El PSC, partido de gobierno en España –como federado con el PSOE– y responsable del ministerio de Transportes, con el exalcaldessa de Gavà Raquel Sánchez al frente de la cartera, defendió en el Parlamento de Cataluña el traspaso total de Cercanías y en la votación consiguió el apoyo mayoritario de la cámara. En concreto, fue una propuesta de resolución en el debate de política general celebrado entre el 28 y el 30 de septiembre. El documento era la propuesta de resolución número dos del grupo de los socialistas e instaba al Gobierno de la Generalitat a pedir a la Moncloa el «modelo de traspaso de recursos económicos necesarios para la adecuada gestión de los servicios ferroviarios que sean competencia de la Generalitat». Todo pensado para hacerlo antes de acabar el año 2022.
El texto aprobado tuvo poca repercusión en medio de la crisis abierta en el Gobierno, entonces todavía de coalición, pendiente de sí Junts abandonaba o no el ejecutivo después del cese del vicepresidente Jordi Puigneró. Y, además, no ha tenido ninguna consecuencia práctica, a pesar de que la consejera de la Presidencia, Laura Vilagrà, escribió hace dos meses a la ministra para reclamarle ponerse manos a la obra.
A la vista de la actual crisis política por el estado de Cercanías, llama la atención hasta qué punto el texto iba al grano. Hasta el punto de proponer aprobar este traspaso en la siguiente comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. En el mismo sentido, también reclamaba «segregar la titularidad de la infraestructura» para «poder prestar servicios». La resolución establecía incluso una «revisión del Plan de Cercanías vigente (2020-2030)» para «incluir el conjunto del sistema ferroviario catalán». El texto fue aprobado con los votos a favor de PSC-Unidos, Comunes, Vox y la CUP; la abstención de ERC y JxCat y los votos en contra Cs y PPC. Siete meses y medio después, y con un nuevo episodio del fiasco del servicio de Cercanías en Cataluña por la avería de la R2 Sur, este documento duerme el sueño de los justos pero, si se relee, coge más vuelo que nunca.
Un documento de tres puntos
El texto que llevaron los socialistas al plenario reclamaba que el Gobierno abriera una ofensiva para reclamar el traspaso de Cercanías, el dinero para gestionarlo e incluso, parte de la infraestructura de la red. Así, el primer punto proponía al ejecutivo de Pere Aragonès «acordar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España, conjuntamente con el Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, antes de acabar en 2022, el modelo de traspaso de recursos económicos necesarios para la adecuada gestión de los servicios ferroviarios que sean de competencia del Gobierno de la Generalitat, para que se apruebe en la próxima Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, así como la titularidad de las infraestructuras que puedan ser segregadas de la Red Ferroviaria de Interés General dentro de Cataluña necesarias para poder prestar los servicios».
Un segundo punto establecía como se debía traducir económicamente este «modelo de traspaso». Básicamente, tenía que «garantizar los recursos necesarios para hacer frente al servicio con los máximos estándares de calidad, fiabilidad y atención al usuario». Es decir, un traspaso cuantificado en euros. En esta línea, la resolución subrayaba que «el acuerdo sobre el traspaso de los recursos económicos» se tenía que «complementar» con una revisión del Plan de Cercanías 2020-2030. Es decir, un plan planteado unilateralmente por el Estado –sin acuerdo con la Generalitat, según fuentes del gobierno catalán– que cuenta con una dotación de 6.000 millones de euros, de los cuales se habrían ejecutado mil. Este acuerdo tendría que incluir «el conjunto del sistema ferroviario catalán» y, por lo tanto, «garantizar la coherencia en los proyectos de mejora y el seguimiento de la ejecución de actuaciones, y la adecuada coordinación entre los administradores de infraestructuras y los titulares de los servicios».
La portavoz socialista defendiendo el traspaso
El texto también pedía en el Gobierno «acordar con Renfe las actuaciones necesarias para adquirir y mejorar los trenes y los talleres mientras no se dispongan de los de otro operador». Un apunte importante, dando por sentado que por ahora Alstom, Stadler y CAF ya están fabricando 97 trenes en una entrega a diez años vista, de los 101 previstos en total. Una operación que se llevó a cabo con autorización del gobierno español porque no se podían adquirir porque todavía no se ha firmado el contrato programa entre Generalitat y Renfe que preveía esta inversión.
En todo caso, la resolución de los socialistas –aprobada con los únicos votos en contra de populares y Ciutadans– avala la reclamación histórica de la administración catalana de autogestionarse el circuito de los trenes de Cercanías. De hecho, así lo argüía la portavoz del PSC, Alícia Romero, en la defensa de la moción durante el pleno. «Y también queremos, por ejemplo,» remarcaba, «avanzar en la mejora de nuestro autogobierno y la cooperación entre administraciones». «Por eso, presentamos dos propuestas de resolución, una sobre Cercanías y la otra sobre el aeropuerto», aducida. «Nos parece que tenemos que ir de lo que es pequeño al que es urgente,
Ahora, en plena crisis por la grave avería de la R2 y en medio de la campaña electoral, los socialistas se han replegado sobre la defensa de las inversiones del actual gobierno español, acusan la Generalitat de limitarse a hacer ruido y del traspaso no se sabe nada.
