La Fiscalía General del Estado está relajada ante la amenaza del que considera «movimiento violento independentista catalán». Así lo indica la Memoria de la Fiscalía 2022 que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado esta mañana en la ceremonia de la apertura del año judicial ante el monarca español, Felipe de Borbón a Madrid. Según los números del ministerio público, este movimiento violento habría perpetrado «24 ataques» en todo el año 2022. Una cifra inferior que, por los fiscales, denota «el agotamiento del independentismo» y el hecho que tienen que invertir más esfuerzos en la lucha contra la represión.
La memoria incluye estos datos en el capítulo de la Fiscalía Antiterrorista de la Audiencia Nacional junto con la actividad de la extrema derecha, de ETA, de los GRAPO y de la extrema izquierda. En este documento incluyen como grandes casos el sumario del 23S u operación Judas, las diligencias 104/17 que han estado secretas durante más de cinco años y las diligencias 85/2019 que investigan las acciones convocadas por Tsunami Democrático todas dirigidas por el Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón.
Menos acciones y más trabajo antirrepresivo
Según la estadística de la Fiscalía, se han computado 24 acciones violentas por parte del activismo independentista. En concreto, una acción de daños suyos de partidos o formaciones políticas; tres acciones similares en empresas privadas; ocho delitos de daños y de desobediencia; 11 delitos de daños e incitación al odio y un caso de enaltecimiento del terrorismo. Unas cifras que hacen que la evaluación actual de la amenaza no sea nada alta. De hecho, la misma fiscalía, apunta los posibles motivos por los cuales se ha rebajado esta actividad.
«Durante el 2022 se ha detectado una disminución de las acciones de sabotaje debido principalmente al agotamiento de la militancia y a la carencia de hechos relevantes para su imaginario que puedan ser utilizados como revulsivo para la convocatoria de grandes manifestaciones y campañas de acciones», afirma la memoria. «La pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos motivada también en parte por la acción de la justicia ha hecho que gran parte de su actividad se centre en la llamada «antirrepresión», añade el texto. En esta línea, concluyen que «la movilización en respuesta a los procesos judiciales detrae una cantidad más grande de recursos a estos colectivos, con la ejecución de campañas de pintadas o en redes sociales».
Tres sumarios vivos
En cuanto a las instrucciones judiciales abiertas, la fiscalía de la Audiencia Nacional centra la pelota en tres diligencias. En primer lugar, el sumario secreto y de gran alcance de las 104/2017, abierto a raíz del referéndum del Primero de Octubre. En segundo lugar, el sumario 99/2018 que investigó «la amenaza detectada» que a parecer suyo despertaban los Comités de Defensa de la República y que acabó con la Operación Judas el 23 de septiembre de 2019. Y, en último término, la macroinvestigación del Tsunami Democrático con el número 85/2019 que todavía está pendiente de recoger información de comisiones rogatorias internacionales para continuar la investigación. Un sumario, por cierto, que también se ha alimentado de la causa Volhov que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, a manos del magistrado Joaquín Aguirre.
