Archivado. Esta ha sido la decisión del juez en prácticas del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona para cerrar el espionaje con el software espía Pegasus al exvicepresidente del Parlamento, Josep Costa. En una breve resolución, de tres páginas, el juez concluye que no hay motivo para continuar la instrucción y pone en duda las conclusiones de Citizen Lab, el organismo que descubrió el espionaje de los dispositivos móviles a destacados líderes civiles, institucionales y políticos del Proceso así como a sus abogados.
El instructor también argumenta para cerrar el caso, la negativa de Costa a aportar su dispositivo móvil para ser analizado por los forenses informáticos policiales. De hecho, es una negativa recurrente de los espiados para, precisamente, evitar que sea borrado cualquier rastro o bien se pueda obtener más información de la actividad de los espiados. En este sentido, reprocha a Costa que la denuncia solo se sustentara por «un artículo de prensa, documentos del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo relativo al uso de spyware en los estados miembros, un artículo de Amnistía Internacional y un informe del Defensor del Pueblo con la rúbrica «Caso Pegasus: Vulneraciones del derecho a la intimidad, la defensa y otros derechos».
Citizen Lab… sólo las conclusiones
El juez añade que «la única mención» de Costa «relativa a la utilización del spyware Pegasus, consiste en la inclusión de su nombre en un listado de otros sin ninguna alusión al o a los momentos de afección, el terminal que hubiera sido objeto, así como, tampoco, a los indicadores de compromiso o traza de infección que pudieran haber encontrado». En la misma línea, el instructor critica que a pesar de que Costa «le otorgue valor preciso al informe de Citizen Lab, del cual solo se disponen de las conclusiones, la verdad es que, al menos así se desprende de su propia declaración a preguntas del Ministerio Fiscal, este laboratorio se ha limitado al análisis de los mensajes».
«Por tanto, de esto tampoco hay que inferir una justificada comisión que fundamente la continuación de la instrucción, ya que, una vez más, no hay comprobación material de la infección del dispositivo», concluye. Un argumento que enfatiza la negativa de Costa a entregar su terminal al «laboratorio especializado» que designe la instrucción judicial.
El archivo del caso contrasta con la noticia de esta semana de la orden del mismo juzgado, pero no del mismo juez – José Antonio Cruz de Pablo– de resucitar una investigación que parecía dormir el sueño de los justos. En concreto, la investigación sobre el espionaje con Pegasus a los exdiputados de la CUP David Fernández, Albert Botran y Carles Riera. El instructor ordenó investigar las cuentas del grupo NSO, fabricante del software, y ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desclasificar la documentación sobre el supuesto ciberespionaje.
