Jorge Negrete, el gran cantante mexicano, habría encontrado inspiración en las once jornadas que se han celebrado del juicio contra los Pujol Ferrusola. La aventura mexicana de Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironès, a través del proyecto turístico e inmobiliario Azul de Cortés, ha centrado las sesiones. De hecho, es uno de los casos que han obsesionado a la Fiscalía y, de rebote, a la Abogacía del Estado, que ha vuelto a recuperar la fórmula de comenzar sus interrogatorios advirtiendo que trabajan para la Agencia Tributaria, es decir, el verdadero poder del Estado.
Azul de Cortés ha aportado a la vista oral las mejores sesiones del juicio. Un negocio que la Fiscalía se esfuerza en hacer pasar por una «simulación» para camuflar las presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas a empresas constructoras como Isolux. El negocio fue redondo. Una inversión arriesgada que hizo multiplicar por cinco el dinero aportado en un audaz contrato fideicomisario de proyecto empresarial. Invertir dos millones y recibir quince. Todo esto en un proyecto que podía costar entre 1,600 y 2,000 millones de euros, pero que podría suponer unos ingresos de 6,000.
Los números de la aventura inmobiliaria e inversora, la cantidad de empresas que se añadieron, la venta de dos de los impulsores a la empresa de la cual eran accionistas, y el hecho de que el hijo mayor del expresidente Jordi Pujol estuviera involucrado ya son suficientes indicios, para el ministerio fiscal, para componer e interpretar una trágica ranchera mexicana de corrupción. Una canción, que, convenientemente entonada por los mariachis habituales, tenía todos los números para triunfar. Pero, ay, la desfilada de testigos ha comenzado a hacer desafinar a la Fiscalía. Nada ha acreditado hasta ahora que Azul de Cortés fuera una pantomima para esconder comisiones. Al contrario. Este miércoles se ha remachado el clavo.
Renuncias y un testigo
La sesión ha comenzado, como ya es habitual, con renuncia del ministerio público a cuatro de los once testigos previstos para la jornada. Unas renuncias que ya han puesto nervioso al presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, a quien cada día se le hace más largo el juicio y que ha insinuado al ministerio público que, si quiere renunciar a testigos, avise antes, porque en la Audiencia Nacional hay mucha ropa y poco jabón. Y bastante trabajo tienen en evitar que las declaraciones telemáticas no sean sesiones de espiritismo.
De todas formas, si estas renuncias fueran de las defensas, seguramente, el magistrado no mostraría la misma sonrisa que dedica a las acusaciones ni sería tan condescendiente. Incluso, cuando ha preguntado hoy a un testigo si conocía a alguno de los acusados y le ha contestado, inocente, que «ni idea, que no sabía ni quién le había citado», el magistrado ha elevado el tono de voz con un efectivo «le ha citado la Audiencia Nacional». Una expresión que, bien analizada, daría para una tesis doctoral del concepto del poder.
Así, hecho sábado de la agenda de la jornada, ha subido al estrado el primer testigo del día, que prácticamente ha ocupado la primera hora. De hecho, ha sido del estilo de Julio Bonis, el expolítico canario y hábil capitán de la marina mercante, que impulsó el proyecto ejecutado allí donde Hernán Cortés desembarcó en el siglo XVI. Bonis detalló con todo lujo de detalles todo el proyecto y el éxito empresarial que definió como «oportunidad».
«Esto era irrelevante»
Siguiendo este relato, se ha sentado Ángel Serrano, testigo número 78. Un hombre con prácticamente el mismo peinado y aspecto que el Severus Snape de Harry Potter, con un verbo pulido y con evidentes señales, como el pañuelo en el bolsillo de la solapa, que no es miembro de la Internacional Comunista.
