Han pasado más de siete años y una lucha incansable por parte de las víctimas. Especialmente, por parte del equipo jurídico formado por los abogados Jaume Alonso-Cuevillas y Agustí Carles -defensores de los padres del pequeño Xavier, que fue asesinado en la Rambla, que han insistido a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo que s‘aclare oficialmente la relación entre Abdelbaki se Satti, la imam de Ripoll y seso de los atentados de el 17-A, y los servicios de inteligencia españoles y las comisarías generales de información de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero, finalmente, ha sido un acuerdo político el que, en principio, lo permitirá.
Los portavoces de Juntos y del PSOE, con el permiso del Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez, ha acordado un cambio sustancial en el plan de trabajo de la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados que martes, 24 de septiembre, retomó los trabajos con los portavoces.
En concreto, los socialistas y los juntaires, con el apoyo del resto de grupos que apoyaron a la creación de la comisión han pactado desclasificar los documentos sobre los atentados así como los informes que sobre el Imam tenían los agentes del Centro Nacional de Inteligencia y del servicio de Información de la Guardia Civil con quien, incluso, mantuvieron reuniones con él.
Pendientes del plan de trabajo
Este cambio de posicionamiento de los socialistas, en plena negociación por el techo de gasto de los presupuestos y ante las votaciones que el gobierno de Pedro Sánchez ha perdido a raíz de la divergencia con los juntaires, es clave por uno de los objetivos de la comisión y de la defensa de los padres del pequeño Xavi. Además, esta desclasificación que tiene que pasar por el Consejo de Ministros también puede ser importante por la posibilidad que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) admita a trámite la demanda presentada por la misma defensa alegando vulneración del derecho a saber la verdad. De hecho, una de las cuestiones de las cuales han hecho bandera es, precisamente, la actitud del gobierno, del poder judicial y del ministerio fiscal de impedir la desclasificación de los documentos sobre los atentados y en concreto sobre el imam de Ripoll, a quien incluso se le tramitó uno permiso de asilo todo y haber sido condenado por tráfico de drogas.
