A solo una jornada de la sesión en el Congreso de Diputados que apruebe la esperada ley de amnistía, ya se difunden las primeras estadísticas de su aplicación. Uno de los primeros cómputos es el de la organización Alerta Solidaria, una hiperactiva entidad que reúne defensas de buena parte del activismo independentista y de izquierdas, que ha hecho una profesa e intenso trabajo, en la lucha contra la represión.
Según la estadística de Alerta, que ha recogido en un documento, hay 419 activistas y manifestantes susceptibles de entrar en la ley del perdón penal para el independentismo. Según la entidad, que remarca que solo hacen referencia y calculan sobre los casos que conocen, «son poco más de un tercio de las 1.168 personas represaliadas». Es decir, que al resto, a 749 personas, que son dos tercios del total, no los haría falta la Ley de Amnistía. Para todas ellas, su suerte ha estado contar con una sociedad civil organizada, que ha suplido, como lo haremos siempre, las carencias de la lenta e injusta vía institucional», arguye Alerta en su estudio.
Una fórmula de cómputo
Los datos que computa Alerta Solidaria son causas penales que afectan activistas y/o manifestantes. Por lo tanto, quedan excluidos de este recuento políticos o miembros de la administración o aquellos que han estado represaliados para trabajar bajo directivos del gobierno autonómicos, gobiernos municipales o sus responsables. De hecho, la única excepción del recuento La sola excepción que hemos hecho en este recuento ha estado incluir la causa de las 10 personas investigadas por la Audiencia Nacional con relación a Tsunami Democrático. Esta causa lo hemos incluido al haber investigadas activistas que no tienen nada que ver con la acción de ninguna administración. Cómo en el recuento del mes de noviembre que hizo Alerta, también se incluyen los procesados por la causa de la Operación Judas, de criminalización de los CDRs, o conocido también como el caso 23S.
Así, en detalle, la base del cómputo de Alerta son 1.168 manifestantes y activistas. De estas 1.168 personas, que han estado objeto de diligencias de todo tipo en juzgados de la orden penal, han visto archivada su causa 597 personas, es decir, un 51% de los casos. Las que han continuado sin archivo, 571 (49%). De estas 571 personas que no han tenido un archivo en su causa, se encuentran en instrucción 143 (25%), esperando fecha o celebración de juicio 127 (22%) y esperando sentencia, 12 (2%). En cuanto a los casos sentenciados, hay 152 (27%) y con sentencia absolutoria con todos los cargos, con condena total o parcial, 137 (24%). De aquí surge la cifra de 419 de ser susceptibles de pasar por la criba de la amnistía.
Un equipo de seguimiento
Desde Alerta Solidaria también informan que han conformado un equipo técnico de seguimiento de la aplicación de la Ley de Amnistía para «hacer una lectura política sincera, sin forzados discursos triunfalistas, que son en su origen del desengaño de la base popular independentista». Según, la plataforma, los impulsores de la ley «insisten a maquillar la realidad más dura: con esta ley ni hemos avanzado hacia la independencia, ni se han desactivado las armas del Estado para la represión política».
