El poder judicial español y el ministerio fiscal nunca han sido un estanque de agua desde que se instauró el régimen de 1978. De hecho, el temor a que las togas llegaran a ejercer un control social y político excesivo hizo que el poder constituyente impusiera la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial a través de las cámaras parlamentarias y del poder ejecutivo. Además, colocó al Tribunal Constitucional fuera del poder jurisdiccional, para intentar contener las veleidades de la derecha togada. A este contexto, hay que añadir que el sector progresista de la magistratura y del ministerio público siempre ha sido minoritario o, al menos, minorado.
La batalla por la supremacía absoluta de la derecha en las tribunas se ha mantenido viva y ha plantado cara a cualquier reforma o nombramiento que haya intentado no tambalear, sino simplemente hacer cosquillas al dominio del sector conservador. Ahora, sin embargo, se han roto todas las costuras y se han traspasado los límites que hasta hoy se habían mínimamente respetado. La imputación del actual fiscal general del Estado, el progresista Álvaro García Ortiz, es tan inédita como insólita, pero, en este punto de la crisis entre las dos Españas, totalmente previsible.
Por primera vez, el Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra un fiscal general del Estado. La imputación es por un supuesto delito de revelación de secretos a raíz del caso de fraude fiscal de, curiosamente, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder espiritual de la extrema derecha española desde el PP. Las asociaciones conservadoras presionan para que dimita y la izquierda española lo denuncia como un caso de lawfare de manual. El objetivo no es hacerle pagar sus decisiones sino conseguir apartarlo del cargo, lo que sería una victoria sin precedentes de la derecha española y que debilitaría de manera gigante el gobierno de Pedro Sánchez.
Una estrategia a largo plazo
La decisión de la sala que preside Manuel Marchena, que el próximo 8 de noviembre debe dejar el cargo, es la primera vez que se registra en España, a pesar de las crisis repetidas en el tiempo en la Fiscalía, peticiones históricas de dimisiones y el reguero de dimisiones y relevos, sobre todo desde los tiempos en que el PSOE de Felipe González abandonó la comodidad de las mayorías absolutas y la derecha mediática, judicial, económica y política vio una grieta por la cual podrían recuperar el poder.
Pero las circunstancias de los últimos años esbozaban que la crisis podría llegar a niveles insospechados. La imputación de García Ortiz no es flor de un día, ni mucho menos. Es una estrategia a largo plazo que llega en un momento de máxima presión para el PSOE y para Pedro Sánchez, con un trasfondo inquietante pintado con el caso Koldo, la investigación a su esposa, Begoña Gómez, la ofensiva furiosa de la extrema derecha y la derecha extrema y la amenaza constante de sus socios parlamentarios de hacerles retirar iniciativas legislativas aprovechando su debilidad de escaños.
Un cuadro que se ha acelerado con su posicionamiento en la cerrada defensa de la aplicación de la ley de amnistía que le supuso una verdadera guerra civil en la élite del ministerio fiscal. En todo este entorno, la Asociación de Fiscales -mayoritaria- y la derechista Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se han erigido en una verdadera oposición con la excusa de que con sus nombramientos ha favorecido a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) donde, aunque parezca extraño, militaba Javier Zaragoza, el fiscal del Procés. Un dato que ayuda a entender la dimensión política del ministerio público en relación con Cataluña.
Álvaro García Ortiz, la mano derecha de Dolores Delgado
La persecución de García Ortiz viene de lejos. De entrada, sus problemas llegaron cuando en marzo de 2021 accedió a la categoría de fiscal de sala, el estado mayor de la fiscalía, y fue nombrado fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Se convertía en el hombre de confianza y mano derecha de la entonces fiscal general del Estado, Dolores Delgado, excoordinadora de la fiscalía antiterrorista de la Audiencia Nacional y exministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, un detalle es que Delgado es la pareja de Baltasar Garzón, antiguo magistrado estrella de la Audiencia Nacional y número dos del PSOE de Felipe González en las elecciones al Congreso de 1993, las últimas que ganaron los socialistas en la etapa felipista.
