Junts per Catalunya y Aurora Madaula han decidido aparcar el litigio abierto a raíz de una denuncia que había presentado la exdiputada a la Oficina de Igualdad del Parlamento por acoso y, según ha avanzado la ACN y ha confirmado este diario, han logrado un acuerdo para revisar los mecanismos internos del partido, que incluye formar de forma «continuada» sus cargos orgánicos y representativos en un plazo de dos años. «Junts per Catalunya, con la participación activa de Madaula, responsable de políticas de igualdad y de género en los últimos años, quiere ser una fuerza política motor en el proceso de cambio estructural hacia el nuevo paradigma que la sociedad y las instituciones merecen», han asegurado en un comunicado conjunto.
Según ha podido saber El Món de fuentes próximas al caso, el acuerdo, que se ha alargado en el tiempo porque la denuncia se hizo el noviembre pasado, ha estado posible gracias a una «mediación externa de reconocido prestigio aceptada por las partes». Así mismo, hay satisfacción en el entorno de la exdiputada porque, según las mismas fuentes, el acuerdo entre las dos partes porque consideran que implica un reconocimiento de los hechos de la denuncia y, además, el partido hace propósito de enmienda. Concretamente, el partido de Carles Puigdemont se ha comprometido a revisar su protocolo interno de prevención del acoso para adecuarlo a la ley 17/2020 del Parlamento del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
Turull y Madaula constatan en el comunicado hecho público este lunes que, a pesar de los «adelantos legislativos importantes» para prevenir este tipo de actitudes, «las instituciones públicas, los partidos políticos y una parte de la sociedad no han asumido, desgraciadamente, todo aquello que es necesario asumir». Así mismo, ambas partes afirman «de manera honesta y rotunda que encara estamos lejos de lograr los objetivos que son del todo imprescindibles«. «Abordaremos desde ahora mismo el debate imprescindible para ser líderes en el reconocimiento de la plena igualdad y la prevención de conductas que puedan encajar o ser percibidas como acoso y/o violencia machista», constatan, y aseguran que «nos queda todavía camino para recorrer», pero «tenemos que hacer el posible para erradicarlas».
El inicio del caso: unas declaraciones en el Parlamento de las Mujeres
El caso que se remonta en noviembre del año pasado cuando, en el marco del Parlamento de las Mujeres, Madaula aseguró que había sufrido «violencias silenciosas» por parte de compañeros, unas declaraciones que provocaron un gran malestar en el seno del que era entonces su grupo parlamentario. De hecho, diputados de Junts impulsaron una declaración contra Madaula para pedir a la dirección del grupo que tomara medidas contra la entonces secretaría segunda de la Mesa del Parlamento. Concretamente, 22 de los 32 diputados de Juntos firmaron un texto en contra que presentaron a la Comisión de Garantías, que también recibió la queja que presentó la propia afectada. Así mismo, la entonces presidenta del Parlamento, Anna Erra, se reunió con ella y la invitó a reflexionar sobre su continuidad en el cargo de la Mesa.
Madaula presentó una denuncia ante la Oficina de Igualdad del Parlamento por acoso en el interior del grupo parlamentario, como también había hecho la ya exdiputada Cristina Casol, ambas próximas a la presidenta del partido, Laura Borràs. La denuncia de Casol se acabó archivando, pero el informe señalaba que quedaba «acreditado» un ambiente de trabajo donde «el machismo más cultural está arraigado y donde se genera una diferencia de trato y competencias generales por motivos de sexo/género en que se producen varias discriminaciones directas e indirectas».
