La responsabilidad es del Gobierno. Esta es la conclusión final y genérica de la auditoría interna encargada por Plataforma Educativa, que integra las entidades involucradas en el caso DGAIA, como la Fundació Resilis y la Fundació Mercè Fontanilles. El informe final, firmado por Judilex, una consultora experta en cumplimiento normativo (compliance) responde a una comunicación recibida por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) sobre las irregularidades denunciadas por un trabajador de estas entidades que tienen delegados los servicios con jóvenes tutelados y extutelados de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia en la demarcación de las comarcas de Girona. Un denunciante que, por otro lado, tiene la protección legal de denunciante de corrupción que puede otorgar la Oficina Antifraude, que investiga el caso.
La auditoría, de diez páginas y a la que ha tenido acceso El Món, fue entregada al Parlamento por la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, el pasado 10 de diciembre, como respuesta a una petición de información de Vox. Cabe decir que el instructor de la auditoría es un exmagistrado de la Audiencia de Barcelona. Según el informe, la responsabilidad del cobro indebido de prestaciones por parte de jóvenes tutelados o extutelados es una responsabilidad «únicamente» del Gobierno, que es quien tiene el poder para «conceder, suspender o cancelar» los pagos, y niega que haya censura en los informes para continuar cobrando el servicio que «insinúa el denunciante».
Ahora bien, el informe sí refleja el desorden en el control de las prestaciones y la falta de comunicación entre los beneficiarios de las prestaciones, las entidades que gestionan la tutela o el acompañamiento del extutelado y la administración de la Generalitat de Catalunya. En todo caso, niega una «posible gestión fraudulenta» de los recursos públicos y alega que el hecho de que los jóvenes cobren o no las prestaciones es «irrelevante» para las entidades. Sí propone cambiar los protocolos para informar mejor de las condiciones y los deberes que supone cobrar una prestación de estas características. En resumen, aunque el informe muestra el caos en el control de las prestaciones, las fundaciones investigadas se quitan las pulgas de encima y apuntan a la responsabilidad de la administración. De hecho, el informe deja entrever que ninguna de las partes implicadas hizo el trabajo como correspondía, pero defiende que esto no ha beneficiado a ninguna de las entidades y afirma que no ha conllevado sanción para los beneficiarios, que solo han tenido que devolver parte del dinero.
Petición de la Oficina Antifraude
La auditoría interna se produce a raíz de una petición de la oficina Antifraude de septiembre de 2024, «con relación a una posible gestión fraudulenta de unas subvenciones y ayudas públicas» por parte del SEVAP de Girona, acrónimo del Servicio de Valoración y Seguimiento de las Personas Jóvenes Extuteladas que son beneficiarias de prestaciones económicas. Un servicio gestionado por la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Resilis. El origen de la comunicación de la OAC es en una denuncia de un trabajador del mismo servicio, actualmente acogido a las medidas de protección previstas para alertadores en estos casos.
En este marco, Plataforma Educativa decidió ordenar una «investigación interna» a través de su comité de cumplimiento normativo. El objetivo era «comprobar la veracidad y exactitud de los hechos denunciados y analizar las posibles fallas en los protocolos y sistemas de control interno y proponer medidas correctoras». El informe detalla que el instructor de la investigación solicitó a Antifraude poder entrevistarse con el denunciante, y que la OAC no puso ningún inconveniente, aunque no se pudo celebrar el encuentro porque el denunciante se encuentra en situación de baja laboral sin fecha de reincorporación. Por este motivo se prescindió de la entrevista «sin perjuicio de que el denunciado pudiera ser escuchado más adelante y ampliar el informe».
Dos servicios, dos denuncias
El informe contextualiza los dos servicios denunciados. En resumen, es el Servicio de Promoción de la Autonomía y Emancipación, (SPAE), de Resilis, y el servicio de SEVAP de Girona, así como las posibles interrelaciones entre los dos servicios. Por un lado, está el SPAE, que se dedica a proporcionar a los jóvenes tutelados en pisos asistidos donde técnicos de la entidad los acompañan para «potenciar su proceso de autonomía personal». Es, pues, una gestión delegada, por parte de la Fundació Resilis, de los pisos asistidos. Por estas funciones, la entidad percibe una retribución oficial a partir de unos módulos determinados por ley.
El informe se preocupa de dejar claro que es la Generalitat quien «resuelve sobre la asignación de estas ayudas a los jóvenes y que los asigna a los pisos asistidos». De hecho, la auditoría pone negro sobre blanco que «hay un técnico de la administración encargado de la tramitación y el seguimiento permanente de la situación personal de cada uno de los jóvenes». El auditor sentencia que «el seguimiento de las prestaciones económicas otorgadas a los jóvenes que se encuentran en un piso asistido corresponde a los técnicos de la administración encargados de cada expediente».