La entrada de Delgado fue considerada una verdadera declaración de guerra por el sector duro de la fiscalía. De hecho, el ataque continúa hasta ahora después de que tanto la sala contenciosa de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo anularon el nombramiento de Delgado –por parte de García Ortiz, su antiguo subordinado– como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. De hecho, el desafío venía de lejos cuando la misma sala también dejó sin efecto el nombramiento de Delgado, también hecho por García Ortiz, como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, de la sala militar. No se puede olvidar que Javier Zaragoza mantiene una pésima relación con Garzón después de haber trabajado juntos muchos años. Un hecho que también ayuda a entender la participación del fiscal Zaragoza en las conspiraciones contra García Ortiz.
Todo este desafío del poder judicial hacia García Ortiz tuvo una reválida cuando, después de las elecciones de julio de 2023, el gobierno de Sánchez lo ratificó en el cargo a pesar del informe del Consejo General del Poder Judicial, que reprobaba su repetición en el cargo. También un hecho extraordinario en la historia judicial española.
El caso Stampa
Por otro lado, García Ortiz quedó atrapado en el caso de Ignacio Stampa, el fiscal adscrito a Anticorrupción que abrió la operación Tándem, sobre las actuaciones del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo. Una causa con más de cuarenta piezas separadas que dirigía el magistrado ahora jubilado Manuel García Castellón y que supuso el descubrimiento de los papeles de Bárcenas, la trama B del PP o la operación Cataluña, entre otras. En definitiva, todo el funcionamiento de la cloaca del Estado.
Stampa, ya fuera de la carrera fiscal, sufrió un duro expediente interno, dirigido por García Ortiz, como jefe de la secretaría técnica, cuando fue acusado de tener una relación con la abogada de Podemos que llevaba la acusación particular del caso. La acusación, sin embargo, llegó justo cuando se difundieron los audios de una larga comida entre Villarejo y Cospedal, donde se relataban verdaderos vicios de altos funcionarios de la magistratura así como la connivencia de Delgado y Garzón con miembros de la policía patriótica. Las supuestas maniobras de Delgado, con la virtual ayuda de García Ortiz, dejaron mácula en la influyente fiscalía especial anticorrupción que dirige con mano de hierro Alejandro Luzón Cánovas, un veterano que ha sobrevivido a un cargo difícil de llevar.
La amnistía, Tsunami Democrático y Ayuso entran en escena
García Ortiz, sin embargo, también ha sido protagonista de una de las batallas más virulentas que se recuerdan en el número 4 de la calle Fortuny de Madrid, la ostentosa sede de la Fiscalía General del Estado. En concreto, García Ortiz ha defendido la aplicación de la ley de amnistía sin reparo a pesar de la oposición de buena parte del influyente sector ultra de la fiscalía. De hecho, ha tenido que disponer de María de los Ángeles Conde, la teniente fiscal del Supremo -número uno de la carrera fiscal- para neutralizar la fiscalía penal, la fiscalía del Tribunal Constitucional e incluso la fiscalía superior de Cataluña que impedían facilitar la aplicación de la amnistía, arrastraban los pies o incluso se oponían. En este esquema también estalló otra batalla por si la fiscalía consideraba que Tsunami Democrático era terrorismo o no lo era. Una batalla que desgastó mucho los delicados equilibrios en la fiscalía del Estado.
En este panorama prácticamente bélico entró en escena Ayuso y el caso de fraude fiscal de su pareja, Alberto González Amador. Todo ello por la negociación entre el fiscal del caso, Julián Salto, adscrito a la Fiscalía de Madrid, y el abogado de González Amador para reconocer los hechos y pagar los importes y la multa y, de esta manera, ir a una conformidad con una pena reducida. Una nota de prensa de la Fiscalía puntualizando los detalles de la negociación, después de haber sido divulgado el caso en varios medios, hizo entrar en escena a uno de los más críticos con el sector progresista de la fiscalía, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribon, para denunciar un delito de revelación de secretos.
La maquinaria ya se había puesto en marcha. Varias denuncias con la entrada en escena de un viejo conocido del sistema español como fiel fiscalía en la sombra, el pseudosindicato Manos Limpias. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acumuló todas las denuncias y, finalmente, el 15 de julio remitió la causa al Tribunal Supremo, por la condición de aforado de los fiscales generales del Estado. García Ortiz, hombre sereno por naturaleza, esperaba la imputación y solo dudaba del momento en que se efectuaría. Es decir, todo indicaba que llegaría en el momento político oportuno y así ha sido. A partir de ahora, la dimensión del poder de la toga es absolutamente desconocida.
