Junts per Catalunya ha anunciado este martes que registrará una solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) sobre la ley para regular el alquiler de temporada y habitaciones. La portavoz de Junts en el Parlamento, Mònica Sales, ha manifestado la posición de la formación juntaire y ha cargado contra el PSC, ERC, los Comuns y la CUP a quienes ha acusado de «menospreciar el mundo local y el Parlamento» y de crear «inseguridad jurídica». En declaraciones recogidas por la ACN, Sales ha asegurado que «no se ha tenido en cuenta el mundo local a través de las entidades municipalistas» y que las izquierdas valedoras de esta ley solo han permitido a estas entidades hacer aportaciones por escrito. Junts, que contará con el apoyo del PPC -que ya hizo la misma petición- ha hecho que la norma haya saltado del orden del día que se debía votar en el pleno de esta semana y la ley no volverá al Parlamento hasta que el CGE emita su veredicto.
El partido del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha asegurado que no está en contra de abordar la crisis de la vivienda ni esta cuestión, pero pide hacerlo a través de otros procedimientos. Sales ha asegurado que desde Junts «no cuestionan la necesidad de regular los alquileres de temporada ni de evitar los abusos», pero sí «la forma como el Gobierno y sus socios de ERC y Comuns, con la colaboración de la CUP, lo han hecho». De hecho, desde Junts han asegurado que el bloque de izquierdas del Parlamento legisla «de prisa, mal y por la puerta trasera».
En rueda de prensa este martes, la portavoz de Junts en el Parlamento ha justificado que «no cuestionan la necesidad de regular los alquileres de temporada ni de evitar los abusos», pero sí «la forma como el Gobierno y sus socios de ERC y Comuns, con la colaboración de la CUP, lo han hecho». Ha añadido que legislan «de prisa, mal y por la puerta trasera».
La portavoz juntaire ha elevado el tono y ha focalizado la responsabilidad en el presidente de la Generalitat. Sales ha cargado contra el Gobierno de Salvador Illa acusándolo de «gobernar para satisfacer a sus socios, especialmente los Comuns» y ha aprovechado para destacar que desde la formación independentista el ‘modus operandi’ es bien diferente, asegurando que Junts apuesta por «legislar con rigor, con participación, respeto de la autonomía local».
El Gobierno está convencido de que la ley está bien hecha
Desde la plaza Sant Jaume, sin embargo, la visión de la ley es muy diferente. La portavoz del Gobierno y consejera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, ha respondido a Junts y ha asegurado que el Gobierno está “convencido” de la legalidad de la regulación del alquiler de temporada. «Se está haciendo bien y se adecua al marco normativo vigente» ha sentenciado Paneque.
La consejera ha querido sacar pecho de la gestión del Gobierno y ha destacado que el ejecutivo catalán interpreta la crisis de la vivienda con una mirada más amplia. “Desde el Gobierno interpretamos que, más allá de las políticas a medio y largo plazo, es imprescindible intervenir el mercado para que las familias no tengan que destinar más de un 30% de los ingresos a vivienda. Escucharemos todas las propuestas en este sentido, pero no es aceptable destinar el 40%, el 50% o el 60% de los ingresos a un alquiler”, ha destacado Paneque.
