Las quejas por discriminación lingüística que se producen en diferentes ámbitos del día a día de los hablantes del catalán, como el sanitario –con casos como los del Hospital Universitari Dexeus, el Hospital Universitari Sagrat Cor y la Clínica Diagonal– o el consumo –como los de dos multinacionales francesas–, se incrementan año tras año. Uno de los indicadores son los casos que se ponen en conocimiento de Plataforma per la Llengua, que han crecido casi un 500% entre los años 2016 y 2023. Es decir, han pasado de gestionar 395 casos a 2.328 en siete años. Otro indicador, más reciente, es el informe del Observatorio de las Discriminaciones de Barcelona 2024 –que curiosamente se presentó en un acto marcado por el gag catalanófobo que se representó–, en el que se han contabilizado 190 quejas lingüísticas presentadas en esta oficina municipal en solo un año. Esto representa un incremento del 50% respecto al año 2023 y casi todas las discriminaciones lingüísticas que sufren los ciudadanos de Barcelona son de hablantes del catalán (99%).
Expertos consultados por El Món consideran que el crecimiento de las denuncias se debe a que hay más conciencia de los derechos lingüísticos debido a las redes sociales, que han generado un efecto bola de nieve para que la gente se anime a denunciar cada vez más. Sin embargo, destacan que todavía hay muchas situaciones que no constan en ningún lado porque no se denuncian y son partidarios de que la responsabilidad recaiga en la administración y no tanto en los particulares.
Gerard Furest, coordinador de lengua de La Intersindical, atribuye este aumento de denuncias al incremento de la conciencia lingüística por parte de los ciudadanos, pero cree que un factor clave que provoca esto es el papel de las redes sociales porque, por un lado, han servido para que los hablantes del catalán conozcan sus derechos lingüísticos a través de campañas como las que ha impulsado Plataforma per la Llengua y, por otro, «la viralización de casos graves» ha generado «conciencia y empoderamiento lingüístico». En este sentido, destaca que él «casi cada día» ve una agresión lingüística. «Esto ha ayudado a que la gente tenga más conciencia y que las empresas también rectifiquen», porque «si no hubiera redes muchas empresas actuarían con una impunidad total», matiza. Y también subraya que cada día hay más canales de denuncia.
Uno de estos nuevos canales es Acció Cassandra. Uno de los abogados que lo han fundado, Lluís Gibert, quien también opina que los hablantes del catalán han adquirido más conciencia lingüística, sobre todo si se tiene en cuenta la cantidad de casos que les llegan. «La lista es larga», dice, y afirma que «hay un aumento de sensibilidad». Esto, según él, es porque «hay una idea general de que esto es una situación que ya no es tolerable». «Cuando te pasan cosas de estas te sientes humillado, y esto ha pasado siempre, pero ahora que se ha puesto sobre la mesa que no es tolerable y se ha visualizado que hay medios para no permitir estas situaciones y la gente se atreve más a denunciarlo», reflexiona.
«Hemos pasado de la ignorancia a la explosión del problema»
Júlia Ojeda, doctora en literatura catalana y miembro del comité político de Alhora, señala que «cada vez hay una participación más ciudadana» y «una clara desviación de la atención de lo que antes era el Proceso y ahora se ha focalizado más en la lengua», un cambio que cuenta con la participación de entidades sociales o políticas. «Este despertar nos está permitiendo conocer datos y el trabajo que hacen los activistas y eso genera una conciencia colectiva que socializa», señala, y destaca que «hemos pasado un poco de la inconsciencia o de la ignorancia sobre la cuestión a una explosión del problema». También apunta que «estamos en un momento de la historia en que todas las informaciones se multiplican» a través del altavoz y la visibilidad que ofrecen las redes sociales.
El abogado y secretario nacional de la ANC, Josep Cruanyes, cree que hay más conciencia lingüística y que la gente está más dispuesta a denunciar estas actitudes catalanófobas porque se ha difundido, y la prensa ha ayudado, cuál era la situación de la lengua y los actos de discriminación. «Yo entiendo que ha habido toda esta información y actuaciones de entidades como la Plataforma de la Llengua, que han hecho tomar conciencia para no normalizar esta situación de discriminación de nuestra lengua», expone.
