El caso Santos Cerdan, derivado del caso Koldo y del caso José Luis Ábalos, y a su vez, derivado del caso Hidrocarburos de la Audiencia Nacional, comienza a tener visos de un caso de manual. Un sumario en el cual los abogados defensores afinan el lápiz frente a un juez instructor, como Leopoldo Puente, que protege a capa y espada la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y mantiene un rumbo de culpabilidad hacia el exnúmero tres del PSOE, con el apoyo indispensable del ministerio fiscal, dirigido por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y las fiscalías a la sombra habituales en el panorama politicojudicial español.
Poco a poco, a medida que avanza la instrucción, y con Cerdán encarcelado más de 80 días, la dinámica entre los abogados defensores ha superado la habitual contienda con el fiscal, y se dirige directamente al juez. Como ejemplo, el último escrito presentado este viernes, por los abogados de Cerdán, Benet Salellas y Jacobo Teijelo. Un recurso de reforma contra la denegación de la ampliación de diligencias presentado el 3 de septiembre y que el magistrado rechazó de arriba abajo. El escrito, de 15 páginas y al que ha tenido acceso El Món, es un verdadero toma y daca con el juez con duras acusaciones a los argumentos esgrimidos por el instructor para denegar todas y cada una de las diligencias reclamadas por los letrados de Cerdán. El punto álgido se señala en este escrito donde apuntan la posible comisión de un delito por parte del juez instructor por vulneración de las garantías procesales en base a un delito contra las Instituciones del Estado y la división de poderes. Por otro lado, cargan las tintas sobre la vulneración de los derechos parlamentarios de Santos Cerdán y aprovechan el escrito para denunciarlo por «poner en conocimiento del juez la perpetración de cualquier delito público».
La rapidez no es una excusa
Desde el principio, el recurso reprocha al juez que no incorpore la causa del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, de donde nace la causa. En este sentido, critican que el togado alegue que sería «ineficaz» pero, en ningún caso, responde a los argumentos expuestos por la defensa como la «posible eficacia o relevancia exculpatoria de las actuaciones de otros procedimientos» para su cliente. En cuanto al argumento de que «la acumulación genera dilaciones y desorden», la defensa no está para bromas y la califica de «pueril y quizás frívola, siempre con el respeto debido y en estrictos términos de defensa».
Y no se quedan ahí. Al contrario, aprietan aún más alertando que «en los juicios sumarísimos de la dictadura no había dilaciones, el procedimiento es muy socorrido se eliminan las garantías y no haya retrasos». «En cuanto al desorden basta con poner en la balanza el contrapeso del derecho a la defensa y la contradicción de la prueba, ante esto el desorden procesal se arregla con ordenar», razonan. «Causas mucho más voluminosas se han tramitado sin mermar los derechos» sostienen el tándem defensor. «El desorden procesal como argumento jurídico no tiene ningún soporte constitucional conocido», añaden.
Sobre el valor de los atestados
«Los guardias hacen atestado, no juicios por delegación, sobre todo si no tienen pericia acreditada». Con esta afirmación, los letrados cargan sobre lo que consideran que está ocurriendo en el caso, es decir, reconvertir las sospechas policiales en un sumario judicial incriminatorio. «Si el informe al que se alude implica valoraciones económicas, debe elaborarse por peritos capacitados para ello, no por guardias de quienes no se conoce su ciencia o arte sobre la cuestión», corrigen. De hecho, los abogados urgen a que se entreguen los informes para poder hacer una contrapericia y un contrainforme por parte de expertos.
«El valor de estos llamados ‘informes’ es de argumentum ad baculum -un argumento que se sostiene con la fuerza- la información contenida en los archivos o documentos recogidos por los Guardias es la que es y sus valoraciones no tienen relevancia por sí misma, deberían aportar inmediatamente los documentos de que dispongan y si se acuerda en la causa o se entiende que es el sentido que los informes acordados, encomendar estos informes a peritos acreditados», argumentan. En esta línea, recuerdan que los informes entregados sobre las grabaciones ponen en duda no solo la cadena de custodia de los audios sino también su manipulación o edición.
