Nuevo capítulo en el serial de Anna M. P., la mujer de 77 años que fue insultada en el informe médico escrito por uno de los dos médicos que la atendieron el 15 de septiembre de 2024 en el servicio de urgencias del Hospital Universitari Dexeus. Después de que el Departamento de Salud diera por cerrada la investigación sobre el caso de discriminación lingüística y la posterior carta que le dirigió la víctima, lamentando que la Generalitat no tomara ninguna medida contra el profesional; el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, reveló en una respuesta por escrito publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) que el pasado mes de febrero se reunió con la dirección del centro hospitalario para «prevenir y evitar estas situaciones».
A pregunta de la portavoz de Junts per Catalunya en el Parlament, Mònica Sales, que solicita la posición del consejero de Política Lingüística en relación al caso de discriminación lingüística en el Hospital Dexeus, Vila reitera el compromiso del Departamento con la protección de los derechos lingüísticos y asegura que la situación que sufrió la paciente «se aleja de la voluntad tanto del Gobierno como del centro implicado». Asimismo, remarca que el caso «evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos destinados a la gestión».
Francesc Xavier Vila insiste en el «compromiso» del Gobierno y también de Dexeus con los derechos lingüísticos, aunque el centro hospitalario se negó a dar explicaciones sobre los insultos. El consejero desvela que el pasado 6 de febrero de 2025 se reunió con la dirección del Hospital Universitari Dexeus para «explorar de manera conjunta vías para prevenir y evitar estas situaciones, así como posibles colaboraciones para mejorar los protocolos lingüísticos del centro y garantizar la capacitación lingüística del personal sanitario del ámbito privado».
Salut exculpó a Dexeus
Esta reunión se conoce después de que la consellera de Salut, Olga Pané, explicara en otra respuesta parlamentaria, también a una pregunta de Junts, que la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria puso en marcha los mecanismos de inspección correspondientes tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos y de la queja de la paciente y decidió abrir un “expediente de información previa” porque el médico reprochó por escrito a la paciente una actitud «grotesca y xenófoba» por querer ser atendida en catalán. A pesar de investigar los hechos, el caso se archivó sin tomar ninguna medida contra los profesionales sanitarios que atendieron a Anna porque se consideró que «la prestación de la asistencia sanitaria siguió las guías y protocolos de práctica clínica y se respondió [Dexeus] a la reclamación de acuerdo con la normativa vigente».
Esta decisión provocó el enojo de la paciente insultada, que escribió una carta a la consellera Pané para dejar constancia de la «gran decepción» que se llevó por la actuación del Gobierno de la Generalitat porque, según remarcó en la carta a la que tuvo acceso El Món, “no defienden a los ciudadanos agredidos por la lengua”. Asimismo, lamentó que ni se hicieran públicas las conclusiones: “No me sorprende que se oculte el contenido del expediente que se abrió y no se quiera hacer público”. Con todo, trasladó a Pané que “si se hubiera encontrado como yo con un médico en urgencias que te niega su atención y no te da ninguna vía para ser atendida, en situación de preocupación y asustada como estaba, ¿habría podido pensar que se seguían los protocolos establecidos?”.
Política Lingüística y Salud trabajan para «mejorar» el sistema de quejas
Por otro lado, y en términos más generales, el consejero explica que su Departamento y el de Salud están trabajando para «mejorar» el circuito del tratamiento de quejas dentro de la Administración y el ámbito de los servicios públicos. Asimismo, subraya que también están trabajando de manera coordinada en el marco del Plan para garantizar el conocimiento y el uso del catalán en el sistema público de salud de Cataluña 2024-2026 para asegurar, tanto en el ámbito público como privado, «la capacitación lingüística del personal sociosanitario y la formación en derechos y deberes en materia de lengua con el objetivo de garantizar la disponibilidad lingüística de los centros».
