La consejera de Salud, Olga Pané, ha eludido la pregunta de Esquerra Republicana sobre la denuncia presentada por Acció Cassandra contra una doctora del Hospital de Granollers por delito de odio, por un caso de discriminación lingüística, en la atención a una joven víctima de agresión química en la fiesta mayor de Cardedeu. Pané ha evitado contestar si el departamento tiene conocimiento de la denuncia interpuesta por la entidad fundada por los abogados Josep Rosell y Lluís Gibert y, además, ha pasado de puntillas sobre las medidas que ha tomado para investigar internamente los hechos denunciados.
A pesar de que las dos preguntas formuladas por el diputado republicano Juli Fernàndez son muy concretas, Olga Pané se ha limitado a decir que el Departamento de Salud conoce los hechos y está haciendo «seguimiento» del caso a través de los «mecanismos ordinarios de supervisión y en coordinación con la entidad proveedora», con el objetivo de «conocer las circunstancias de los hechos y velar por el respeto de los derechos lingüísticos». La consejera no dice nada más sobre el caso de Granollers, y recalca que el catalán es la «lengua de uso habitual» y que los profesionales de la salud tienen «el deber de atender a los pacientes con el máximo respeto a sus derechos lingüísticos».
La consejera aprovecha la respuesta para enumerar una serie de medidas para impulsar el catalán en el ámbito sanitario. En este sentido, destaca el proyecto de acogida que el Departamento de Salud pone a disposición de los profesionales recién llegados para «favorecer el conocimiento de la lengua y cultura catalana con el fin de mejorar y garantizar la comunicación y la calidad asistencial proporcionada» y también explica que se está trabajando «activamente» en el Plan de gestión lingüística, que incorpora la figura del referente lingüístico. Además, también detalla que, en colaboración con el Departamento de Política Lingüística, han puesto en marcha la tercera edición del programa formativo «Prescríbete el catalán», una iniciativa destinada a los profesionales del sistema sanitario público para «reforzar el conocimiento y el uso del catalán en el ámbito asistencial y garantizar una atención sanitaria de calidad, segura y respetuosa con los derechos lingüísticos de la ciudadanía».
«Si no me habla en español no la atenderé»
Los hechos se remontan al pasado 18 de agosto cuando una joven y su padre se vieron obligados a cambiar al castellano para conseguir un informe médico después de que la chica se presentó en urgencias con síntomas de un presunto caso de sumisión química en la fiesta mayor de Cardedeu. La afectada comenzó a explicar en catalán a la doctora lo que le había sucedido, pero la profesional sanitaria la interrumpió para exigirle que le hablara en castellano: “Si no me habla en español no la atenderé“. La paciente y su padre cedieron a la exigencia de la doctora porque necesitaban el informe médico para, posteriormente, presentarlo a los Mossos d’Esquadra para interponer una denuncia.
Acció Cassandra, que también lleva la defensa de otros casos como el de la Clínica Diagonal, considera que estos hechos van más allá de una vulneración de derechos fundamentales y remarcan que el comportamiento de la doctora fue «humillante y vejatorio» en un momento de «vulnerabilidad extrema» para la paciente. Ante los hechos, la entidad jurídica presentó una denuncia en los juzgados de guardia de Granollers por delito de odio por discriminación lingüística y trato vejatorio, y subrayaron que la acusación se podía extender al centro hospitalario por responsabilidad penal corporativa.
