La causa del Tsunami Democrático empieza a tener derivadas inéditas en el sistema procesal español. La última decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia Castellón, que ha sido traducir al francés el informe apócrifo de los fiscales rebeldes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo para remitirlo en Suiza. El objetivo es preparar el documento para remitirlo en Suiza a pesar de que el fiscal antiterrorista de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha puesto el grito al cielo porque no es un documento que se pueda incluir en el sumario porque no está firmado por nadie.
El plan de García Castellón se delató en una providencia del juzgado del pasado 22 de febrero. Con esta resolución, el juez reclamaba un documento sin firma del que se había tenido conocimiento por los medios de comunicación, donde fiscales de la sala de lo penal del Tribunal Supremo apostaban para considerar los hechos del Tsunami Democrático eran terrorismo. Una decisión extravagante jurídicamente porque en ningún caso es un documento que se pueda incorporar porque «no está autentificado ni remitido oficialmente por sus autores». La decisión del magistrado fue recorrida justo el día siguiente por Carballo que criticó con dureza la decisión.
La intención del juez no es otro que mostrar que parte del ministerio público está a favor de sus tesis. El objetivo es convencer a las autoridades suizas, que tienen que gestionar posibles diligencias contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira y posiblemente contra el secretario de la Mesa del Parlamento, Ruben Wagensberg, que las protestes postsentencia fueron terrorismo-. O en todo caso, como afirma el Tribunal Supremo, en su interlocutoria de apertura de la causa penal contra el presidente al exilio Carles Puigdemont, terrorismo de calle o
El fiscal y las partes, a todas contra la decisión
El ministerio fiscal no se ahorró críticas a la posibilidad que García Castellón remitiera en Suiza el borrador con que fiscales de sala del Supremo apostaban por el terrorismo. De hecho, son el grosor del sector duro del ministerio público en abierta oposición contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de su mano derecha, la teniente fiscal Maria Ángeles Sánchez Conde, que descartaban del todo la posibilidad del terrorismo. Este documento, apócrifo, estaba inspirado por el tándem Fidel Cadena y Javier Zaragoza, fiscales de sala al Supremo y miembros activos y directores de la acusación contra los líderes independentistas del Proceso que acabaron condenados por sedición.
El pasado 23 de marzo, el fiscal Carballo pidió formalmente la revocación de la resolución que ordenaba incluir en el sumario explicativo en Suiza este documento. Entre los principales argumentos es que «no es procedente la unión de un documento no autentificado ni remitido por las vías oficiales ni, por lo tanto, su traducción y menos encara su remisión a las autoridades suizas».
Una razón contundente que llevaría recordando que significa la figura del ministerio fiscal y sus principios legales. Así, Carballo, «ponía de manifiesto el principio de unidad de actuación del ministerio fiscal, órgano constitucional único para todo el Estado». «Sus integrantes actúan como una misma persona a través de sus propios órganos», remarca Carballo para reclamar que la fiscalía solo actúa con una voz, y con la voz oficial y que se ha pronunciado ya ante el Tribunal Supremo. El fiscal no está solo en la petición, las representaciones de los imputados también lo han pedido. Pero, el juez, de momento, a pesar de que todavía no ha resuelto, ha pasado ya la petición de traducir al francés el famoso informe fantasma de los fiscales.
