Nueva jornada de la instrucción del caso Sitges de presuntas irregularidades en las subvenciones otorgadas a la Mesa del Sector Social Sitges-Garraf. Después de que el pasado seis de febrero se pospusieran las declaraciones de un caso que ya acumula casi una veintena de imputados, esta mañana se han retomado. La estrella de la jornada ha sido el regidor del gobierno de Sitges, Jaume Monasterio, que ha contestado a todas las partes. La defensa la ha planteado con el argumento que si hubo ninguna irregularidad no fue de manera intencionada, o, en todo caso, por «desconocimiento». A Monasterio, igual que la alcaldesa del municipio, Aurora Carbonell, los dos de ERC, lo investigan por delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
El mantra más repetido ante la jueza de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú, que lleva el caso, es que no ha habido intención de beneficiar los responsables de la Mesa del Tercer Sector. Así lo han expresado fuentes judiciales a la ACN, en la salida de los tribunales. De hecho, el edil de ERC ha defendido que la última legislatura el gobierno recondujo el sistema de subvenciones y contratos menores adjudicados a la Mesa del Tercer Sector. Una decisión a raíz que la interventora los advirtió por escrito que los procedimientos no eran correctos. En este marco, ha recordado que el Ayuntamiento ordenó el retorno de todas las subvenciones.
Aclarar como se han dado 600.000 euros
Los agentes de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, encargados de la investigación, calculan que de los 600.000 euros gastados entre los años 2017 y 2022, hay 180.000 que corresponden a subvenciones. En todos los casos, Monasterio ha asegurado que si hubo irregularidades administrativas fue por desconocimiento. De hecho, ha echado hacia los subordinados al recordar que tenía trabajadores a cargo suyo que redactaban los expedientes de contratos menores y de concesión de subvenciones. En todo caso, ha argüido que la interventora no dijo nada sobro ningún defecto de las concesiones hasta principios del 2022.
Según han apuntado fuentes judiciales, la interventora hizo el informe de control financiero sobre las irregularidades después de que no le renovaran la comisión de servicios por la cual estaba trabajando en el Ayuntamiento de Sitges. En este punto, insiste que el informe solo recogía defectos de pagos y gastos mal justificados que en los interrogatorios de hoy se han intentado aclarar. Así, una vez advertidos por el informe de la interventora de los defectos de la contratación de los expedientes, se revisaron y se reclamó el retorno de las subvenciones. Retornos que ahora todavía se están aprobando en diferentes comisiones de gobierno.
Este martes también han sido citados a declarar como investigados el regidor Ignasi Rubí (FETS), que en noviembre dejó su cargo en el gobierno después de ser imputado a la causa. Se da la circunstancia que Rubí mantiene una relación estrecha con el presidente de la Mesa del Tercer Sector Social Sitges-Garraf. La jueza también ha tomado declaración como investigados esta mañana a los dos hijos del presidente de la entidad y a dos trabajadores del Ayuntamiento. El pasado 6 de febrero declararon como investigados el exregidor Guillem Escolà, el secretario municipal y otros jefes de área y trabajadores del consistorio.
El próximo mes la jueza ha citado, también como investigados, la alcaldesa Aurora Carbonell y el exalcalde Miquel Forns, así como el gerente y un ingeniero municipal. La gran mayoría han declarado o lo harán hasta el próximo 18 de marzo, mientras que el presidente de la Mesa del Tercer Sector Social Sitges-Garraf y su mujer ya lo hicieron a finales de junio. Ellos dos fueron los únicos detenidos que el día del registro en el Ayuntamiento pasaron la noche al calabozo para pasar después a disposición judicial, cuando la magistrada acordó la libertad con cargos.
