El presidente en el exilio, Carles Puigdemont, su abogado, Gonzalo Boye, y su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, han presentado este martes una querella por prevaricación y malversación contra el juez instructor de la trama rusa del Proceso, Joaquín Aguirre. Lo han presentado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En la querella piden a la sala de lo penal que suspenda el juez de la investigación de la operació Volhov, la trama rusa del proceso que hace meses que tiene en marcha sin nuevos indicios. De hecho, hace solo debe días Aguirre abrió una pieza separada a la causa contradiciendo las órdenes de la Audiencia de Barcelona en el que acusó de alta traición a Puigdemont para que no pudiera ser incluido en la amnistía. Además, Aguirre alargó seis meses más la instrucción para torpedear la aprobación de la amnistía y se reivindicó a sí mismo en un audio polémico publicado este lunes.
En la querella, el abogado que representa Puigdemont en este caso alega que el presidente al exilio se ve directamente afectado por la actuación de Aguirre: «Mi cliente se ha visto sorpresivamente incluido en una investigación sobre alta traición como jefe de una supuesta trama rusa por el hecho de haber presidido el gobierno que organizó la celebración del referéndum». «Mi cliente aparece como investigado al auto del 21 de junio del 2024, sobre incoación de pieza separada sobre «injerencia rusa», por lo tanto, está directamente afectado por los hechos cometidos presuntamente por el querellado, dado que ha sido incluido en una investigación judicial que se tendría que haber cerrado».
Acusan a Aguirre de «burlar el cumplimiento de resoluciones dictadas por superiores»
Además, la defensa de Puigdemont considera que el magistrado «instrumentaliza la creación de piezas separadas, con una finalidad ilegítima e ilícita, que no es otra que burlar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por sus superiores jerárquicos». «Por ahora ya se ha dictado una interlocutoria en que 13 personas ilegalmente están siendo investigadas y se encuentran a expensas del arbitrio del querellado, sin ninguna posibilidad de defenderse y con graves expectativas de ver, todavía más, menguados sus derechos constitucionales», recogen los denunciantes en la querella.
