Esquerra Republicana y Junts per Catalunya han llegado a un acuerdo que apunta que ninguno de los dos partidos investirá a un presidente español que no se comprometa a «trabajar para hacer efectivas las condiciones» para la celebración de un referéndum. «La resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español pasa por la vía política y democrática, y se arrecia en la defensa del ejercicio del derecho a la Autodeterminación, es decir, que Cataluña pueda decidir su futuro colectivo a través de un referéndum», recuerdan las dos formaciones en la propuesta de resolución que se tendrá que aprobar este viernes. «El Parlamento se pronuncia a favor que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no apoyen una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum«, dictamina el texto.
La propuesta de resolución dice que el mandato del 1 de octubre solo podrá ser sustituido por un nuevo referéndum acordado con el Estado y que, por lo tanto, solo se plantearán investir a Pedro Sánchez como presidente si se compromete a avanzar en este sentido.
ERC, Junts y la CUP llegan a un acuerdo por la amnistía
A banda, ERC, Junts y la CUP han llegado a un acuerdo para impulsar la ley de amnistía para «dejar sin efecto aquello que se había tipificado como infracción penal o administrativa, en relación a la defensa del ejercicio del derecho a Autodeterminación de Cataluña». En este sentido, las formaciones independentistas «instan al Gobierno de la Generalitat y a las instituciones catalanas a sumarse al esfuerzo colectivo por la aprobación de esta ley y a hacer un seguimiento proactivo de su aplicación». Todo esto tendrá que partir, según han acordado, del acuerdo recogido en la proposición de ley orgánica de amnistía y de resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado Español que fue inadmitida a trámite por la Mesa del Congreso en 2020.
«En la tramitación de esta ley de amnistía se realizarán las acciones necesarias porque se incluyan todas las personas represaliadas por motivos políticos en esta causa y en defensa de derechos y libertades en el contexto de conflicto social y político con el estado español», concluye la propuesta que se tendrá que aprobar este viernes.