Nuevo episodio en la larga guerra institucional en Cataluña. En esta ocasión, entre el poder legislativo de la Generalitat de Cataluña y el poder judicial español por la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para declarar la independencia registrada por Solidaridad Catalana por la Independencia. La Mesa del Parlamento ha recibido una carta de la sala de gobierno de el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con que informa que los tres magistrados del TSJC, que integran la comisión de control de las ILP del Parlamento, han presentado su renuncia.
La misiva ha llegado a la reunión de la Mesa de esta mañana en la cámara catalana, justo tres semanas después de que se admitiera a trámite, sin muchos aspavientos ni grandes debates la ILP. De hecho, la iniciativa fue tramitada todo y un informe desfavorable de los letrados de la cámara. En este sentido, hay que recordar que el texto pasó el primer filtro gracias a los tres favorables de Juntos, el de la CUP y las abstenciones del PSC y ERC.

Sin magistrados
La ley que regula las iniciativas legislativas populares (ILP) deja bien claro la necesidad de la comisión y sus integrantes. Así, prevé que la comisión esté conformada por tres magistrados del TSJC, tres catedráticos de derecho constitucional o ciencia política de prestigio reconocido, designados por la Mesa del Parlamento, y tres juristas más a propuesta conjunta de los grupos parlamentarios. Los togados que han renunciado a su lugar son José Sospedra, magistrado de la sala del Contencioso–administrativo, que también es el presidente de la comisión, y Xavier Bonet -magistrado también de la sala contenciosa- y Amparo Illán, miembro de la sala de lo social. Los tres se ahorrarán así cualquier trámite o rol en la negociación de la ley independentista. Con estas tres vacantes, la Mesa ha reclamado en la sala de gobierno del TSJC que nombre tres nuevos magistrados.