El litigio por el nombre oficial del municipio de Cabassers (Priorat) lleva años en curso y el conflicto entre el Ayuntamiento, gobernado por ERC, y el concejal de Junts en el municipio y consejero nacional del partido, Carles Prats, tiene un nuevo capítulo después de que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona haya desestimado su demanda contra el equipo de gobierno, al que recriminan que mantenga oficialmente el topónimo Cabacés, impuesto por el franquismo. La decisión judicial, que no entra a valorar el fondo del asunto, llevó a Prats a plantearse presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Pero, finalmente, como él mismo explica a El Món, se ha decidido presentar una nueva instancia al Ayuntamiento para esquivar el argumento de la sentencia del contencioso administrativo.
Prats señala que han descartado la vía del TSJC por «miedo al corporativismo de la justicia» –creen que es difícil que un órgano judicial rectifique la decisión de otro– y han optado por una nueva instancia presentada por una persona «que no había solicitado nunca» nada en relación al caso. Así, si se tiene que volver a presentar un contencioso administrativo porque el Ayuntamiento vuelve a ignorarlos, la justicia no podrá utilizar el argumento que usó la jueza de Tarragona el 26 de julio para inadmitir la demanda de Junts. Prats califica la resolución judicial de «despropósito», porque la magistrada «no entra en ningún momento en el fondo del asunto» y se limita a desestimarla por «una cuestión de forma». En efecto, la magistrada se acoge a un motivo procedimental alegado por la defensa de la alcaldía, que sostenía que el recurso se había presentado fuera de plazo por iniciativas administrativas anteriores. En su resolución, la jueza alega, para desestimar la demanda, que el asunto ya había sido resuelto definitivamente en el pasado. Así, expone que el 29 de septiembre de 2022 Junts solicitó formalmente que se oficializara la grafía Cabassers para el nombre del municipio, pero el Ayuntamiento desestimó esta petición el 21 de octubre de 2022. La decisión, según expone la magistrada, fijaba claramente las vías y los plazos legales para recurrirla –como el recurso contencioso administrativo y el de reposición–. Como el solicitante no presentó ninguno de estos recursos en su momento, la resolución se volvió firme e inamovible, lo que impide por ley volver a examinar exactamente la misma petición en este nuevo procedimiento. «No habiendo interpuesto ninguno de los recursos de los cuales informaba la resolución desestimatoria aludida, esta se volvió firme y no puede, por tanto, someterse a enjuiciamiento en el marco de este recurso», concluye.
Prats considera que con esta nueva instancia –presentada el pasado 3 de agosto por una persona que fue en las listas de Junts en las pasadas elecciones municipales– el procedimiento comienza de cero: «Hemos decidido esta vía porque creemos que tiene muchos menos riesgos que entrar a debatir con el TSJC si un decreto de alcaldía es nulo de pleno derecho». Ahora, el Ayuntamiento tiene tres meses para contestar, hasta el 3 de noviembre, pero el concejal sospecha que no dará respuesta a la petición. De esta manera, si el Ayuntamiento opta por el silencio administrativo, Carles Prats apunta que se volverá a presentar un nuevo contencioso administrativo en el juzgado de Tarragona «pidiendo el cumplimiento de la legislación» para rectificar el nombre del municipio. En cualquier caso, defiende que los argumentos que ha dado la jueza al desestimar la demanda no se pueden repetir porque «cualquier otra persona puede ir al juzgado y no se le podrá argumentar que hay extemporaneidad porque no lo ha solicitado antes».
ERC aceptó modificar el topónimo: el alcalde insta al concejal a abandonar la confrontación
De hecho, y para rebatir el argumento de la jueza, Carles Prats deja constancia de que el consistorio, gobernado por ERC, se comprometió con su grupo en el año 2024 a cumplir la ley y oficializar el topónimo Cabassers, y poner fin a esta situación anómala. «Lo anuncian a bombo y platillo, pero no actúan», lamenta Prats en conversación con este diario. De hecho, todos los concejales del consistorio enviaron una carta a los vecinos del municipio para informarles que se cambiaría el nombre. El gobierno local finalmente se echó atrás tras una reunión con los habitantes del pueblo, y ante la inactividad del consistorio, Junts decidió en enero de 2025 llevar el asunto al contencioso administrativo, donde la jueza ha tardado un año y medio en desestimarlo. En este sentido, el alcalde de Cabassers, Jaume-Josep Pujals, reconoce abiertamente a este diario que no hay ninguna discusión desde el punto de vista lingüístico y que la norma catalana establece claramente cómo se debe escribir el nombre del pueblo –Cabassers. Admite que la forma actual se debe a una falta de ortografía permitida en el pasado y que el franquismo recuperó: «El año 39 volvió la forma castellanizada, pero el nombre castellanizado ya se usaba en 1700».
