Stan Lee recordaba continuamente a Spiderman que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una frase que deberían tener como salvapantallas del móvil los miembros del cuerpo de inspectores de Hacienda. Cuentan con la ventaja que les da la gran especialización legal que poseen, el escudo de cambio de criterio sin que quede claro el preaviso al contribuyente, el complicado camino administrativo que complica la vida a cualquier obligado tributario –excepto a los que pueden permitirse un escuadrón de abogados que intenten debilitar la presunción de culpabilidad– y el miedo reverencial al monopolio tributario del Estado.
Por eso este jueves se han llevado el protagonismo de la provechosa 26ª jornada del juicio contra los Pujol Ferrusola. Aunque tienen un gran poder, han sabido modularlo, aunque fuera como respuesta a interrogatorios perspicaces de las defensas. Un inspector en jefe regional de Hacienda que ha negado que uno de los negocios de Jordi Pujol Ferrusola que más obsesionan a las acusaciones –el proyecto de México llamado Azul de Cortés– fuera una «simulación». Otro inspector, encargado de escrutar las finanzas de Josep Pujol Ferrusola, ha salido como un Miura, pero ha rebajado el tono cuando se ha encontrado frente a un experto de la prueba como es el abogado Jaime Campaner.
A todo esto, cabe añadir un testigo renunciado, que denota cierta dejadez y poca atención por parte del aparato de la Audiencia Nacional. Un hombre, David, ingresado en una residencia, agarrado como una lapa a la mano de la señora que lo cuidaba y que advertía al tribunal que no entendía nada. Ha sido necesario tener al hombre un rato en pantalla para darse cuenta de la crueldad pública que suponía tenerlo de testigo de la acusación, hasta que el fiscal Fernando Bermejo ha descartado continuar. Su señora, también testigo, de 91 años, ha jurado decir la verdad porque «le han enseñado en casa» y en su «iglesia», todo para decir que tenía una cuenta corriente en Andorra pero que la llevaba su marido. Unas pruebas periciales han redondeado la jornada para las defensas y han descubierto una faceta poco conocida del fiscal Bermejo, su pasión indisimulada por la caligrafía.
«Sin simulación»
El primero en subir al estrado ha sido Luis Castelló, el NUMA 46340 –la terminología con la que se identifican los agentes de la Agencia Tributaria en sus credenciales oficiales–, cuyo testimonio quedó pendiente de la sesión anterior. Un hombre que firmó un «acta de corrección» a un acta de disconformidad a la empresa Jandro Consultores, la empresa con derivada mexicana que compartió el proyecto Azul de Cortés con el hijo mayor del expresidente y Luis Delso. Un documento que enfureció a la Abogacía del Estado, que elevó protesta al tribunal por la sencilla razón de que un jefe regional de la Agencia Tributaria, como es el NUMA 46340, desmontaba la tesis del negocio simulado. Y, además, ha cometido un desliz difícil de entender en un experto, como ha sido admitir que cerró la inspección a Juandro Consultores porque «leyó en la prensa que estaban investigados». Pero fíjate que el abogado de Luis Delso, Òscar Morales, que cuando quiere es el pájaro que siempre se lleva el gusano, le ha preguntado por qué dejaba en situación provisional si en las noticias de la prensa no aparecía Juandro, ni su administrador, Julio Bonis. El inspector ha dibujado una leve sonrisa en su rostro y no ha podido responder.
En concreto, el relato acusatorio era que el proyecto de macrocomplejo turístico Azul de Cortés, en Baja California, no existió y que solo fue una ficción para que Pujol Ferrusola cobrara una supuesta comisión de Isolux. Pero, si la prueba practicada hasta ahora ya negaba esta interpretación, solo ha faltado un jefe regional de Hacienda reconociendo que puso negro sobre blanco que el proyecto no era ninguna ficción. Un interrogatorio bien pensado del abogado Morales, que ha hecho valer el acta de once páginas firmada por el inspector donde admite que no hay prueba alguna que indique que el proyecto fue una simulación. «No tengo suficiente prueba para calificarlo como una simulación», ha reconocido al tribunal.
