Rozando el poste, y tras una indignación indisimulada de las formaciones independentistas, el último Consejo de Ministros del año ha aprobado la desclasificación de la documentación de los Ministerios de Defensa e Interior sobre los atentados de Barcelona y Cambrils del 17-A. Una medida reclamada por ERC, Junts, Sumar, Eh Bildu, PNB, Podemos y PSOE-PSC que los grupos parlamentarios consideran clave para proseguir la investigación en la comisión del Congreso.
Tras una primera entrega de documentos que no aportaban ninguna novedad relevante, porque la Moncloa no había ordenado la desclasificación, la decisión tomada esta mañana afecta a todos los registros sobre los atentados. En el paquete se incluyen los informes de las visitas del CNI al imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, durante su estancia en la prisión de Castellón.
Documentación
La desclasificación también implica las declaraciones de testigos y vídeos e imágenes. Entre otras, las pruebas que se realizaron en la furgoneta que el imán de Ripoll tenía aparcada en Sant Carles de la Ràpita y que los agentes encontraron dos días después de los atentados. Es decir, las controvertidas pruebas de ADN que algunas defensas y acusaciones siempre han puesto en duda.
La decisión llega después de que las altas instituciones de seguridad del Estado y sus representantes en el momento del atentado hayan negado de manera rotunda que el imán fuera un colaborador, un informante o un confidente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Hasta ahora el Ministerio de Defensa, en manos de Margarita Robles, el ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande Marlaska, y el CNI habían evitado concretar la desclasificación de los documentos sobre los atentados alegando, en primer término, la seguridad nacional y, en última instancia, como el pasado 3 de diciembre, porque la Comisión no había cursado la petición de manera adecuada.