No obstante, Pujals reprocha a Junts la vía de la confrontación, las denuncias judiciales y la presión mediática utilizadas por Carles Prats, a quien insta a abandonar la «obstinación» y el «circo que ha montado» en un pueblo de 300 habitantes. Pujals considera que esta actuación solo genera división y una reacción en contra entre los vecinos. Asimismo, lamenta que se haya intentado vincular el topónimo al franquismo o a la memoria histórica, un hecho que, según el alcalde, ha ofendido a mucha gente del municipio que «se ha sentido atacada con este tema». Para resolver definitivamente el conflicto, Pujals defiende que la decisión final sobre la corrección del nombre se debe tomar consultando a la ciudadanía mediante una encuesta participativa –una opción recogida en el reglamento municipal– «para preguntar a la gente del pueblo si está de acuerdo en iniciar los trámites para corregir el topónimo». Sin embargo, para abrir esta vía pone como condición indispensable que la oposición abandone la radicalización y la búsqueda de protagonismo, haga un gesto de rectificación y se abra a un diálogo conjunto con el equipo de gobierno para poder cerrar la cuestión de una manera consensuada y tranquila para el pueblo. «Si fuera una persona normal, el nombre del pueblo ya estaría corregido», sentencia.
El concejal de Junts denuncia «silencio administrativo» de la Generalitat
Por otro lado, Prats denuncia el «silencio administrativo» de la Generalitat ante los requerimientos, solicitudes e instancias de información que ha enviado hasta ahora. Solo desde principios de año, 16 solicitudes se han presentado directamente ante la Generalitat de Catalunya o sus departamentos y direcciones generales –Presidencia, Cultura, Política Lingüística, Memoria Democrática y la Oficina Antifraude de Catalunya–. Entre las más relevantes, hay múltiples peticiones a través del sistema Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) y revisiones de oficio a los departamentos de Presidencia, Cultura y Política Lingüística para cuestionar la legalidad de la categoría de «topónimos oficiales no normativos» como «Cabacés» o «Roda de Barà» y exigir la prevalencia del artículo 18.1 de la Ley de Política Lingüística y los criterios del IEC, procedimientos que han derivado en varias reclamaciones a la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) por inadmisiones o silencios administrativos. «Lo máximo que hemos conseguido con el Departamento de Política Lingüística es que nos diga que la categoría jurídica de topónimo oficial no normativo no existe», lamenta el concejal de Junts.
Prats detalla que las últimas acciones que han realizado han sido una solicitud de información pública al Departamento de la Presidencia para que identifiquen qué precepto legal por encima del artículo 18.1 de la Ley de Política Lingüística permite que un topónimo no normativo sea oficial. «Eso no lo quieren responder», denuncia el concejal, que ante esta situación han acudido a la GAIP para saber «qué fundamentos de derecho utilizan para que unos topónimos que no cumplen la Ley de Política Lingüística sean oficiales». Es decir, piden en qué ley se basan para permitir el topónimo Cabacés. «Esperamos que la GAIP pida al Gobierno que responda qué legislación aplica», defiende el concejal, que también se queja porque hasta ahora «lo que hemos recibido por parte del Gobierno es una evasiva diciendo que pedimos un informe jurídico».
La Generalitat descarga en una funcionaria jubilada
Ante las peticiones de información sobre los criterios que avalan el uso de topónimos oficiales que incumplen la Ley de Política Lingüística, la Generalitat se acoge a la responsabilidad técnica individual de la autora de un informe de la Asesoría Jurídica de Cultura, elaborado en el año 2023 a petición de la Secretaría de Política Lingüística. Un documento que no hace ninguna referencia al artículo 18.1 de la Ley de Política Lingüística y que concluye que los topónimos «Cabacés», «Capmany», «Castell-Platja d’Aro», «Figaró-Montmany», «Lladó», «Massanes», «Navàs», «Rialp», «Torrelavit» y «Forallac» están incluidos «tanto en el Registro de entes locales de Catalunya como en el Nomenclátor oficial de toponimia mayor de Catalunya, con lo cual, el nombre de estos 10 municipios, aunque incumplan la normativa lingüística del IEC, es el oficial».
El informe no tiene autoría y Carles Prats hizo una solicitud de información pública para conocer quién lo había redactado. La Generalitat se negó a identificar a la persona que redactó el documento y se limitó a decir que se había jubilado. A raíz de esta explicación, Carles Prats no encontró en el Diario Oficial de la Generalitat, ni por otras vías, la confirmación de jubilaciones en la asesoría jurídica de Cultura a partir de 2023, y por eso registró una petición de acceso a la información pública por SAIP solicitando a Cultura la lista de jubilaciones de su asesoría jurídica desde 2023. El plazo para responder finalizó este 24 de agosto, y, como no ha obtenido respuesta, ha ido un escalón más arriba y ha presentado una reclamación a la GAIP contra el departamento, por no haber facilitado la lista. «No toleraremos el oscurantismo del Gobierno y exigiremos las responsabilidades que correspondan», ha sentenciado.
