Informe recién salido del horno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña relativo al sistema de contraprestación de los servicios de atención hospitalaria y especializada de Salud del ejercicio 2022 —con Josep Maria Argimon y Manuel Balcells como consejeros— en cumplimiento de su Programa anual de actividades. El informe, del cual ha sido ponente la síndica Maria Àngels Cabasés, se aprobó el pasado 8 de abril. Una auditoría especialmente dura con la gestión, la administración, la legalidad y la adjudicación de los contratos y los convenios con los proveedores. Incluso, los auditores públicos llegan a calificar comportamientos de “incumplimientos graves de la legalidad”. Todo ello basado en cinco “focos” de evaluación: pertinencia, eficacia, utilidad, economía y coherencia interna.
Los servicios de atención hospitalaria y especializada de agudos son servicios asistenciales financiados por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) y que este compra a las entidades proveedoras que gestionan los hospitales integrados en el sistema de redes asistenciales de utilización pública de Cataluña (SISCAT). La Sindicatura resalta que en el año 2022 estos servicios representaron el 54,20% del gasto de la asistencia sanitaria (sin incluir el gasto por la Covid-19), una cifra que supuso un gasto por habitante de 670,51 euros. Con estos recursos, los hospitales de la red pública realizaron 854.452 altas, 770.329 pruebas diagnósticas, 1.346 trasplantes y 1.179 sesiones de hospitales de día por cuenta del CatSalut.
“Falta de coherencia entre objetivos y resultados”
La Sindicatura remarca, en este informe 05/25, la “falta de coherencia entre los objetivos que persigue el sistema de contraprestación de la atención hospitalaria y especializada de agudos y las directrices y los objetivos definidos en el Plan de salud”. “El CatSalut no ha justificado que algunos servicios, dispositivos y programas específicos de reconocida necesidad deriven de un plan de salud o de otros criterios de política sanitaria, ni el motivo por el cual estas acciones sanitarias se asignaron a determinadas entidades ni los criterios utilizados para fijar su cuantía”, recriminan los auditores.
También critica con firmeza la “discrecionalidad” de la asignación de la contraprestación fija por las consultas externas y los servicios, dispositivos y programas específicos de reconocida necesidad. Una discrecionalidad que consideran que “no garantiza el respeto de los principios preceptivos de igualdad, transparencia y de interés general”.
Economía: sin criterios objetivos
Tampoco se anda con medias tintas la Sindicatura a la hora de evaluar la manera en que se establecen los convenios entre el CatSalut y las entidades proveedoras concertadas. Según el informe, la agrupación de varios centros hospitalarios en un solo convenio, “no responde a criterios objetivos o uniformes, ni tampoco al principio de economía en la adquisición de los servicios para la ciudadanía”. De hecho, concluye que con el “sistema de contraprestación vigente estos servicios podrían adquirirse a un precio más bajo”.
En la evaluación de los convenios la Sindicatura también “constata problemas graves de incumplimiento de la legalidad”. En este sentido, recuerda que la prestación de servicios por parte del Instituto Catalán de la Salud por cuenta del CatSalut no se hace al amparo del correspondiente contrato programa, instrumento previsto en la legislación a este efecto. Por otro lado, enfatiza que la “firma de las cláusulas adicionales a los convenios suscritos entre el CatSalut y las entidades del sector concertado se hace de manera extemporánea, lo que las convierte en actos nulos de pleno derecho”.
Eficacia, a medias y dudas en los costos
Del análisis de las medidas para fomentar la actividad quirúrgica y para penalizar los reingresos hospitalarios, la Sindicatura admite que ha podido comprobar que el incentivo para fomentar la actividad quirúrgica ha sido eficaz, “mientras que, en el caso de los reingresos hospitalarios, la penalización establecida no ha resultado efectiva”. “Se ha constatado que la introducción del incentivo para fomentar la hospitalización domiciliaria que evita el internamiento en un centro hospitalario ha ido acompañada de incrementos notables en este tipo de actividad”, han añadido. Por el contrario, aduce la Sindicatura, para determinados tipos de cirugía, el incentivo financiero para fomentar su sustitución ha alcanzado los máximos objetivos posibles y, por tanto, ya no resulta eficaz.
Asimismo, la auditoría indica que el incentivo financiero para fomentar la sustitución de la cirugía convencional por cirugía sin estancia en el hospital ha ido acompañado de una mayor implantación de la cirugía ambulatoria. “La aplicación del sistema de contraprestación se manifiesta ineficaz a la hora de compensar adecuadamente algunos elementos propios de los centros proveedores, como la estructura, casuística atendida o la atención urgente”. Además, no se ha acreditado en todos los casos que los precios aplicados por el CatSalut cubran las estructuras de “costos inherentes a los servicios prestados por los proveedores”. «La aplicación del sistema de pago de los servicios de atención hospitalaria y especializada de agudos no ha sido eficaz a la hora de dotar a las entidades proveedoras de financiación adecuada en tiempo y cuantía”, advierten los síndicos.
Sistema “ineficiente” con “distorsiones” y mejoras molestas
En cuanto a la eficiencia, el informe avisa que “la virtual imposibilidad de mejorar las tasas de sustitución de la cirugía convencional por cirugía sin ingreso a través del incentivo financiero aplicado por el CatSalut conlleva un uso ineficiente de los recursos públicos destinados a la atención hospitalaria». Siguiendo este hilo, el sistema de contraprestación de las urgencias hospitalarias presenta “distorsiones que podrían dar lugar a incentivos no intencionados contrarios a algunas de las orientaciones de política sanitaria vigentes en Cataluña en materia de atención urgente”. Un dato que, para la Sindicatura, “evidenciaría problemas de coherencia externa del sistema de pago”.
Con las “subvenciones finalistas”, los auditores públicos subrayan la “falta de confluencia del sistema de pago vigente con otras políticas de financiación del CatSalut”. Este sistema, a juicio de la Sindicatura, “podría incurrir en un riesgo de sobrefinanciación de los activos que adquieren las entidades concertadas que prestan los servicios”. Sobre la utilidad para la ciudadanía, los síndicos admiten “mejoras modestas en cuanto a la calidad, la accesibilidad y la eficiencia en la prestación de los servicios, derivadas del sistema de contraprestación vigente”.
Según la Sindicatura, los datos auditados “no permiten garantizar un marco de actuación que responda de manera efectiva a los principios de eficacia, eficiencia y economía”. También resaltan haber “observado aspectos que debilitan los criterios de pertinencia, de utilidad y de coherencia interna y externa en la intervención pública analizada”. En este contexto, critica con contundencia la falta de formalización del contrato programa entre el CatSalut y el ICS. Por ello, recomienda a “la Administración de la Generalitat que los proyectos normativos se sometan a una evaluación de impacto normativo ex post”. Asimismo, también defienden la conveniencia de que el CatSalut suscriba las cláusulas anuales con los centros proveedores antes de iniciar la actividad como regla general.