Más discriminaciones lingüísticas de las que se denuncian
Los cuatro expertos coinciden en asegurar que, de todos modos, todavía hay muchas más agresiones lingüísticas de las que se acaban denunciando. El abogado de Acció Cassandra admite que antes se denunciaban menos casos que ahora porque a la gente «siempre le ha dado la sensación de que no había un camino para hacerlo ni era útil, pero el sentimiento de humillación siempre ha existido y ahora ha visto que hay herramientas para poderlo llevar adelante». «No es que ahora haya más casos de discriminación, es que ahora se denuncian más», resalta. «Hay muchas más discriminaciones lingüísticas, pero muchísimas más, de las que se denuncian», añade Gerard Furest. Y se aventura a estimar que»quizás diez veces más de las que afloran a la realidad». «No conocemos ni la punta del iceberg», concluye, y cree que todavía «hay mucha gente a la que le da pereza el conflicto». «Hay gente a la que le da pereza denunciar, o que cambia de lengua para evitar el conflicto», lamenta, y sentencia: «Si todos mantuvieran el catalán, esto sería un Ulster lingüístico».
Por otro lado, Ojeda opina que la denuncia sirve para «visibilizar el conflicto, pero no para resolverlo» y reflexiona que «situar el foco sobre la denuncia siempre genera la idea de que la responsabilidad última de solucionar el problema es de los ciudadanos». En este sentido, deja claro que es la administración quien tiene la «responsabilidad, la autoridad y los recursos para hacerlo». En definitiva, el endurecimiento de la política lingüística y garantizar el cumplimiento de las leyes «debería venir directamente por parte de una administración que tiene capacidad de legislar y de inspeccionar». Cruanyes, en cambio, defiende que se debe seguir empujando «primero, para que se sepa, y eso ayuda a crear conciencia, y, segundo, porque como la administración es poco proactiva, porque no actúa de oficio, el hecho de denunciar hace que actúe de forma reactiva». «Como ciudadanos debemos ser conscientes de que si no se defienden nuestros derechos, los tenemos que defender nosotros» y apunta que el efecto bola de nieve se puede hacer más grande si se siguen denunciando hechos como los de la sanidad: «Hace que los ciudadanos tomen conciencia y que se denuncien más estos hechos y que no se dejen pasar».
De la espiral del silencio a una dinámica de bola de nieve para presionar a la administración
Gerard Furest expone que denunciar los casos sirve para que la gente vea que no pasa nada por hacerlo y genera una «dinámica de bola de nieve», y advierte que, si no lo haces, como pasa en muchos casos, se genera «una espiral de silencio» porque, «si todos callan, tú seguirás la corriente y callarás porque si hablas todos te verán como un friki», un concepto que tiene que ver con las cantidades. Por ejemplo, dice, si hay 20.000 personas en Cataluña que lo hacen todo en catalán serán «20.000 frikis», pero si lo hacen dos millones se creará «tendencia». «Cuanta más gente se queja, menos puedes quedar como un friki», insiste, y cree que denunciar también sirve para que la administración no le reste importancia al asunto y aborde el problema de derechos lingüísticos. Gibert cree que el cambio se ha propiciado porque la gente ha visto que «hay instrumentos para contrarrestar estas acciones», y esto se amplifica mucho a través de las redes sociales. «Las redes son un elemento fundamental porque estos casos se van viralizando y generan el efecto bola de nieve», resume.
Ojeda comparte esta visión y dice que, al final, «denunciar es una dinámica de participación colectiva». «Cuanto más se normaliza el hecho de denunciar las discriminaciones lingüísticas, más se anima a otros a hacer lo mismo y más red de solidaridad comunitaria genera, porque ya no eres tú solo, sino que es todo un grupo». Aun así, admite que «es muy cansado estar permanentemente en tensión para poder vivir con normalidad en tu lengua» y esto, según ella, también genera «una cierta desidia en algunos momentos». Con todo, deja claro que lo ideal sería que este trabajo lo hiciera la conselleria de Política Lingüística, que «para eso, en principio, se ha creado», ya que si las denuncias se tramitan vía plataformas «siempre hay una voluntad política interesada». «En cambio, un órgano público que pueda funcionar como un defensor del pueblo siempre tiene también la autoridad y la institucionalidad de ser un espacio que puede recoger más objetividad en la cuestión». El abogado Pep Cruanyes también cree que «hay que exigir que la administración de la Generalitat y los ayuntamientos, porque esto también es corresponsabilidad de los consistorios, sean más proactivos en el sentido de promover el cumplimiento de la ley», y lamenta que «muchas veces no se hace».
