Se había hecho esperar, había costado Dios y ayuda conseguirla. La aritmética parlamentaria permitió el pasado 16 de agosto comprometer el PSOE y Sumar a crear una comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. Formó parte del pacto de Juntos y ERC con el PSOE por la Mesa del Congreso para elegir Francina Armengol segunda autoridad del Estado como preámbulo de la investidura. Las expectativas, y también las esperanzas, se aseaban con un instrumento que políticamente podría ayudar a aclarar las zonas oscuras que habían quedado pendientes del atentado.
En concreto, la figura del imam de Ripoll, Abdelbaki se Satty, y su turbia relación con los servicios de información del Estado, los errores en los protocolos de prevención por parte de los Mossos d’Esquadra, la descoordinación de los cuerpos policiales, los vacíos de la investigación, las pruebas de ADN y las explicaciones sobre los reactivos caducados, y sobre todo, que se ha hecho para evitar otra tragedia como esta. Nueve meses después, pero, el Tribunal Constitucional, ha bloqueado toda esperanza de aclarar las responsabilidades políticas y policiales del ataque yihadista que golpeó la sociedad catalana.
Todo porque la negativa a investigar la vulneración del derecho a saber la verdad por parte del Tribunal Constitucional permite a la Moncloa argumentar la negativa del gobierno a desclasificar documentos sobre los atentados que tienen carácter reservado o secreto, con la complicidad de la parte españolista de la cámara baja española. De hecho, el TC era la única esperanza después de la resolución de 347 páginas del Tribunal Supremo, que a pesar de que con errores, cerraba el caso judicialmente el pasado noviembre. La decisión de los magistrados del Tribunal Constitucional de negar la tramitación del recurso de amparo por vulneración del derecho a la verdad es una traba casi imposible de superar para conseguir que la comisión haga su trabajo. La curiosidad es que la resolución ha llegado casi a la vez que Juntos, ERC y PSOE pactaban como desclasificar documentos basándose en este «derecho a saber la verdad», que es el derecho que, por ejemplo, sirve para constituir comisiones de este tipo a la Asamblea Nacional Francesa.
Sin documentos secretos
La decisión del Constitucional ha llegado en el momento justo para el PSOE. Las negociaciones estaban en un punto que los juntaires tenían presionado al PSOE para conseguir la desclasificación de documentos sobre los atentados sometidos a través de la ley de secretos oficiales. El argumento principal tanto de republicanos como de juntaires era el «derecho a saber la verdad». A pesar de que los socialistas, siguiendo el criterio de la abogacía del Estado, hacía el remolón a desclasificarlos, habían bajado la guardia. Incluso, habían abierto la puerta a la comparecencia de responsables y analistas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la comisión en abierto y no en la comisión de secretos oficiales. Con las razones esgrimidas ahora por parte del TC, según el cual «el recurso por saber la verdad no tiene trascendencia constitucional», han vaciado de fuerza la posición de los grupos independentistas en la cámara.
A todo esto, hay que añadir otro parámetro, y es la sentencia del Supremo que cerraba el caso. La resolución permitía a las mayorías parlamentarias que pueden configurar PP, Vox, o incluso, el PSOE, bloquear comparecencias sensibles o comprometidas, incluso para peticiones documentales. Pero la oportunidad que permitía tener abierta el amparo en el Constitucional era una herramienta de presión por contraargumentar la oposición a la desclasificación o las «comparecencias sensibles». Ahora, con el carpetazo por la vía rápida del TC, quedan establecidos los parámetros del Supremo, según el cual no se ha vulnerado ningún derecho a saber la verdad y ha reducido prácticamente a anécdota las relaciones del imam con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o el servicio de información de la Guardia Civil.
«Con la crisis abierta con el poder judicial y sin el comodín del Constitucional, nadie pondrá en entredicho la resolución del Supremo», indican fuentes de la comisión al Mundo. «Una cosa era el Supremo y el otro lo Constitucional, ahora con la etiqueta de más progresista. Con suya la decisión, el PSOE queda liberado», añaden. Ahora la comisión corre el peligro de solo poder incidir en las relaciones y las medidas que se han adoptado desde los atentados. El que más ha sorprendido los diputados ha estado que la decisión ha llegado cuando se cerraba prácticamente el plan de trabajo que permitía la desclasificación de documentos basándose en el derecho a saber la verdad que sustentaba el recurso de amparo.
