Cerrar el caso antes de comenzar la investigación. La Fiscalía superior de Cataluña ha registrado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para solicitar el archivo de la querella por prevaricación que el presidente Carles Puigdemont interpuso contra el juez Joaquín Aguirre, por la instrucción de la causa Volhov. En el escrito, al que ha tenido acceso El Món, el ministerio fiscal considera que el magistrado que investiga la trama rusa del Proceso no ha cometido malversación de caudales públicos ni prevaricación dolosa por haber abierto una nueva pieza separada para continuar las pesquisas sobre la supuesta trama rusa del Proceso, cuando la causa madre había sido cerrada por orden de la Audiencia de Barcelona.
El escrito de doce páginas, al que ha tenido acceso El Món, lo firma la fiscal Assumpta Pujol, y asegura que no ve ningún indicio de los delitos denunciados. De hecho, la querella estaba firmada tanto por Carles Puigdemont como por el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye, los tres investigados en esta pieza separada de nueva creación. La querella consideraba que la apertura de esta nueva pieza era lo que se denomina una «clonación procesal», es decir, una maniobra para evitar el archivo de la pieza que había ordenado la Audiencia abriendo otra. En cambio, fiscalía interpreta que la nueva pieza se basa en la «cristalización progresiva» de nuevas pruebas o indicios que ha recogido el juez. Un concepto que utilizó el mismo magistrado en su auto de apertura de la nueva pieza.
Dos artículos
Tanto Puigdemont, Alay como Boye acusaban al juez de cometer los hechos delictivos que recogen el artículo 446 y 432 del Código Penal. En concreto, que el juez respondía a un «plan orquestado encaminado a incumplir el contenido decisorio» de la Audiencia de Barcelona del 29 de mayo pasado y desplazar los hechos investigados hacia otra pieza. Un mecanismo conocido en el argot jurídico como «clonación procesal» y que utilizan los jueces para evitar el cierre de investigaciones por orden de los órganos jurisdiccionales superiores, una conducta, en principio, ilegal.
La fiscal considera que la apertura de esta pieza es jurídicamente «aceptable y posible». De hecho, niega que sea una clonación porque técnicamente, con una esforzada interpretación, cree que no parte de la pieza archivada, sino de los datos del repositorio de los informes policiales adscritos a la causa madre de la Volhov, la pieza Igman y Catmon, que investigaba las subvenciones de la Diputación de Barcelona a entidades de cooperación.
