Era uno de los proyectos estrella de la Dirección General de la Policía. De hecho, cumplía una de las antiguas reclamaciones de las unidades de orden público de los Mossos d’Esquadra, la famosa Brigada Móvil (Brimo) y las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO): equiparar el material de las dos unidades policiales. Pero un «error de cálculo» ha obligado a hacer una nueva licitación para comprar cascos para los agentes de orden público y máscaras antigás, porque los responsables de la compra han hecho corto y no hay por todos los efectivos, sobre todo de las tallas más grandes. En concreto, faltan 250. Igual que de máscaras antigás, tal como afirma la Memoria Justificativa de la licitación, que firma Eusebi del Olmo, subdirector general de Administración y Servicios, y a la cual ha tenido acceso El Món.
El error ha obligado el departamento de Interior a hacer deprisa y corriendo una nueva licitación con un presupuesto de 511. 225 euros. Todo ello con una licitación de procedimiento abierto, armonizado, específico de los contratos de sector público en los ámbitos de la defensa y la seguridad. Un sistema que permite comprar la partida adicional al fabricante que ya se llevó el primer contrato, que puede asumir un precio de venta de cada casco de 1.470 euros, IVA incluido. Una curiosidad es que el pliego de prescripciones técnicas obliga la empresa suministradora a elaborar un «tríptico explicativo en catalán de cómo funciona el casco». Los documentos de la licitación también destacan que en 2024 se prevé un aumento de efectivos de Brimo y ARRO.
«No sé cómo lo contamos… ¡Nos faltan cascos!»
«No sé como lo contamos… ¡Nos faltan!», comentan a este diario fuentes de Interior, que ahora tienen que ampliar el pedido de cascos. Una situación que se admite en la memoria justificativa de la nueva licitación. Según este documento, en 2021 se inició la compra de 1.300 cascos de orden público de altas prestaciones, con protección de mentón, y 800 máscaras antigás. Unos cascos que protegían los agentes en las «intervenciones de alta complejidad». Los cascos no podían superar los dos kilos y medio de peso y tenían que ser resistentes a los impactos, al fuego, a la penetración, a los disolventes e incluso a la radiación ultravioleta. También tenían que llevar serigrafiado el escudo de los Mossos d’Esquadra y tenía que quedar espacio por el NOP, es decir, el Número Operativo Policial, que identifica los agentes en estas actuaciones.
El suministro de estos cascos permitió cumplir con tres de los objetivos del pedido. Primero, «homogeneizar» el material de protección por las unidades antidisturbios. En segundo término, «actualizar y sustituir el material obsoleto que ha agotado su vida útil» y, en último lugar, «mejorar la eficacia y eficiencia logística». Ahora bien, el mismo documento admite que «en el momento de la sustitución de los elementos y material caducado se ha detectado un error en el cálculo de las necesidades reales de cascos y máscaras», sobre todo en la especialidad de orden público. Un hecho que implicó «un déficit importante de tallas de los cascos del rango inferior». En definitiva, que al almacén de los Mossos d’Esquadra «solo se dispone de un stock muy limitado de las dos tallas superiores».
Más cascos y más caros… y más antidisturbios
Atendido el documento, «se hace necesario adquirir 250 cascos de orden público con las correspondientes máscaras antigás para lograr la sustitución del material obsoleto». «Para cubrir el déficit de tallas se hace necesario disponer de un 10% de los cascos de la talla 46-52 y un 90% de la talla 53-56 de las 250 unidades que se tienen que adquirir», recalculan de nuevo. Un error de previsión que ha encarecido de manera notable el precio. Así, la primera licitación de 2021, el precio total se ensartó a 1.356.875 euros –a un precio de 1.043,75 euros la unidad–, ahora el precio de licitación, con IVA incluido, suma 1.470,75 euros la unidad. Con un presupuesto base de licitación de 367.537,50 euros.
Ahora bien, el problema no solo son los cascos, sino que también hay que añadir las máscaras antigás que se tienen que incorporar. El 2021 se adquirieron por un precio de 445 euros por unidad, y ahora la licitación se ensarta a 475 euros, dos precios con el IVA excluido. Por lo tanto, el error de cálculo costará 511.225 euros, IVA incluido. Pero, a este importe hay que añadir una prórroga de un año, porque la misma Memoria Justificativa subraya que se producirá un «posible incremento de efectivos de orden público». Y, en consecuencia, el valor estimado del contrato se duplica porque este incremento de agentes antidisturbios sería, según planteamiento, de 200 entre las unidades Brimo y ARRO, y habrá que tener presentes los recambios.
