Xavier Pellicer (Sabadell, 1983) es el portavoz parlamentario de la CUP-Un nuevo ciclo para ganar para Interior. Sociólogo y abogado, es la voz más crítica y fiscalizadora del Parlamento sobre el departamento de Interior y los Mossos d’Esquadra. Pellicer explica cuáles han sido los objetivos fallados de la legislatura respecto a las políticas de seguridad pública y defiende continuar el trabajo insistente tanto en el Parlamento como desde la organización política. El diputado repasa el que considera los dos «agujeros negros» de los Mossos d’Esquadra: las unidades de orden público y la Comisaría General de Información. Expone que los Mossos han acontecido un «cuarto poder», pero avisa que persistirá en la lucha parlamentaria por como mínimo parar esta dinámica.
Que se ha hecho y no se ha hecho en materia de seguridad esta legislatura?
Se ha hecho todo aquello que se tenía que hacer para perpetuar una situación y no avanzar. Pensábamos que esta legislatura era una oportunidad increíble desde el punto de vista independentista y de izquierda. Había dos objetivos, avanzar hacia la autodeterminación y avanzar para garantizar los derechos materiales de la población. Esto no se ha hecho. El que se ha hecho responde a la lógica de seguir los designios de la patronal y de la Ibex 35, y se ha intentado pacificar una situación impacificable. Todo esto ha generado que se eviten las condiciones para volver en 2017, se ha desmovilizado. Tenemos un gobierno secuestrado por los designios de los grandes poderes.
Uno de los primeros acuerdos de la legislatura fue replantear el orden público a Catalunya. La comisión de estudio del modelo policial acabó el trabajo en diciembre. ¿Todavía no se ha trasladado el trabajo hecho en esta materia?
La sociedad catalana tiene una serie consensos básicos, como por ejemplo que no queremos que nadie pierda jefe más ojo en una actuación de orden público. Se retiraron las balas de goma y se cambiaron por las de foam, que dejan heridos de la misma gravedad o más. El orden público era un agujero negro de Interior, sin ningún control, con encapsulamientos, carruseles y foam. Se pedía un control más claro del orden público, a pesar de que los Mossos que son tan eficientes en algunas investigaciones, no eran capaces de saber qué agentes habían disparado.
¿Y qué ha faltado?
Ha faltado una falta de voluntad mayoritaria del Parlamento de salirlo adelante. No hay una voluntad de enfrentarse a los grandes poderes que hay dentro de los cuerpos policiales, que son los sindicatos y determinados estamentos que actúan
¿Uno de los otros grandes consensos era que el orden público no tenía que actuar en un desahucio?
Primero, la Generalitat no ha llegado al límite que la ley le permite en vivienda. Hay muchos desahucios que se llevan a cabo sin orden judicial, como el caso de una familia que ha ocupado una vivienda de un fondo buitre. Un segundo elemento, sería dejar de sancionar las personas que intentan impedir un desahucio y se da una situación, como por ejemplo que el juez para un desahucio, pero, en cambio, la policía sanciona los activistas que se han opuesto. Los Mossos d’Esquadra no tienen que auxiliar Endesa para cortar la luz a una familia, y más sin orden judicial, atienen la petición de la empresa y el riesgo de la persona que cortó la luz. Son acciones de ponerse junto a los poderosos e ir contra los más débiles. La función de la policía judicial de los Mossos d’Esquadra tiene que tener un sentido. Si hacen el trabajo mejor que el Estado persiguiendo la población y negándole derechos, de que sirven? ¿Qué podría suponer negarse? ¿Que el juez envíe la Policía Nacional o la Guardia Civil a desahuciar? Pues que lo haga. Entonces explicaremos que quien no está el lado de la gente son los cuerpos policiales del Estado y esto servirá para generar conflicto con el Estado y explicar por qué queríamos la independencia. La vivienda era una vía para sobrepasar el Estado. Pero el Gobierno, ni quería, ni podía, ni se lo esperaba.
