«No está en manos del cuerpo». Este ha sido el argumento del director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, en su comparecencia de este miércoles en el Parlamento, para justificar que el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, aún no tenga un servicio de escolta. Un servicio que le otorga una ley de Presidencia aprobada por la cámara catalana. Ha sido la respuesta al portavoz de Junts, Josep Rius, quien en el turno de réplica le ha pedido explicaciones del porqué los Mossos aún no han proporcionado protección al presidente en el exilio y más cuando la administración catalana y española están en manos del mismo partido político.
Trapero ha señalado a Rius que «no depende del cuerpo» porque los Mossos d’Esquadra no pueden actuar en el exterior sin el permiso del ministerio del Interior. Un permiso que no llega. De hecho, el exjefe del cuerpo le ha recordado que pasaba lo mismo cuando el departamento de Interior estaba dirigido por un consejero de Junts, fuera Miquel Buch o Miquel Sàmper. Por tanto, Trapero se ha escudado en el ministerio del Interior para quitarse las pulgas de encima por la falta de protección de un presidente a pesar de los avisos de Rius sobre las amenazas constantes que sufre.
El PP tiene la solución
Por su parte, y aprovechando su turno de réplica el portavoz del PP en la comisión, el veterano Alberto Villagrasa, ha querido responder a Rius sobre la falta de escolta. «Si el señor Puigdemont se entrega seguro que estará muy bien escoltado por la policía», ha ironizado. De hecho, Rius se ha esperado al turno final por si acaso algún otro grupo lo pedía o preguntaba por esta cuestión. Curiosamente, los Mossos sí que han investigado y de manera profusa la llegada y la marcha del presidente Puigdemont el pasado 8 de agosto en el debate de investidura. De hecho, la misma comisión hoy ha aprobado una comparecencia para que se explique el dispositivo que los Mossos desplegaron durante aquella jornada.
En este sentido, la anterior administración con Joan Ignasi Elena de consejero abrió una batalla con el ministro del Interior Fernando Grande Marlaska por este servicio de escolta. Finalmente, Interior lo tramitó y todo quedó pendiente con la petición de un «informe» a la abogacía del Estado que aún no se ha entregado.
