Los lunes tienen mala fama. Son días duros en los que la dinámica de vida vuelve a ponerse en marcha en lo que se ha convenido en llamar un día laborable. Tanto es así que incluso el mundo del cómic de tiras norteamericano creó un gato viejo, Garfield, que entronizaba el mal augurio del primer día laborable de la semana. Pero el mundo de la justicia es un mundo que trabaja con otros códigos. Como muestra, la satisfacción de las defensas que trabajan en el juicio contra los Pujol Ferrusola al hacer balance de cómo ha ido el juicio el lunes de esta semana.
A pesar de ciertos problemas organizativos, que obligaron al tribunal a retirarse a deliberar antes de comenzar para ordenar las declaraciones previstas, la jornada transcurrió con armonía técnica. Excepto por algún tramo de interrogatorio de los abogados del Estado, que no tenían el día, el juicio ayudó a hacer caja para las defensas, y las acusaciones vieron cómo perdían sábanas en cada colada de los testigos. El estrado de la funcional sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares sirvió para que peritos de las defensas se explayaran con oficio.
En definitiva, sus aportaciones debilitaron, y mucho, las tesis de la acusación sobre la tipología de los negocios de Jordi Pujol Ferrusola y sus socios y colaboradores. Además, abonaron con hechos y números una realidad que se ha ido haciendo notar durante las 27 jornadas ya celebradas del juicio, y es que muchos de los negocios eran con administraciones que no estaban en manos de Convergència i Unió, y otros que se presentan como ficticios eran proyectos reales y exitosos.
De Vacamorta a Tivissa
La jornada se inició con el perito Joan Manuel Trayter, catedrático de derecho administrativo en la Universidad de Girona y presidente de la Asociación Española de Derecho Urbanístico y Medioambiental. Trayter se sentó en la sala de vistas a petición de la defensa de Carlos Buesa, que dirige José María Fuster Fabra. Su peritaje era sobre una de las obsesiones de las acusaciones, la tramitación del vertedero de Vacamorta, en Cruïlles (Baix Empordà), en la cual Jordi Pujol Ferrusola habría ganado cerca de 5,3 millones de euros, según los números de la fiscalía.
Con una agilidad oral audaz y rictus de académico, Trayter negó cualquier influencia política o irregularidad en la tramitación del vertedero. De hecho, su silogismo fue claro: «Los informes técnicos que se emiten son un acto reglado y debido, de obligado cumplimiento, como dicta el Supremo». Es decir, que el consejero o altos cargos de Medio Ambiente de turno deben firmar lo que se les propone, sin cambios. En este sentido, ha remarcado que era un «negocio privado, a través de una autorización, y no una concesión». En cuanto a la autorización del vertedero de Tivissa, también cuestionado por las acusaciones, Trayter indicó que no hubo ninguna denuncia ni resolución judicial en contra. La Abogacía del Estado no se atrevió ni a preguntar.
Negocios reales
A continuación, subió al estrado Benedito Torrecilla, un perito citado por la defensa del empresario inmobiliario Alejandro Guerrero Kandler. Su peritaje fue para mojar pan, e incluso el tribunal fruncía el ceño cuando alguien interrumpía con preguntas su exposición. Al fin y al cabo, explicó la mecánica de lo que es una actividad económica poco conocida por el gran público como es la figura del conseguidor, el buscador de proyectos o los perdigueros de negocios que tienen una agenda de contactos eficaz y productiva. Torrecilla, con naturalidad, con un informe lleno de post-its, una calculadora y un fluorescente amarillo sobre la mesa, y colocándose las gafas de cerca cuando convenía, cosió la tesis de la defensa. Es decir, que las facturas y pagos a Jordi Pujol Ferrusola son reales y, por tanto, sus negocios, también.
“Era un captador de inversores grandes, un conseguidor, y se le pagaba a éxito; Guerrero no habría podido acceder a negocios de este calibre sin él”, apuntó. De hecho, dijo que lo importante en estos casos es tener «una agenda de contactos muy grande», más que los vínculos políticos. Es decir, era un conseguidor a éxito, como ya han detallado otros testigos que habían participado en proyectos que de una manera u otra impulsaba o proponía Jordi Pujol Ferrusola. Incluso, Torrecilla admitió que los servicios se contaban por facturas, porque en las contrataciones en este tipo de negocios -hechas por un particular y no una consultora-, el acuerdo o el compromiso era verbal.
El tripartito
Por otra parte, el empresario Josep Cornadó, de Copisa, llevó dos peritos que expusieron un breve pero interesante informe. Según su conclusión, son habas contadas: la compañía constructora que tenía relación con el hijo mayor del expresidente tuvo menos adjudicaciones públicas con el primer gobierno de Artur Mas que las que había conseguido con los dos gobiernos tripartitos anteriores.
Un torpedo a una de las principales acusaciones de la fiscalía y la Abogacía del Estado, que argumentan que estas constructoras pagaban a los Pujol para obtener contratos públicos. Según el peritaje, con el gobierno de Mas –sucesor de Jordi Pujol al frente de CiU–, Copisa pasó de ganar el 5% de las adjudicaciones de obra pública a obtener solo el 2%, de la 5ª a la 15ª posición de las empresas adjudicatarias y de un éxito del 12,5% a uno del 5% en los concursos a los que se presentaba.
Los dos peritos analizaron toda la obra pública vinculada a la Generalitat que obtuvo la constructora entre 2003 y 2014, dividida en tres períodos: el primer tripartito, de 2003 a 2006, el segundo tripartito, de 2007 a 2010, y el gobierno de CiU de Artur Mas, de 2011 a 2014. Así, las adjudicaciones fueron bajando entre el primer tripartito y el gobierno de CiU, Copisa pasó de ser la 5ª constructora más contratada a la 15ª, y pasó de ganar el 12,5% de los concursos a los que se presentaba, al 5%. Además, también analizaron los contratos ganados por invitación particular: de las 42 invitaciones recibidas en los 11 años analizados, ganó 26, pero 22 fueron durante el segundo tripartito.
Sobre estos contratos, también declararon, brevemente, dos inspectores de la Agencia Tributaria que colaboraban con la Fiscalía Anticorrupción, que analizaron las operaciones de Jordi Pujol Ferrusola, su exesposa, Mercè Gironès, y las empresas de ambos. Ninguno de los dos afirmó haber detectado ninguna irregularidad flagrante porque, además, su trabajo para la fiscalía solo fue obtener información de los movimientos accionariales y facturaciones de las empresas del primogénito del presidente Pujol y de su exesposa. Un lunes poco habitual, para suerte de las defensas.
