Nueva fecha en el juicio per el 1-O al presidente del grupo parlamentario de ERC Josep Maria Jové, al presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación; y a la consejera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga por desobediencia grave a la autoridad. La sala de lo civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha puesto en agenda la vista oral por los tres dirigentes republicanos después de dos aplazamientos, el último, por coincidencia con la campaña para las elecciones en el Parlamento de Cataluña del pasado 12 de mayo. En principio, el juicio empezará las sesiones el 2 de octubre y se alargará durante varias sesiones hasta el 29 de noviembre.
La nueva convocatoria, comunicada a través de una diligencia del secretario judicial del TSJC, llega una semana antes de que el Congreso de Diputados apruebe la ley de amnistía. Un texto legal que podría hacer caer el juicio. De hecho, esta vista oral es la derivada de la investigación del Juzgado de Instrucción 13 sobre el Proceso y que, por aforo, de los procesados, le corresponde al TSJC enjuiciar. Además, antes de llegar a juicio ha habido fuerza procesos paralelos que han complicado el procedimiento, como por ejemplo recusaciones al presidente de Tribunal, Jesús Maria Barrientos, no solo por parte de las defensas, sino incluso, de la acusación particular de Vox.
Un juicio dudoso
Las defiendes esperan que el juicio caiga del calendario con la aplicación de la ley de amnistía. En este sentido, hay que remarcar que el Juzgado de Instrucción 13 y el Juzgado de Instrucción 18, que han instruido partes de la causa no sin polémica procesal entre los dos, todavía no han elevado la causa a la Audiencia de Barcelona para celebrar la vista. Un letargo pensado en clave de amnistía. De hecho, ya hay tres procesos judiciales parados a la espera de la aplicación de la ley del perdón a los independentistas.
El juicio a Jové, Salvadó y Garriga se deriva de su supuesta implicación institucional en la organización del referéndum. Jové era el número dos de la consellería de Oriol Junqueras, el octubre de 2017 y Salvadó, el secretario general de Hacienda, encargado de poner en marcha las estructuras de estado impositivas. Garriga era directora de Servicios de Vicepresidencia y Economía y Hacienda, pero la instructora del caso, Eugènia Alegret, concluyó que, a diferencia de Salvadó y Jové, no había cometido malversación y solo le imputó desobediencia grave.