¿Ven algún cambio en el decreto de reestructuración de Mossos?
Se mantienen intactas las funciones de la Comisaría General de Información, que es el segundo agujero negro de Interior. Es una cláusula abierta, no corrige nada y los amplía la carta blanca, los relegitima. Esto los espolea a seguir sus tareas de persecución de la disidencia y de la organización política. Es grave y relevante. Si no controlas qué hacen y quien investigan, no sabes qué harán después o que en fan de estos datos. Nosotros pedíamos elementos de control de la información que recogían los Mossos. Sospechamos que tienen un programa del tipo Pegasus y tememos que vigilan a través del sistema Voyager para peinar las redes. Es un monstruo de recopilar información y hacer informes con vinculaciones que no conocemos con otros organismos del Estado, como lo CNP o la Guardia Civil, o bien con enlaces directos a la Audiencia Nacional. Tienen mecanismos de espionaje brutales, casi infinitos, tanto de patinaje de la información pública como de mecanismos para espiar movimientos sociales y que no tienen ningún tipo de control político. Y la pregunta es si en el Gobierno lo saben, no lo quieren saber o no lo pueden saber. En todo caso, lo tienen que explicar. Todas las opciones son graves. Tenemos un cuarto poder autónomo que actúa con absoluto enfoque político contra el que considera que son las principales amenazas para la sociedad, que acostumbra a ser del ámbito independentista o antifascista. Hay que delimitar las funciones que tiene la policía y tienen que ser vinculadas a grandes amenazas de la sociedad que provocan víctimas.
¿Y en el orden público?
El problema sigue. Existe una lacra en orden público y existen unas malas praxis estructurales toleradas por el departamento y tratadas con absoluta impunidad y cobertura política y mediática. Si no asumes que tienes un problema allá, no se podrá resolver. Ahora estamos en un momento de menos movilizaciones generalizadas, pero estas movilizaciones volverán y veremos que estamos igual. Y cuando hay acciones ejemplares en el orden público es porque la ciudadanía se organiza y persiste ante los tribunales o bien hay imágenes. Hay que tener presente un dato, menos de un 10% de las horas dedicadas al orden público no son de orden público. Por lo tanto, ¿por qué hay que tener tanto orden público?
Y que proponen?
Disolver la Brigada Móvil (Brimo) y las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO), que generan más problemas que soluciones. Las problemáticas de aspecto social se tienen que abordar desde otra perspectiva. Hay un pequeño porcentaje de casos en que quizás hay que tener algunas funciones especializadas de orden público, pero no cuerpos de estos tipos. Solo para incidentes muy concretos que se puedan producir, y no hay que tener este despliegue que genera miedo e inseguridad a la sociedad.
¿Y ahora qué le toca hacer a la CUP?
Tenemos dos patas. Una en el Parlamento y otra, como organización. Ahora es un momento en que se habla mucho de seguridad y más con unas elecciones municipales. Tenemos una responsabilidad y un trabajo que es plantear la seguridad desde otras termas, porque vemos que ERC y Gabriel Rufián hacen propuestas que las podría hacer perfectamente el PP o Vox, y del PSC ya ni hablamos. Una tónica de mano dura y que al final alimenta el discurso del miedo e inseguridad y evita hablar de seguridad. Quién se siente más inseguro es la gente joven y la gente mayor, y coincide con los sectores que tienen más precariedades. Es mentida que poner más cámaras y 40 policías más dé más seguridad. Y desde el punto de vista parlamentario, tenemos que pasar a la ofensiva y más allá de fiscalizar todos los casos que encontramos, tenemos que situar sobre la mesa líneas rojas. Tenemos que rascar e iremos afinando y sobre todo coordinando el trabajo con las acciones sociales. No sé si lo pararemos, pero como mínimo pondremos freno.
