Sorpresa en la documentación aportada por el Ministerio del Interior a la comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. En concreto, del acta de la Junta de Seguridad que el ministerio y la consejería de Interior celebraron en Barcelona, el 10 de julio de 2017, un mes y una semana antes de los ataques. Un documento que refleja el «buen nivel de colaboración entre los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado» en materia antiterrorista. Así lo certifica el documento entregado a la comisión para que los diputados de la comisión lo analicen y al cual ha tenido acceso El Món.
La afirmación que consta en el acta choca frontalmente con las acusaciones, posteriores al 17-A, por falta de coordinación y de traspaso de información entre los servicios de información de la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y los Mossos d’Esquadra, que levantaron todo tipo de suspicacias. De hecho, el mismo Josep Lluís Trapero, entonces jefe de los Mossos –y actual director general de la Policía– afirmaba en su primera entrevista después de ser absuelto de la acusación de sedición por los hechos del Primero de Octubre, concedida a La Vanguardia el 16 de agosto de 2022, que durante la crisis de los atentados la respuesta «más leal» la había tenido del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y no de los cuerpos estatales de policía.
Uno de los hechos que levantó más polvareda fue la relación que había tenido el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, y supuesto cerebro de los atentados, con la Guardia Civil, el CNI y el Cuerpo Nacional de Policía, que vigiló su estancia en la capital ripollesa. Una información que no se habría trasladado a los responsables de los Mossos d’Esquadra en la población durante el tiempo que se prolongó la vigilancia.
En la Junta de Seguridad de julio, además del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, participaron el consejero de Interior, Jordi Jané; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el secretario de Estado de seguridad, José Antonio Nieto; el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo; el secretario general de Interior, Cèsar Puig; el secretario general técnico del ministerio y futuro consejero de Interior de facto del 155, Juan Antonio Puigserver; el director del gabinete de Coordinación y Estudios del ministerio, el guardia civil Diego Pérez de los Cobos; el director general de la Policía de la Generalitat, Albert Batlle, y la jefa de la asesoría jurídica del departamento, Marta Gordi.
Explicaciones de los mandos
El punto número tres del acta se titula Análisis de seguridad en Cataluña y constatación del buen nivel de colaboración operativa en materia de seguridad y en especial en la lucha contra el terrorismo yihadista. En este punto, el presidente de la Junta de Seguridad, Carles Puigdemont, invitó al mayor y mando en jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, al Jefe Superior del Cuerpo Nacional de Policía, Sebastian Trapote, y al general en jefe de la zona de Cataluña de la Guardia Civil, Ángel Gozalo, a hacer un «breve resumen de la evolución de la seguridad en Cataluña desde el año 2009, el último año que se celebró una Junta de Seguridad».
Después de su intervención, según el relato del acta, intervinieron los entonces ministro y consejero del ramo, José Ignacio Zoido y Jordi Jané, para hacer un «breve análisis de la situación de la amenaza terrorista». «Ambos coinciden en destacar el buen nivel de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en valorar la importancia del trabajo en común y de la integración de la información disponible para los cuerpos policiales de ambas administraciones sobre cualquier tipo de amenaza -en especial referencia al terrorismo yihadista– para, mediante el análisis compartido, incrementar la eficacia policial», constata el acta.
De hecho, en aquella reunión se aprobó la integración de los Mossos en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). En este sentido, se establecía que la policía de la Generalitat podía aprovecharse y participar de «las funciones asumidas por el CITCO relacionadas con la elaboración de informes, el apoyo logístico y la formación, o derivadas de su carácter de punto focal o de contacto nacional en materias relacionadas con el terrorismo y el crimen organizado». La aprobación de aquel día suponía la integración del cuerpo en plenas funciones antes de un año. El acuerdo llegó mucho después, ya con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior y Miquel Buch como consejero.
