Nuevas resoluciones encaminadas a la celebración del juicio a la familia Pujol Ferrusola. La Sección Primera de la sala penal de la Audiencia Nacional, el tribunal que juzgará el caso a partir del mes de noviembre, ha dictado varias resoluciones sobre la admisión de pruebas solicitadas por las diferentes partes, sobre todo testificales y documentales. A pesar de estas resoluciones, todavía deben dirimirse nuevas peticiones y recursos sobre inadmisiones de pruebas, que incluso podrían justificar alguna cuestión previa antes de iniciar la vista.
Por el momento, las magistradas Carolina Rius, Maria Riera y Fernanda García, que es la ponente, han admitido una larga lista de 255 testigos. En varias resoluciones justifican la admisión o el rechazo a convocar algún testigo. Unos de los testigos que destacan son los exresponsables de la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad que cerró a raíz de la aparición de las cuentas donde la familia Pujol tenía el dinero depositado que, a priori, provenía de la herencia.
Así, las magistradas aceptan, a petición de las defensas, a Higini Cierco, uno de los propietarios de la BPA, la secretaria del Consejo de Administración, Roser Castelló. La resolución puntualiza que todos son testigos aunque todavía no han declarado en este procedimiento durante la instrucción. Sin embargo, la sala considera que es pertinente su citación en tanto que hay que aclarar «la obtención de la documentación bancaria de las cuentas de la familia Pujol que dio lugar a la primera comisión rogatoria». De hecho, la sala quiere aclarar la licitud de esta prueba que podría ser fundamental en el desarrollo del caso. Por otro lado, y a petición del ministerio fiscal, la Audiencia Nacional también ha admitido las testificales de Manel Cerqueda y Òscar Ribas, presidente y vicepresidente de Andbank, donde la familia había tenido el dinero. El ministerio público también ha reclamado al consejero delegado de la BPA, Joan Pau Miquel.
Políticos y exparejas
Una de las testificales que despierta más curiosidad es la de Victòria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola. Una prueba que solo ha sido solicitada por la exesposa del Júnior, Mercè Gironès, que también había pedido la exlíder de PPC, Alícia Sánchez Camacho, que ha sido denegada por el Tribunal. Una petición que ninguna de las partes implicadas, ni siquiera el ministerio fiscal, entiende.
En la lista se añaden el actual consejero de Justicia, Ramon Espadaler, que fue líder de Unió, el exconsejero de Medio Ambiente con ICV Salvador Milà o el empresario Jordi Puig, hermano del también exconsejero Felip Puig, además del asesor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté. La sala también ha aceptado el testimonio de Esteban Urreiztieta, periodista del diario El Mundo.
El juicio se iniciará el próximo noviembre y está previsto que finalice el 23 de abril. Una vista donde la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 9 años de prisión para el expresidente de la Generalitat por asociación ilícita y blanqueo de capitales, y entre 8 y 29 para sus siete hijos y para la esposa de su primogénito, Mercè Gironès. En concreto, son peticiones de 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, 17 para Mercè Gironès, 14 para Josep, y 8 para Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta. También pide cinco años de prisión para los 10 empresarios investigados.