Ahora bien, el mismo auditor no se olvida de aportar un detalle nada menor, como es que «son las personas técnicas educadoras -personal de las entidades- y que trabajan de forma directa con estos jóvenes quienes tienen un conocimiento de cada uno». Es decir, «las que saben si están o no trabajando y las que deben informar a los técnicos de la administración de los posibles cambios en la situación económica de los jóvenes«, para decidir si deben continuar percibiendo la prestación y si se debe modificar la cantidad, o bien si debe haber copago de la vivienda por parte del joven cuando comienza a tener un trabajo remunerado.
Las entidades no tienen interés en mantener una situación irregular, según el auditor
La investigación interna también señala que las prestaciones económicas de los jóvenes «no afectan económicamente a la entidad». Así, ejemplifican que, si alguno de los jóvenes debe efectuar un copago por estar en un piso, Resilis debería cobrarle el importe de este copago y el resto debería facturarlo al departamento de Derechos Sociales. En caso contrario, «la entidad seguirá percibiendo los mismos ingresos por cada joven usuario de estos pisos».
Esto significa que, sea como sea, la entidad no gana ni pierde aunque la situación cambie, no le afecta si no es la administración la que paga la cantidad establecida, porque o bien cobra de la Generalitat o del joven que usa el servicio. Por lo tanto, a criterio del auditor, «puede afirmarse que no se detecta ninguna posible situación con relación a estas prestaciones que de forma directa o indirecta pueda beneficiar a Resilis». En consecuencia, el autor del informe descarta que «la entidad o sus miembros hayan podido actuar como insinúa la denuncia», ya que considera que no obtendrían ningún beneficio ni tienen motivo para actuar de esta manera, amparando un fraude.
El SEVAP de Girona
En cuanto al SEVAP de Girona, que acompaña a los jóvenes que han dejado los pisos tutelados, «la UTE de las dos fundaciones percibe una prestación pública y determinada absolutamente independiente del contenido y las decisiones tomadas». Es decir, según enfatiza el informe, «la retribución de este servicio en ningún caso está de forma directa o indirecta vinculada a la emisión de informes que valoren o no la necesidad de extinguir las prestaciones que perciben los jóvenes extutelados beneficiarios del servicio».
En todo caso, los técnicos de las entidades «emiten informes valorativos sobre las posibles concesiones o extinciones de las prestaciones, de acuerdo con la información de que disponen». Ahora bien, subraya el instructor que «la resolución final la emite el organismo correspondiente de la Generalitat de Catalunya». De esta manera, los técnicos solo elaboran estos informes con el «conocimiento sobre la situación concreta de cada joven» y cualquier cosa que detecten debe remitirse a la Generalitat, que es quien toma la decisión final.
«De las investigaciones realizadas no ha surgido ningún elemento del cual se pueda inferir una actuación irregular o ilegal, y mucho menos penalmente relevante, por parte de las personas técnicas y responsables del servicio del SEVAP de Girona», afirma la auditoría. En el mismo sentido, asegura que las investigaciones «han permitido comprobar que no existe ningún motivo económico -ni de ningún tipo- por el cual la entidad y sus trabajadores pudieran colaborar en la obtención supuestamente fraudulenta de prestaciones por parte de los jóvenes extutelados». Es más, aseveran que «se ha podido comprobar que el servicio se llevó a cabo de forma profesional y ajustada a la normativa aplicable».
La auditoría niega que se censuraran informes, pero admite que se hicieron «modificaciones»
En definitiva, el informe concluye que, «contrariamente a lo expresado en la denuncia, no se ha acreditado ninguna situación de malversación o de cualquier otra conducta ilegal o contraria a la ética exigida a los integrantes de Plataforma Educativa». Por ello hacen constar que «no puede obviarse que la concesión, suspensión o revocación de estas prestaciones es una decisión que solo la puede tomar el área correspondiente del Departamento de Derechos Sociales, sin que ni la Fundació Resilis ni la Fundació Mercè Fontanilles puedan intervenir». «Cualquier decisión en este ámbito está plenamente validada por los responsables de la administración de la Generalitat de Catalunya», concluye la instrucción.
En cualquier caso, el auditor no puede ocultar la evidencia de que ha habido cobros indebidos. Pero asegura, todo cubriendo las entidades que le han encargado el informe, que estos cobros «no se acredita que sean debido a un engaño y mal asesoramiento de los profesionales de los servicios, sino porque las personas afectadas no habían comunicado adecuadamente su situación económica».
En esta línea, la auditoría descarta que haya habido «censura» en los informes de técnicos de las entidades, que es lo que denuncia el testigo protegido. Pero sí reconoce que se hicieron «modificaciones» sobre «aspectos formales y justificados en la innecesaria consignación de los antecedentes del caso por no ser útiles ni pertinentes para la naturaleza del informe. Así, remarca que las «modificaciones» no tenían ningún efecto porque no pretendían «enmendar la decisión del técnico». «En ningún caso se procedió en el sentido que apunta o insinúa el denunciante», que mantiene que se modificaban los informes para poder mantener prestaciones indebidamente.
A pesar de esta defensa, en la parte final el informe recomienda cambiar el protocolo y consultar con un «fiscalista» para elaborar un «decálogo claro y detallado» sobre los derechos y obligaciones que conlleva percibir estas prestaciones.
