4.000 euros. Esta es la fianza que ha ordenado, la titular de la Sección de instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Barcelona, la magistrada Alejandra Gil, para admitir a trámite la querella interpuesta por el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia. En un brevísimo auto, de una página y al que ha tenido acceso El Món, la togada otorga hasta el día 20 de marzo para poder abonar la fianza y tres días para poder recurrir la decisión a la Asociación Guardianes de la Inocencia, que presentó la querella contra consejeros, altos cargos y directivos del departamento de Derechos Sociales de los últimos años.
La jueza se basa en el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que antes de acordar la admisión a trámite de una querella, pueda ser preceptivo la prestación de una fianza por parte del querellante a fin y efecto de tenerla por personada como acusación popular. En este sentido, la magistrada entiende que esta asociación no entra en ninguna de las excepciones de la ley para prestar este depósito. Fuentes de la entidad apuntan a El Món que recurrirán la decisión pero que permanecen abiertos a «colaboraciones ciudadanas para poder seguir con el proceso, después de más de 7 meses de lucha para que se acepte a trámite la querella». Por eso, piden ayuda a través de las donaciones en su web.
Una querella con un largo camino
La querella se presentó el pasado mes de julio ante el juzgado de guardia y señala a los exconsejeros Chackir El Homrani y Violant Cervera, el exsecretario general Josep Ginesta y Ester Baras, y todos aquellos responsables políticos y funcionarios que tuvieran alguna responsabilidad. Los delitos que plantea la querella son los de prevaricación, negligencia y omisión del deber de protección. Todo en el marco de la niña de 12 años víctima de la red, además de las irregularidades en la gestión de prestaciones económicas para jóvenes extutelados por parte del Servicio de Evaluación y Apoyo al Postacogimiento (SEVAP) de Girona y que investiga la Oficina Antifraude de Cataluña y que fue detectada por la Sindicatura de Cuentas.
La querella no llegó al juzgado definitivo hasta meses más tarde. De hecho, los querellantes tuvieron noticia a finales de octubre de que había ido a parar al entonces Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. El pasado mes de diciembre, los querellantes presentaron un escrito de impulso procesal de la querella porque había quedado en vía muerta. La jueza pidió «concreción a la querella» y la Asociación amplió su escrito aportando más datos al relato y los posibles nexos de causalidad. No ha sido hasta este 13 de marzo que se ha notificado la petición de fianza para abrir la instrucción del caso. La Asociación «no entiende por qué no abre la instrucción» aunque pida la fianza para personarse como acusación popular porque el juzgado ya tiene la «noticia criminis» con la que podría dar traslado al ministerio fiscal para llevar a cabo la instrucción.
