El Gobierno, junto con una veintena de entidades por la lengua, de la sociedad civil, agentes económicos, el PSC, ERC y los Comuns han firmado este martes al mediodía el Pacto Nacional por la Lengua, un compromiso para garantizar el futuro del catalán que fija una hoja de ruta hasta 2030 y que prevé una partida presupuestaria anual superior a los 200 millones de euros. El pacto, que se estructura en 21 ámbitos de actuación que se revisarán cada año, se inicia con un presupuesto de 255 millones de euros, pero hay muchas partidas que se incluyen este año que no tienen un presupuesto concreto y se deja con una cantidad de dinero «por determinar». En total, hay 84 medidas pendientes de determinar el presupuesto que se destinará y hay más de un centenar que se cubrirán con «costos internos«. Es decir, con dinero de cada departamento.

Entre las medidas que no tienen partida asignada y constan «por determinar» está el diseño y ejecución de un plan de formación en lengua catalana para los internos de los centros penitenciarios, fomentar el conocimiento de la lengua catalana y promover actuaciones de sensibilización para los trabajadores de los organismos internacionales ubicados en Cataluña, ofrecer formación de lengua catalana (A1) para los médicos colegiados recién llegados, desarrollar e implantar estrategias de dinamización coordinada y proactiva en el aula, los patios, el comedor y las actividades extraescolares, impulsar la presencia del catalán en las principales aplicaciones digitales de aprendizaje de lenguas y reforzar el presupuesto de las entidades sociales que son puerta de entrada al mundo laboral de personas recién llegadas, entre otras.

La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha restado importancia al asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo. «Seguro, siempre, uno piensa que se podrían dedicar más recursos y probablemente se podría hacer», y ha presumido que el Pacto destina «la cantidad más alta de la historia destinada a políticas lingüísticas en Cataluña». Sobre el dinero destinado al Plan, Paneque ha señalado que «estos recursos salen del conjunto presupuestario del Gobierno de la Generalitat». «Con la gestión presupuestaria del día a día hay recursos que pueden aflorar y los suplementos de crédito son recursos que se van incorporando», ha detallado la portavoz, y ha remarcado que «el presupuesto es una herramienta viva».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, después de la presentación del Pacto / Jordi Bedmar

Más de cien medidas cubiertas con «costos internos»

Por otro lado, hay 145 medidas que se cubren con «costos internos», que asumirán los Departamentos, y no disponen de un presupuesto concreto. Es el caso de algunas medidas previstas en el marco de las instituciones y administraciones como, por ejemplo, la misión del Departamento de Igualdad y Feminismos, con la colaboración de Política Lingüística, de «proteger los derechos lingüísticos garantizando la tramitación en la Oficina de Igualdad de Trato y No-discriminación (OINTD), o bien en el órgano competente, de las denuncias de discriminación por razón de lengua que se reciban» o Interior, que debe diseñar un plan de actualización y sensibilización lingüística para los cuerpos de seguridad y de emergencias del Departamento. También tiene una partida de «costos internos» el encargo a Justicia para «modificar las condiciones de acceso a la bolsa de interinos de la Administración de justicia para establecer que el conocimiento del catalán constituya un requisito para incorporarse».

De ejemplos hay tantos como 145, pero también se incluye en esta descripción presupuestaria la elaboración y posterior publicación de un informe, que debe estar hecho en seis meses, para identificar «todas las leyes, normativas y sentencias estatales cuya revisión permitiría garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía y la oficialidad plena de la lengua catalana» o el encargo al Departamento de Empresa para «intensificar la presencia del catalán tanto en la atención al público como en el etiquetado, la documentación, los sitios web, las redes sociales, etc., mediante la revisión y el cumplimiento del Código de consumo y otra normativa relacionada». Otros ejemplos, entre muchos otros que se recogen en el Pacto, son la creación de un centro para potenciar la comprensión lectora, con un grupo inicial de 300 centros (2024-2025) o poner en práctica nuevas modalidades de cursos (intensivos, multinivel, inmersivos, comunitarios, en línea síncronos, formación en el lugar de trabajo, etc.).

Las medidas con más recursos del plan para este 2025

El presupuesto inicial para el despliegue del Pacto este 2025 es de 255 millones de euros y el ámbito educativo será el que contará con más recursos. Concretamente, más de 106 millones de euros. Más de 78 millones de euros se destinarán a incrementar el número de aulas de acogida «para adecuarlo a la demanda». El siguiente objetivo con más recursos será la oferta cultural y comunicativa, que obtendrá 73 millones -57 a cultura y 15 millones para comunicación-. En tercer lugar, está el impulso de la enseñanza y el uso de la lengua entre personas adultas, con más de 54 millones, más de 47 de los cuales servirán para relanzar el Consorcio para la Normalización Lingüística (CPNL). Otro de los objetivos del pacto es «convertir el catalán en una lengua plenamente oficial de iure y de facto en las instituciones públicas, en las empresas y los servicios» e incorporar el uso, aprendizaje y acreditación del catalán en el mundo del trabajo. El pacto buscará garantizar el catalán «como lengua compartida y equipada para los retos contemporáneos», así como fomentar el compromiso social con la lengua.

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