio del 2020, otro agente de la Policía Nacional se infiltró en movimientos sociales de la izquierda independentista y de defensa de la vivienda de Barcelona. Poco después otro agente infiltrado utilizó a varias mujeres con quienes mantenía relaciones sexoafectives para obtener información del activismo de base en la capital catalana.
La investigación revela la identidad del agente infiltrado
En el caso del topo valenciano, el medio ha acreditado su identidad a través de un perito especializado que confirma que, «sin ningún género de dudas», el agente y el joven Ramón Martínez Hernández que participaba de diferentes movimientos asamblearios en Valencia son la misma persona. El agente, nacido en el Baix Llobregat, se graduó en la escuela de la Policía Nacional de Ávila y meses después se infiltró en la asamblea de Benimaclet.
La pandemia obligó a parar las reuniones presenciales del movimiento, pero el agente continuó recogiendo información a través de un grupo de Telegram. Una vez se relajaron las restricciones de la Covid-19, el agente volvió a pisar la calle y entró en varias entidades que lo llevaron a ser un miembro activo del movimiento antifascista de Valencia. La publicación del caso del primer infiltrado en Barcelona despertó las sospechas de algunos compañeros, que vieron muchas similitudes entre los dos: personas reservadas, con un pasado poco claro y una hiperactividad militante.
Pero ya era tarde. Ramón Martínez se marchó de Valencia de manera repentina el septiembre del 2021 e intercambió algunos mensajes hasta el verano del 2022, pero su entorno más próximo le había perdido la pista. Después de una larga investigación, ya se sabe qué pasó con él.
Interior declara «secreta» la actividad de los agentes infiltrados
Antes de que se supiera el nuevo caso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha movido para proteger la actividad de sus agentes infiltrados en movimientos independentistas y las ha declarado materia secreta. Interior considera que los movimientos de base catalanes son «objetivos singularizados» sobre los cuales tienen «sospechas fundadas que pueden estar relacionados con ilícitos penales», por lo cual queda justificado que no se dé información pública sobre la actividad de los agentes infiltrados. Queda por ver cuál será la reacción del gobierno español en el caso de Valencia.
