Sin más recorrido. El ministerio fiscal ha decidido cerrar definitivamente la persecución contra el ex consejero de Interior, Miquel Buch, y el sargento de los Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà, después de haber sido condenados y amnistiados por prevaricación y malversación. Todo ello por interpretación de la fiscalía del contrato que como cargo de confianza Buch hizo a Monaguillo por, supuestamente, encubrir su tarea de escolta al exilio del presidente Carles Puigdemont.
La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, primera de la carrera fiscal, registró un escrito el pasado 3 de septiembre con que desistía del recurso de casación que el ministerio público presentó después de la sentencia condenatoria de la Audiencia de Barcelona. La teniente fiscal considera que los delitos objetivamente y temporalmente se encuentran encuadrados en la ley de amnistía, del mismo modo que lo entendió la sección segunda de la Audiencia Provincial, después de la resolución del recurso de apelación por la sala de lo civil y penalti de Tribuna Superior de Justicia de Cataluña. La Fiscalía Superior de Cataluña presentó recurso de casación. De hecho, lo anunció.
Ahora, el ministerio público desiste del recurso y en no haber jefe más parte, Buch y Monaguillo ya son técnicamente amnistiados y sin responsabilidad penal. Un documento, al cual ha tenido acceso El Món, que ya ha sido proveído por la sala de lo penal y, por lo tanto, los magistrados ya tienen por retirado el recurso y la dejación.
Duras penas
El juicio a Buch y Monaguillo mostró a la ciudadanía la persecución que parte de los mandos de los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo contra los miembros del cuerpo que apuntaban simpatía hacia el proceso soberanista. En concreto, los dos fueron duramente condenados con una pena al ex consejero de cuatro años y medio de prisión y diez años y seis meses de inhabilitación por el delito de malversación; por el delito de prevaricación, otra de nueve años y medio de inhabilitación especial. En cuanto a Monaguillo, por el delito de malversación se lo imponen 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta, y nueve años de inhabilitación especial.
