El desorden entre enero y junio de Rodalies en Cataluña, además del costo social y desconcierto para la ciudadanía, los viajeros y por el servicio así como por su reputación, también ha pasado factura económica. Así lo admite la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en una respuesta parlamentaria sobre los costos derivados de la última crisis de Rodalies formulada por el grupo parlamentario de la CUP, a través de su diputado Dani Cornellà. En concreto, y siguiendo los números de la consejera Paneque, el desorden por la suspensión del servicio, la puesta en marcha de servicios alternativos y la gratuidad a través de abonos gratuitos a los usuarios ha supuesto 46,3 millones de euros.
La respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso El Món, indica que el costo total global derivado de las «medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio público de transporte hasta el 15 de marzo asciende a 14,3 millones de euros«. En concreto, este importe incluye «el conjunto de actuaciones relativas a los servicios de autobús interurbano competencia de la Dirección General de Transportes y Movilidad, el refuerzo del servicio de autobuses de la Autoridad Metropolitana de Barcelona (AMB), el dispositivo de informadores y el refuerzo del servicio de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC). De hecho, el servicio de Renfebus hizo pensar a la compañía en crear su propia agencia de autobuses.
Abonos gratuitos
A este costo, hay que añadir el dejado de ingresar a raíz de la decisión de ordenar la gratuidad del servicio de Rodalies de Cataluña durante la crisis. De hecho, la gratuidad se alargó hasta el mes de mayo. Es decir, el servicio de abonos gratuitos para los usuarios que continuaban utilizando el servicio a pesar del desorden generalizado de horarios y circulación. Según Paneque, esta gratuidad ha supuesto un costo aproximado de 32 millones de euros para Renfe. La consejera también asegura que, finalmente, «no consta que se haya movilizado recurso extraordinario alguno por parte de personal técnico del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) ni de la Dirección General de Infraestructuras y Movilidad.
En su pregunta, la CUP reclamaba «la cuantificación de los costos de los servicios alternativos por carretera de Rodalies, refuerzos de líneas regulares de bus interurbano titularidad de la Generalitat y de servicios de FGC, déficit por el mes de gratuidad en los servicios de Rodalies, recursos de la Generalitat movilizados extraordinariamente (técnicos ICGC, de la DGIM, etc.), los formadores contratados por la Generalitat -102 puestos, según la información facilitada el 25 de enero de 2026- y levantamiento de barreras del peaje de la C-32 en el Garraf.