Serrano con solvencia, seguridad y aportando datos interesantes, ha defendido la existencia del proyecto, su viabilidad y el negocio que suponía para Isolux, empresa de la cual era miembro del consejo de administración desde 1999. El ejecutivo ha admitido sin complejos que conocía a Jordi Pujol Ferrusola y su papel en la transacción a través de IMISA, Iniciativas de Marketing, la sociedad operativa del primogénito del expresidente.
Al fiscal Fernando Bermejo, que sufre sobre todo porque la fiscal de origen del caso, Belen Suárez, no construyó bien la acusación, le inquietaban tres cuestiones que quería que Serrano aclarase. En primer lugar, la empresa Juandro Consultores SL, de Bonis y primer contacto del proyecto. Es decir, si conocía la empresa y si no le extrañaba que hubiera abierto una cuenta corriente días después de fundarse, así como el poco historial financiero que teóricamente ostentaba. Serrano ha puesto el mismo gesto que si a un mecánico de coches le preguntas si la pintura del coche influye en el cambio de marchas.
«Esto era irrelevante», ha sentenciado con contundencia para añadir los números con los que trabajaba en aquella época Isolux, con «miles de agentes comerciales, presentadores de proyectos, promotores o busca inversiones por todo el mundo». «Como Juandro Consultores teníamos trescientas empresas en un mismo momento», ha enfatizado y «no estábamos para mirar cómo se habían hecho». «Lo que interesaba eran tres cosas: el precio, el proyecto y si era razonable, el resto era irrelevante», ha afirmado con tono de protagonista de Michael Douglas en Wall Street. En conclusión, el proyecto, según Serrano, «interesaba».
Más preocupaciones del fiscal
Otra de las preocupaciones del fiscal era el crédito puente que Isolux hizo a Juandro Consultores para firmar el contrato de compromiso para impulsar el proyecto. Un crédito puente de un millón de dólares. «¿No lo recuerda? ¿Una cantidad tan importante no la recuerda?», ha inquirido el fiscal. El rostro de Serrano ha sido más contundente que su respuesta, más cortante que un bisturí del doctor House. «¿Una cantidad importante? ¿Usted sabe los importes con los que trabajábamos por todos los países del mundo? Estamos hablando de un proyecto de entre 1,500 y 2,000 millones de inversión con un valor final de unos seis mil millones», ha contestado. «Isolux compró el proyecto a un precio muy por debajo de los análisis que habíamos hecho, fue muy rentable», ha remarcado.
La otra duda del ministerio público es cómo es que Luis Delso y José Gomis vendieron el proyecto a Isolux, la constructora de la cual eran accionistas. Serrano ha saltado como un resorte y solo le ha faltado decir ‘pobres de ellos que no lo hubieran hecho’. De hecho, lo ha definido como una «convergencia de intereses y no como un conflicto de intereses». «¡Habría sido una deslealtad que no hubieran ofrecido el proyecto a Isolux!», ha exclamado Serrano para añadir que habría devenido un hecho «muy negativo para Isolux». «Personalmente, me enteré del proyecto y recomendé a Delso y Gomis que lo presentaran al consejo de administración», ha narrado ante la sorpresa del fiscal.
Por otro lado, Serrano ha subrayado la «ingente cantidad de documentos» que generó el proyecto y la gran «cobertura jurídica y económica en la cual participaron siete u ocho grandes empresas como KPMG, Deloitte, Norton, Richard Dellis … o el Banco Internacional de Inversiones Lazard». Empresas que tenían su sistema de «cumplimiento y que no detectaron ninguna irregularidad». «Fue un negocio jurídico ordinario y real, es imposible simular un proyecto de esta naturaleza con la intervención de ocho o nueve empresas internacionales con sus sistemas de cumplimiento, es imposible», ha aclarado con vehemencia a la Abogacía del Estado. El abogado de Pujol Ferrusola en la sala, Cristóbal Martell, no ha formulado ninguna pregunta. No le hacía falta. Jorge Negrete se había quedado prácticamente sin historia.
