No hay nada más intrigante que un ‘continuará’. La famosa expresión que indica en pleno clímax que una trama narrativa se interrumpe y que hace que el espectador ansíe ver cómo termina la historia. Lo saben los buenos escritores, los guionistas y los productores de series televisivas. Pero aún resulta más emocionante cuando el ‘continuará’ ocurre en la realidad cotidiana de historias oscuras que han llegado a un juzgado. Exactamente, esto es lo que ha pasado este lunes en la sección quinta de la Audiencia de Barcelona durante el juicio a tres guardias urbanos de l’Hospitalet procesados por falsear atestados.
Cuando casi habían intervenido todos los testigos, el tribunal, espectacularmente atento a la sesión, se dio cuenta de que uno de los principales testigos, el director de Servicios del cuerpo policial y exnúmero dos de la Comisaría General de Información de los Mossos d’Esquadra, Miguel Justo Medrano, no había sido citado correctamente. La noticia llegaba después de unos testimonios que, por otro lado, han oscurecido más la sombra sobre los procedimientos internos de la policía y cómo se pueden tapar con normalidad hechos, vergüenzas o, simplemente, irregularidades. De hecho, el tribunal, después de escucharlos con intensidad manifiesta, no se ha estado de entonar en voz alta la gran duda que les ha generado la vista de hoy: ¿puede una agente de policía denunciar que sus compañeros mienten en un atestado y que los superiores no hagan nada?
Interrupción de la vista por ausencia de un testigo importante
En todo caso, y a petición de la representante del ministerio fiscal, se ha solicitado interrumpir el juicio y dictar una nueva citación para Justo Medrano. Una petición que no ha tenido el rechazo de las defensas, que sí han pedido no practicar la prueba documental -un vídeo que hizo cambiar la versión de los hechos- hasta que no testifique el jefe político de la Guardia Urbana.
La nueva fecha será el 27 de febrero. Un día al cual se llegará con todos los testigos, menos uno, con el trabajo hecho. Unos testigos, que a pesar de algunas incoherencias, han confirmado el relato de los hechos expuesto por el ministerio fiscal, que acusa a dos agentes y un cabo de falsear un atestado para acusar de resistencia y desobediencia al testigo de un accidente que no quiso testificar. Unos hechos por los cuales la fiscalía pide hasta 4 años de prisión y más de 12.000 euros de multa.
Raúl, de testigo a víctima del accidente
Según la narración del ministerio público, al mediodía del 14 de enero de 2023 se registró un accidente de autobús en la avenida Miraflores de l’Hospitalet de Llobregat. Un siniestro al cual asistió la unidad Centurión de la Guardia Urbana de la ciudad, formada por tres agentes y un cabo. Rubén se encontraba en el lugar de los hechos, con su madre y un cochecito con su sobrino, que era un bebé. Raúl se negó a permitir que le tomaran los datos para ser testigo del caso. Una negativa que tuvo como respuesta empujones por parte de los policías, que lo agarraron por el cuello, lo tiraron al suelo y lo amenazaron. Según la fiscalía, los tres policías conspiraron y mintieron en los atestados para hacer pasar al testigo por sospechoso de un delito de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Una “irregular actuación policial”, según la definición de la fiscal del caso.
La sección quinta de la Audiencia de Barcelona, con magistrados como el que instruyó la rama del caso 3% en El Vendrell, Josep Bosch, o Pablo Huerta, exjuez penal en Figueres, ha prestado mucha atención a los testimonios. Tanto es así que el tribunal ha formulado preguntas directas y ha repreguntado a los testigos e, incluso, han detenido la vista para hablar entre ellos, como lo hacen los entrenadores de fútbol, con la mano delante de la boca para evitar que alguien del público pudiera leerles los labios, para pedir aclaraciones a los testigos. Conductas poco frecuentes en el día a día de los juzgados. Cabe destacar que el presidente del tribunal ha pedido a una de las defensas que se relajara a la hora de plantear sus preguntas, porque en los interrogatorios «no se trata de vencer dialécticamente al testigo». O que «los testigos no vienen a la sala a ratificar nada, sino a declarar», por si continuaban insistiendo en tomar al pie de la letra las declaraciones en instrucción.
