El Senado ha dado luz verde a la nueva ley del aborto, que elimina la obligación del permiso paterno para abortar a partir de los 16 años o en las mujeres con discapacidad. Esta ley ha sido muy controvertida, especialmente desde que Castilla y León propuso un protocolo para obligar a las mujeres que quieren abortar a escuchar el latido del corazón del feto y ver una ecografía en 4D. Precisamente por eso, la ley tendrá que volver a pasar por el Congreso al haberse modificado en el Senado, donde el PSOE y Más País han introducido una modificación anti protocolos como el de Castilla y León. El nuevo apartado que se ha aprobado en el Senado establece que las administraciones públicas competentes «velarán para evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar la formación de su voluntad», lo que en la práctica es una enmienda contra las intenciones de esta comunidad autónoma.
En Castilla y León, PP y Vox diseñaron un protocolo fuertemente criticado. De hecho, levantó tanta polvareda que el gobierno español incluso insinuó un 155 en esta comunidad para evitar la aplicación de esta norma. Finalmente la presión social y política consiguió que las autoridades castellanoleonesas rectificaran. Aun así, para evitar nuevos intentos, los grupos parlamentarios del Senado han aprobado este apartado para garantizar que cualquier administración pública «garantice el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo en los términos de esta ley».
Las contradicciones del PP
En la comisión de Igualdad para debatir esta modificación, todos los grupos incluido el PP votaron a favor de la enmienda, que finalmente se ha incorporado este miércoles en el texto final. A pesar de votar afirmativamente a esta modificación, los populares han votado en contra del conjunto de la ley, que ha salido adelante de todos modos gracias a los votos del PSOE y de sus socios habituales de coalición. La luz verde ha llegado gracias a los 146 votos a favor, 110 en contra y seis abstenciones que ha cosechado.
