Los Comuns y el Govern de la Generalitat han cerrado un acuerdo en el cual el ejecutivo catalán aumentará en 106 millones más el presupuesto para ayudas al alquiler de viviendas, una cifra que permitiría poder llegar a ayudar a cerca de 50.000 familias extra en toda Cataluña. La noticia adelantada por Catalunya Ràdio y confirmada por la ACN se encuentra enmarcada dentro de la negociación entre los Comuns y el Govern catalán para aprobar los presupuestos del ejecutivo de Salvador Illa.
El pacto implica que se incrementará el límite de los ingresos familiares anuales hasta los 36.279 euros, dejando lejos la cifra anterior de ‘solo’ 25.200 millones, y que establecerá «criterios de priorización para aquellas familias que destinan más del 30% de los ingresos de la unidad familiar al pago del alquiler». Desde los Comuns calculan que la medida permitirá que se beneficien un 25% de las familias arrendatarias. Además, el acuerdo entre Comuns y el Govern también prevé la actualización del precio máximo de los alquileres que se podrán cubrir con este paquete de ayudas.
Collboni anuncia un «escudo social» para facilitar el acceso a la vivienda a mayores de 55 años
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que desde el ejecutivo de la capital catalana impulsarán un nuevo «escudo social» de 400 euros destinado a facilitar el acceso a la vivienda de aquellos mayores de 55 años que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y en familias monoparentales. En una entrevista realizada en La2Cat y Ràdio 4, y que ha recogido Europa Press, el alcalde barcelonés, ha señalado que este escudo social impulsado por el ayuntamiento busca que aquellas personas que estén en riesgo de quedarse sin hogar puedan «complementar los alquileres cuando la inversión que realiza la unidad familiar es superior a un tercio de los ingresos».
Collboni, quien se ha visto presionado por la oposición por el desalojo del macroasentamiento de la Zona Franca, ha alertado que el sinhogarismo es un fenómeno que cada vez está afectando a más personas en toda Cataluña, el Estado español y Europa, un hecho que supone que, más allá de la problemática de la vivienda, estas personas puedan verse expuestas a problemas de salud mental y adicciones.