Patricia: el testimonio clave de la conductora del autobús
Uno de los principales testimonios de la jornada ha sido el de Patricia, la conductora del autobús. Una mujer de mediana edad, con un cabello negro brillantísimo y que ha declarado con la serenidad que desprenden los que no tienen que imaginar nada. Patricia ha explicado cómo la «impactó» el accidente, la escena de un hombre herido, de un hombre con un cochecito con un bebé y una señora llorando. Pero también ha detallado cómo quedó sorprendida, cuando «de repente, tiraron al suelo a Raúl sin que hubiera pasado nada». «Lo tenían en el suelo, con la cabeza agarrada y yo no entendía por qué le hacían eso, si era un testigo», ha exclamado con una expresión tan delicada como punzante.
De hecho, Patricia, como si no quisiera la cosa, ratificaba al pie de la letra la declaración de Raúl, que la había precedido en el estrado sin que ella lo hubiera oído, ya que los testigos no pueden entrar en la sala hasta que les toca, para no contaminarse. Un hombre que ha asegurado que el único reproche que hizo a la policía fue «si no llevaras uniforme, otro gallo cantaría». Ha admitido que no se quiso identificar y que, como estaba nervioso, al empezar les dio los datos de su padre, que está muerto. Después de que lo tiraran al suelo y se le echaran «dos agentes encima», mostró su DNI que llevaba fotografiado en el móvil, y se fue.
El agente que no quiso firmar el atestado
A continuación, ha declarado el agente de la Guardia Urbana que formaba parte del operativo pero que se negó a firmar el atestado y la minuta policial que sería entregada al juzgado de instrucción. Con un relato coherente y con tono serio, ha descrito los hechos desde su punto de vista destacando que la víctima fue todo el tiempo «colaborador», aunque el tribunal le ha dicho que la víctima había reconocido desde el mismo estrado que se había negado a identificarse. El agente ha destapado que en el camino de regreso a la comisaría, el jefe del servicio les telefoneó y les preguntó si «habían tirado a un hombre al suelo cómo es que no lo habían detenido». «Mierda, deberíamos haberlo detenido», ha sostenido que espetó el cabo dentro del vehículo.
Una vez en comisaría, el cabo y un agente dictaron la minuta a un instructor que ahora es policía en Sabadell. Al ver el contenido, el agente se negó a firmarlo porque no reflejaba lo que había pasado. Finalmente, intervino el jefe de servicio, que determinó que si no la quería firmar, que no lo hiciera. Un detalle que no ha pasado por alto al presidente del tribunal, que ha saltado como un resorte para formular una pregunta evidente: «¿Cuál es este protocolo que un agente se niegue a firmar una minuta porque dice que el contenido no es verdad y usted no hace nada?». La sala de vistas ha quedado en silencio.
Un informe desaparecido
Tampoco ha quedado claro el papel que tuvo el inspector jefe en el caso, que tampoco ha querido confiar del todo en sus compañeros a pesar de que ha elogiado su trayectoria en la policía. De hecho, se metió de lleno cuando una de las defensas le preguntó por un informe que presentó el cabo después de los hechos y que «no se ha localizado». La fiscal, que ha mantenido con rigor su posición, aún se asombraba de que un informe policial no llevara un número de registro o no se hubiera consignado en ningún archivo. El rostro del presidente del tribunal era bastante concluyente en el sentido de que no podía creer que en su sala de vistas se hablara de un informe inexistente.
Las defensas, sin embargo, se han aferrado a posibles incoherencias del agente de la Guardia Urbana, como las diferencias que tenía con el cabo -explicadas en un informe inexistente o perdido- para intentar colar la tesis de que el agente buscaba las cosquillas a sus compañeros de unidad. Tanto es así que le han reprochado que no hiciera la nota informativa sobre la actuación de sus compañeros hasta el 2 de febrero, quince días después del accidente y cuando ya había sido trasladada de unidad, lo cual implicaba perder el plus de estar comisionada en la Centurión.
En este sentido, las defensas han querido destacar que el cambio de destino no fue voluntario, tal como defendía el agente. La policía se ha defendido bien, negando cualquier problema ni mediación, y ha recordado que al día siguiente de las actuaciones tomó la baja y cuando se reincorporó elaboró la nota informativa. Una vez «pensadas las cosas», la presentó y se abrió una información reservada que ha llegado hasta este juicio. La vista ha podido hacer la trazabilidad de los hechos, más allá de posibles rencores entre el cabo -un veterano amigo de los mandos- y el agente que hacía poco que había terminado las prácticas. Una reducción no suficientemente justificada y una actuación policial posterior que ha hecho escamar a los magistrados: «¿Una policía dice que sus compañeros mienten y usted es el jefe y no hace nada?». Aquí está la clave del asunto.