Además, ha diferenciado lo que es una actividad empresarial a efectos tributarios y una actividad empresarial a efectos económicos, es decir, qué tributa y qué no tributa cuando un proyecto empresarial empieza a caminar. Una tesis que le ha vuelto a especificar, con paciencia, tanto al ministerio fiscal como al abogado del Estado, José Ignacio Ocio, que ha vuelto a refunfuñar por la admisión de esta prueba que beneficia a la defensa. El inspector ha detallado que la empresa aportó documentos oficiales en los cuales se confirmaba el cambio de calificación del terreno, de «forestal a turística integral». Un cambio que, a preguntas de Pau Ferrer, hoy como suplente de Cristóbal Martell, en la defensa de Jordi Pujol Ferrusola, ha admitido que suponía un «cambio de valor».
Josep Pujol, protagonista
El siguiente en subir al estrado de los testigos ha sido Marcelino Rojo, NUMA 48533, encargado de inspeccionar a Josep Pujol Ferrusola. Vestido de riguroso negro y con el hacer de quienes siempre terminan los bolígrafos BIC, se ha sentado y ha regalado los oídos del ministerio público y la Abogacía del Estado, explicando que levantó un acta de disconformidad por 800.000 euros ingresados en una cuenta de la BPA porque lo consideraba una «ganancia patrimonial sin justificación». Venía con el guion aprendido y con la ventaja competitiva de que había multado a Josep Pujol tras su regularización del año 2012.
Pero un juicio es como el mar de una habanera, nunca puedes fiarte de la calma. Ha entrado al terreno de juego Jaime Campaner, el abogado isleño de Josep Pujol. Un tipo amigo de los desafíos y enamorado de la prueba legal como base del estado de derecho. Campaner, fiel a su estilo, con tono seguro pero bastante prudente, ha iniciado un interrogatorio sagaz. La tesis del inspector es que Josep Pujol había ingresado 800.000 euros de los cuales no había trazabilidad. Contado y debatido, no se había tragado que el dinero provenía de un préstamo a un amigo, Jorge Barrigón, para la compra de unas acciones a un empresario con un carácter «muy variable»: cuando se decidiera había que ejecutar la operación en caliente y ponerse a trabajar. Por eso, era necesario tener el dinero en una caja de seguridad de la BPA. En cambio, sí admitía que la cantidad provenía de un dinero que había retirado en efectivo de la misma cuenta de Andorra.
Los mismos dineros
El inspector alegaba que no podía acreditar esta justificación porque el contrato era privado y no habían aportado ningún justificante del ingreso en la caja de seguridad. Campaner, sin embargo, como un tahúr acostumbrado a las timbas peligrosas del Misisipi, esperaba paciente su turno. Cuando el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, que solo hace que mirar a la ponente que no para de tomar notas, le ha dado el turno de palabra, ha comenzado una ofensiva preparada y meditada. De entrada le ha hecho reconocer al inspector que el préstamo no era para la compra de acciones, sino para «una opción de compra». Un detalle que cambia el concepto.
Campaner, cómodo, con buenas cartas y con la mano apoyada en la mejilla, le ha recordado que en su acta hace constar que uno de los testigos que utilizó quería información para «su querella» pero que «no le pudo ayudar». Es decir, el inspector basaba parte de su acta de disconformidad –que Josep Pujol pagó– en el testimonio de un exsocio, Antoni Rebés, que tenía frito a querellas a Josep Pujol. Por otra parte, le ha mostrado un justificante emitido por la BPA del alquiler de la caja de seguridad donde se depositaron los dineros. El inspector ha arrugado la nariz porque decía que el certificado le habían entregado tarde y, además, lo había pedido a la BPA. «¿Qué tiene de extraño que un cliente pida un certificado?», ha presionado Campaner. «Nada, pero para mí era extraño», ha insistido el inspector. Todo por unas inspecciones de IRPF de 2009, 2010 y 2011 que, con la calculadora en la mano, están prescritas. En todo caso, la defensa insiste en que los dineros tenían trazabilidad porque salían de una cuenta y volvían a ella después de dos meses, cuando la opción de comprar acciones ya se había evaporado. Los inspectores han ejercido el poder, pero en la sala han actuado con responsabilidad.
